Cooperativismo: Cuando las soluciones colectivas a los problemas significan mayores réditos sociales

Las cooperativas agrícolas han cumplido un rol muy importante en la modernización del sector rural costarricense.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

El cooperativismo ha sido históricamente una forma de organización solidaria que ha promovido polos de desarrollo en varias zonas de Costa Rica.

En noviembre del 2020, en plena pandemia por el COVID 19, la cosecha de café de la Zona de Los Santos peligraba. No había mano de obra para recogerla y las restricciones sanitarias impedían el ingreso al país de los recolectores de Nicaragua y de Panamá. 

La gestión oportuna de Coopetarrazú, en una acción coordinada con las instituciones públicas, permitió que rápidamente se organizara la logística para recoger a los cientos de trabajadores que salvarían el grano de oro. Se les trasladó en buses desde la frontera con el vecino país del norte hasta Los Santos, en el sureste de San José. 

Allí eran atendidos en un vacunatorio instalado en el estadio municipal. De esta manera, se logró controlar el contagio del virus y así se salvó la cosecha cafetalera, de la cual depende la economía de esa región. 

Varios estudiosos del cooperativismo indican que la Zona de Los Santos debe su desarrollo actual al impulso del cooperativismo. Este sistema de organización sentó las bases de la modernización agrícola del lugar. 

El cooperativismo se inicia en Costa Rica alrededor de 1903, cuando los inmigrantes españoles e italianos lo incorporaron en su modelo de organización y se forman las primeras cooperativas de zapateros. Luego, ese sistema se empieza a irradiar en toda la sociedad.  

No fue sino hasta en 1949 cuando este movimiento adquirió rango constitucional. Su promoción por parte del Estado se volvió crucial para mejorar las condiciones de vida de la población costarricense. 

En la historia del cooperativismo nacional ha habido hitos en los que este siempre ha tenido “respuestas a diferentes crisis y retos”, resalta el profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), M. Sc. Víctor Garro Martínez.  

“Es un movimiento muy heterogéneo que está en diferentes actividades, en las cuales se ha apropiado de una muy buena parte de la cadena de valor”, afirma el economista. El cooperativismo representa el 21 % de la población nacional. 

Con más de 300 millones de miembros en todo el mundo, el cooperativismo es una forma asociativa que busca generar riqueza para distribuirla. De esta manera contribuye a reducir la pobreza y a eliminar la explotación de los intermediarios en diversas actividades económicas. 

La ayuda mutua, la equidad y la preocupación por los demás son principios básicos del cooperativismo. Históricamente, este ha sido el motor de desarrollo de varias regiones del país.   

En particular, las cooperativas agrícolas fueron las responsables desde los años sesenta de la modernización del sector rural. Junto al aparato estatal y de la mano de cooperativas de electrificación rural llevaron al empobrecido campo el desarrollo energético, la tecnificación del café y la diversificación productiva. 

Los especialistas destacan que las regiones del país donde las cooperativas son muy importantes presentan mayores ingresos y el Índice de Desarrollo Humano es más alto. “Esto no es por casualidad”, enfatiza Garro. 

Reactivación económica 

En épocas de contracciones económicas, cuando los ingresos caen y aumenta el desempleo, el cooperativismo cumple un papel fundamental para ayudar a la reactivación económica. 

Para la psicóloga y profesora de la Escuela de Comunicación de la UCR, Dra. Lisbeth Araya Jiménez, en una crisis como la pandemia por el Covid-19, un modelo como el cooperativismo “sostiene, amarra, articula y amortigua” los efectos económicos y sociales. 

Una cooperativa que cumpla su función debe funcionar tiene que salir a cuidar y apoyar a sus asociados, sus familias y a la comunidad en general, pues son organizaciones colectivistas que actúan ante todo en los ámbitos local y regional. 

Sergio Salazar Arguedas, en su tesis de doctorado sobre este movimiento, presentada en el 2020, apunta que durante la crisis económica de los años ochenta, el cooperativismo contuvo los impactos sociales de las reformas implementadas para la reactivación económica y el rediseño del Estado. 

Igualmente, durante la pandemia las cooperativas más fuertes lograron mantener su actividad económica, así como el vínculo que tienen con el mercado externo, agrega Garro.  

A pesar de que una gran parte de la actividad productiva nacional se detuvo, estas organizaciones hicieron posible que las exportaciones no se cayeran y fueron capaces de seguir generando recursos en beneficio de las familias y las comunidades. Así también, pudieron canalizar recursos de las reservas sociales que poseen hacia los hogares más afectados. 

Otras cooperativas buscaron la solidaridad entre ellas para ayudar a las más pequeñas. De hecho, no se reportó la desaparición de ninguna durante ese período de emergencia.  

“Las organizaciones cooperativas son empresas muy resilientes a los cambios bruscos en la economía, como fue el caso de la pandemia. Si bien algunas sufrieron consecuencias importantes en sus condiciones financieras, en su mayoría se enfocaron en garantizar los servicios a sus asociados”, asegura Alejandro Ortega Calderón, director ejecutivo del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop). 

Las cooperativas de ahorro y crédito buscaron diseñar productos para evitar ejecuciones, las autogestionarias trataron de mantener los puestos de trabajo, las productivas seguir garantizando la compra de productos de sus asociados y las de Salud tuvieron un rol muy importante en apoyar a las comunidades durante la pandemia, ahonda. 

Desde el punto de vista económico, las cooperativas no solo desarrollan su actividad principal, sino que también exploran diferentes tipos de productos derivados de esa función y así se empiezan a expandir. 

“Allí es donde todas las organizaciones de la economía social generan una vinculación personal y económica para fortalecer el tejido social productivo”, destaca el académico. 

Futuro del cooperativismo  

La edad promedio de las personas cooperativistas ronda los 45 años. Este dato enciende las alarmas y muestra la necesidad de hacer algo para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de este movimiento. 

Sin embargo, Araya explica que ser cooperativista en la época actual es “contracultural”, debido al imperativo cultural de anteponer las soluciones individuales a las colectivas y ante la creciente desigualdad social. 

Según un estudio de esta estudiosa del cooperativismo, desde hace algunas décadas ha venido disminuyendo la participación de las personas asociadas en los espacios de toma de decisión de las cooperativas. 

En el 2016, solo una quinta parte de los asociados participaba activamente en las cooperativas agrícolas de las zonas de Los Santos y de Occidente. 

Otro hallazgo es que existe una relación entre confianza y participación, lo cual significa que, a mayor confianza de las personas asociadas en la gerencia, el consejo de administración y en los otros asociados, hay mayor participación. 

“Ya lo decían los informes de los congresos cooperativos de décadas anteriores, que había que fomentar la participación, educar a las nuevas generaciones, fortalecer el relevo generacional y formar liderazgos jóvenes”, sostiene la investigadora. 

Garro refuerza esta idea y señala como reto del cooperativismo y de las instituciones públicas concientizar a la niñez y a la juventud a participarar en proyectos cooperativos, con el fin de  liderar estas organizaciones y evitar que mueran.  

Solidarismo: Un movimiento que busca mayor articulación con las políticas sociales del Estado 

El 24 de abril del 2023, la Universidad de Costa Rica y el Movimiento Solidarista Costarricense firmaron un convenio de cooperación con el propósito de desarrollar proyectos conjuntos de investigación, programas de formación, así como la prestación de servicios profesionales de asesoría. 

El solidarismo, una de las organizaciones de la economía social, considera que podría coadyuvar a reducir las brechas de pobreza y el agravamiento de la concentración de la riqueza y la desigualdad del país.    

Cada año, muchos hogares del país reciben un aguinaldo extra, producto del esfuerzo de algún miembro de la familia perteneciente a una asociación solidarista.  

Estos excedentes son distribuidos en medio de mucha alegría pues significan en la mayoría de los casos un alivio para las congojas económicas o una fuente de ingresos para algún proyecto, pago o compra especial. 

Con 73 años de existencia, el solidarismo ha logrado consolidarse en el mapa de la economía social del país como una vía para generar mejores condiciones de vida a sus 360 000 afiliados. Esto se logra con el ahorro de los trabajadores y el aporte patronal de la cesantía. 

El movimiento solidarista surge en 1949 para promover la armonía entre la clase trabajadora y los patronos y, de esta forma, contrarrestar el crecimiento del sindicalismo en ese momento.  

En el 2011, el solidarismo llega a incorporarse a la Constitución Política y es reconocido por el Estado como un “instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores”. 

En la actualidad, las asociaciones solidaristas constituyen una fuerza social presente tanto en empresas del sector privado, como en instituciones del sector público.   

Su vigencia y permanencia a lo largo del tiempo lo faculta a demandar mayor articulación con las políticas sociales del Estado, a fin de coadyuvar con los programas productivos dirigidos a los trabajadores y en diversos campos del desarrollo humano.  

A criterio de la dirigencia solidaristta. estas agrupaciones tendrían que estar en los planes sociales de educación, de emprendimiento, de fortalecimiento de la gestión organizacional y tener acceso a la banca de desarrollo y a otros fondos especiales. 

El Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), explica que la tendencia de los últimos años ha sido más bien a querer regular a las asociaciones solidaristas, como si se tratara de entidades del sistema financiero. 

En la actualidad, existen asociaciones solidaristas en un amplio espectro de actividades económicas, desde la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera, hasta la enseñanza, el turismo y la agricultura. 

La cartera de proyectos de estas organizaciones es muy amplia, siendo el crédito el más importante. Hay préstamos para vivienda y para compra de vehículo; ferias de la salud, de educación y de emprendimiento; becas de estudio para los afiliados y sus hijos; y actividades de apoyo para familias con dificultades o en situaciones de emergencia, entre otros beneficios. 

“La contribución al desarrollo humano y a la política social costarricense está muy bien reflejada en las carteras de crédito de las asociaciones solidaristas y en la inversión con enfoque social”, reafirma Monge.  

Además, estas organizaciones distribuyen anualmente los excedentes que generan como resultado de sus actividades económicas e inversiones. Esto tiene un impacto en la economía familiar y nacional, porque dichos excedentes se comportan como un décimo cuarto salario.  

De hecho, en el 2022, las asociaciones solidaristas distribuyeron un total de US$265 millones por este concepto. 

Para Castellón, ese dinero se convierte en consumo y ese consumo genera reactivación económica.  

“El principal aporte del solidarismo a nuestra sociedad es en la cultura del ahorro y cómo entre todas las personas podemos ayudarnos y mejorar las condiciones de vida. Si yo ahorro tengo con qué resolver situaciones apremiantes futuras”, opina. 

Doble pandemia  

Uno de los estudios recientes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR acerca del impacto del movimiento solidarista, en el que participó Castellón, revela que este tuvo un papel muy importante durante la pandemia.  

Las asociaciones solidaristas adoptaron una serie de medidas que contribuyeron a la reactivación económica y a la mitigación de la crisis económica de ese momento.  

En primer lugar, ayudaron a que las familias de sus asociados se sintieran desahogadas ante sus obligaciones económicas. Las acciones consistieron en facilidades crediticias, readecuación de deudas y eximir a los trabajadores de tener que ahorrar durante el período que imperó el desempleo y la falta de ingresos.  

En segundo lugar, hubo algunas organizaciones que corrieron a financiar el capital de trabajo a las empresas o a apoyarlas con algún otro tipo de necesidad apremiante. 

Posiblemente, si no hubieran existido organizaciones solidaristas, el efecto económico para los hogares hubiera sido más fuerte y una determinada cantidad de empresas no hubiera podido salir adelante, hipotetiza el investigador de la UCR. 

Monge lamenta que el movimiento solidarista haya tenido que sufrir lo que él llama una “doble pandemia”.  

Por un lado, hubo una reducción de los excedentes económicos, de los beneficios sociales, de los ingresos, de los ahorros, el cierre de empresas y la contracción del sector.  

Por el otro, el solidarismo ha sufrido las consecuencias de los ajustes de la política monetaria y tributaria de los últimos gobiernos. Según el dirigente solidarista, se les trata como si fueran “bancos”, pero no lo son. 

De acuerdo con los especialistas, la diferencia de una asociación solidarista como una entidad del sistema financiero, como las cooperativas de ahorro y crédito, es que las primeras son organizaciones cerradas, sin fines de lucro y no realizan intermediación financiera. 

Aclara que no rechazan la supervisión, pero esta debe darse de forma diferenciada y de acuerdo con la naturaleza social de las asociaciones solidaristas, las cuales se rigen por medio de un mecanismo contractual obrero patronal. 

La carga impositiva al solidarismo va desde un 25 % hasta un 35 % más, dependiendo del caso. “Al trabajador solidarista se le está gravando hasta seis veces sobre la misma fuente de ahorros y el aporte patronal”, sostiene Monge.  

La generación de datos 

Desde hace más de una década, la UCR ha generado información sobre los aportes del movimiento solidarista al fortalecimiento de la democracia costarricense, a través de la producción de riqueza y la satisfacción de necesidades de los trabajadores y sus familias. 

En este momento se están desarrollando dos investigaciones en el Instituto de Investigaciones Económica (IICE). La primera trata sobre el efecto del solidarismo en el mercado laboral (evaluación de impacto social y económico) y sus resultados serán presentados el 3 de noviembre, Día Nacional del Solidarismo.  

El segundo análisis consiste en una actualización de un estudio efectuado en el 2010, titulado “Importancia social y económica de la membresía del Movimiento Solidarista en la Costa Rica del siglo XXI”. 

También hay varios trabajos finales de graduación de estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Economía, sobre diversos aspectos de la gestión y administración de las asociaciones solidaristas.  

Este conocimiento es esencial para la toma de decisiones. Es útil también para conocer la dinámica interna de un movimiento que constituye una vía de bienestar social y económico en nuestro país.