La educación fortalece las oportunidades socioeconómicas de las familias y genera mayores oportunidades de movilidad social ascendente para las diferentes generaciones. La perspectiva de los hogares cambia, sobre todo para las mujeres en quienes los efectos de la educación son mucho más fuertes que en los hombres. La participación en el escenario social y económico de las mujeres con educación es mayor que la de aquellas que no han tenido la oportunidad de estudiar.
La educación es la que favorece la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, valores, actitudes, comportamientos y formas de ver el mundo. Además, estimula el desarrollo integral de la persona y, por supuesto, su transformación individual y social.
"La educación, en sus diferentes niveles y modalidades, sigue siendo central para que las personas tengamos mejores oportunidades".
El desarrollo del país, en su conjunto, es consecuencia de los recursos que invierte en la formación de sus ciudadanos. Esa simbiosis demuestra el papel de la educación en la movilidad social, una que posibilita el acceso de las personas a más y mejores oportunidades laborales, económicas, sociales y de participación ciudadana.
La falta de acceso a una educación de calidad se convierte en un factor de exclusión. Es decir, su carencia, su deterioro limita, cada día más, la movilidad social ascendente en nuestra población. El debilitamiento de la calidad educativa es causa de las brechas sociales y la desigualdad sentida en la piel de cada costarricense.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en Costa Rica el 25,1 % de la población con edades de 15 a 19 años no está empleada, no asiste a la educación, ni recibe ninguna formación, porcentaje muy superior al promedio de 8,3 % de los países miembros de esta organización (OCDE, 2023).
Una definición de movilidad social dada por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile señala que es “la variación de la posición de una persona o familia, en una estructura social jerárquica, la cual puede ser tanto ascendente, si es que este cambio implica una mejora en las condiciones de vida, como descendente, si producto del cambio la persona se sitúa en una posición social de menor jerarquía”.
Las políticas públicas deben promover una movilidad social que crezca cada vez más, y en ese compromiso la educación es su herramienta insignia. Sin embargo, la idea de que invertir en la educación de nuestro capital humano como la vía para ascender en la escala social se está deteriorando.
Según la Dra. Jaqueline García Fallas, investigadora del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica, el concepto de movilidad social debe de reflexionarse de forma crítica y lejos de un sentido economicista. “El acceso a la educación de calidad en todos los niveles sigue siendo central para el obtener un salario creciente pero es también y sobretodo lo que nos permite ser seres humanos integrales capaces del goce, el disfrute, la creatividad y la capacidad de producir”, mencionó García.
La Dra. Silvia Camacho Calvo, también investigadora del INIE, agrega que la movilidad social se debe entender como la dignificación de la vida en todos los aspectos: un trabajo digno, un buen vivir, tener un espacio dentro de la estructura social y tener un papel como ciudadanos, es decir una inclusión integral; que nos permita reconocernos como ciudadano y ciudadana”. Camacho sostiene que Costa Rica pareciera haber olvidado que la educación es fundamental en esa movilidad social, y cuestiona entonces: “¿qué tipo de educación tenemos?”.
Aportar al país personas profesionales en diferentes áreas del conocimiento es un insumo importante para la constante búsqueda del desarrollo socioeconómico de la población. Pero, para llegar aquí, la educación en la primera infancia, la educación diversificada, la EFTP y la educación superior pública deben ser procesos educativos cada vez más fortalecidos. El Programa Estado de la Educación señala en el noveno informe que se nota un estancamiento y retrocesos en áreas clave: “el ofrecimiento del currículo completo en las escuelas, la expansión de la educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de idoneidad para contratar docentes, lo cual profundiza las brechas educativas existentes y afecta las bases para superar la crisis actual”.
"La Movilidad Social es dignificaciòn de la vida en todos sus aspectos; un buen vivir"
A esa interrogante Camacho responde que “Costa Rica, durante décadas, se sintió orgullosa de su buen sistema educativo. Pero, lastimosamente (y no es producto de la pandemia recién vivida), las políticas sociales y económicas han venido desarmando al aparato educativo costarricense. Si bien hay un acceso, pero no asegura un proceso educativo de calidad, no solo en términos de los contenidos, sino, además, en tema de docentes, infraestructura, administración, que posibiliten implementar el currículo en procesos educativos de calidad”.
Diferentes estudios e investigaciones a nivel nacional e internacional demuestran que la educación sigue siendo un canal de movilidad social ascendente. Reduce el riesgo de caer en la escala social a posiciones inferiores a las de la familia de origen, la educación merma las posibilidades de descender en la escala social y reduce el riesgo de caer en el desempleo.
En el 2006, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó el informe La esquiva equidad en el desarrollo latinoamericano, en el cual refiere los factores que hacen de la equidad una tarea pendiente para nuestros países. Una de las causas fue el acceso y la calidad de la educación. Según el informe, “la educación es considerada como el principal mecanismo de reducción de las desigualdades a futuro y de superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza, dados los círculos virtuosos entre mayor educación, movilidad socio-ocupacional y mejores ingresos”.
Isabel Román, coordinadora general de investigación del Informe Estado de la Educación
El análisis es contundente al señalar que invertir en educación sigue siendo, desde la perspectiva del impacto social y productivo, una de las inversiones con más alta tasa de retorno. “La brecha en acceso a una educación de calidad, en logros educativos y en aprendizajes efectivos, puede ser considerada como la madre de todas las brechas. A través de ella se perpetúa la brecha en ingresos, en calidad del trabajo y en acceso al bienestar, tanto a lo largo de la propia vida como de una generación a la siguiente”, afirma el documento de la Cepal.
Sobre este tema, Isabel Román, coordinadora del Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación, señala que “una educación universalizada y de buena calidad es un mecanismo de movilidad social ascendente. Un sistema público de educación desempeña un papel fundamental a la hora de determinar si la educación cumple un papel progresivo o regresivo en el logro de una mayor equidad”.
Román agrega que el sistema de educación pública acoge a la mayoría de personas en edad de estudiar (en Costa Rica, la proporción es cercana al 90 %) “Un país que cuida su educación pública, puede llegar a la mayor parte de su población, especialmente a los sectores más vulnerables, y generar mayor libertad para que las personas desarrollen sus proyectos de vida”.
Relación entre la educación y la movilidad social
La Universidad de Costa Rica, desde diferentes unidades académicas y por medio de variadas iniciativas de acción social, lleva adelante propuestas para fortalecer el interés y la innovación en los procesos educativos por los cuales los estudiantes de nuestro país deben pasar. Por ejemplo, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, proyectos sobre ciencia y cultura en comunidades vulnerables, apoyo académico en zonas rurales, proyectos para la obtención del título de secundaria para madres jóvenes, programas de educación abierta, proyectos de educación no formal, entre otros tantos, apoyan el derecho de la ciudadanía al acceso a la educación.
El papel de la educación en la movilidad social de las personas es clave. Pero la falta o debilitamiento de apoyos para la educación trae consigo grandes desigualdades laborales y socioeconómicas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Por ello, busca “de aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible…”.
El Dr. Esteban Mora Martínez, excoordinador del Monitor OCDE para Costa Rica e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), de la Universidad de Costa Rica, señala que la educación posibilita el vínculo con la realidad social actual; fortalece habilidades en las personas para que puedan comprender críticamente no solo su rol en la sociedad, sino también la forma en que podemos compartir valores democráticos, sociales, económicos, etc.
Con esas palabras define el valor de un título el investigador Juan Rafael Robalino, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR. También, señala este investigador, es claro que la educación y la movilidad social van de la mano y con capacidad para influir en el cambio de perspectiva de los hogares.
Pero, antes de centrar la discusión en si el país requiere más educación académica, o más educación y formación técnica profesional (EFTP) o más carreras ligadas a la ciencia, la tecnología, las ingenierías o las matemáticas (conocidas como STEM por sus siglas en inglés) “el país debe reforzar la secundaria y asegurar que las personas terminen el colegio, ya que el mercado laboral valora muy bien tener el título”.
En términos del mercado laboral, la educación funciona de dos formas, agrega Robalino. Por un lado aumenta la productividad de los trabajadores y, por el otro, manda una importante señal sobre la capacidad de aprender que tiene la persona.
“Entonces, la primera dice: yo sé hacer esto ahora. Pero la segunda dice: yo puedo aprender a hacer muchas cosas, lo cual es muy importante en términos de lo que está demandando el mercado laboral”, afirmó el director del IICE.
Gracias a la obtención de un título, destaca Robalino, hay más probabilidad de participar en la fuerza laboral, mayores ingresos y menos probabilidad de desempleo para las personas. “En un contexto socioeconómico cambiante y con fuertes exigencias, obtener un título es una certificación, una fuerte señal para los futuros empleadores de que esa persona tiene la capacidad de aprender destrezas, procesos, desarrollar habilidades y capacidades, más allá de la especificidad de lo estudiado, lo cual, insisto, es bien valorado por el mercado laboral”.
La educación también tiene dos caras: la oferta y la demanda. El Estado provee educación; y en la acera de la demanda Robalino señala que esa educación requiere el apoyo de políticas públicas fuertes. Por ejemplo, el programa Avancemos o el programa de transportes; ya que muchas familias no logran acceder a la educación por situaciones muy particulares, en las cuales las políticas públicas deben tomar acciones y generar recursos que posibiliten la asistencia de los niños y jóvenes al sistema educativo.
“Esos incentivos y sus efectos en la educación secundaria los hemos investigado y comprobado como parte de nuestros aportes al país. Hemos visto que han tenido efectos positivos en cuanto a la asistencia del estudiantado y para minimizar la exclusión; también en la reducción del trabajo infantil. Han tenido efectos positivos muy grandes en hombres de zonas rurales, quienes tienen mayor presión para abandonar su educación e incorporarse a trabajar para aportar al hogar. Y también han tenido grandes impactos en las mujeres de zonas urbanas”, destacó Robalino.
Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) del 2020, 267 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años no trabajan ni estudian ni reciben formación (conocidos como ninis), y muchos más soportan condiciones laborales deficientes Para el 2030, la población mundial joven aumentará a más de mil 300 millones (ONU) y “… la escasez, excedentes y desajuste entre las habilidades adquiridas y las que demanda el mundo del trabajo son algunos de los desafíos más importantes que enfrenta la creciente población juvenil”.
Ante esa evolución de la demanda de habilidades para la vida laboral, Costa Rica incorporó en su oferta educativa la EFTP. Al respecto, Esteban Mora señala que la EFTP está orientada a generar capacidades para auto emprender o ser contratado en la vía laboral: “desde 1997 se empieza a hablar de traer al país inversión tecnológica importante, como INTEL, por ejemplo, por lo que empezamos a fortalecer carreras técnicas en áreas de electrónica, mecánica, diseño, electricidad, programación, para un mercado laboral tecnificado que facilitara la movilidad social o económico social”.
Esa EFTP ha requerido de una reingeniería. Desde el 2017, el Instituto de Investigación en Educación de la UCR (INIE) trabaja en un proyecto de vinculación externa con el Instituto Politécnico de Zurich,(Suiza), la Universidad de Katmandú,(Nepal), la Universidad Oikalabi, (Benín), y la Universidad de Chile, para conocer con más exactitud cuáles condiciones pueden mejorar el vínculo entre la EFTP y los mercados laborales.
Pasar por un proceso educativo y obtener un título cambia la perspectiva de los hogares. Aumenta las probabilidades de participar en la fuerza laboral del paìs; de lograr mayores ingresos y minimiza la probabilidad de desempleo.
También, el INIE lleva a cabo desde el 2020 una innovadora investigación/acción colaborativa con actores sociales e instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, así como con cámaras de industria del país.
Tanto Camacho como la también investigadora, Dra. Jaqueline afirman que estas dos investigaciones han dejado claro que los imaginarios que persisten en el país sobre la EFTP deben transformarse. “Esos discursos y mitos que asocian a la EFTP con los grupos sociales vulnerables y que es tan solo una educación alternativa para “cierta gente”, deben superarse, pues esta modalidad educativa cumple con todos los criterios de calidad necesarios para adquirir las destrezas, habilidades, valores y conocimientos, para la transformación individual y social de los y las estudiantes”, asegura García.
Gracias a todos estos esfuerzos de investigación, Costa Rica cuenta ahora con el Observatorio Temático de la Educación y Formación Técnica Profesional Costarricense, el cual es coordinado por el INIE.
La EFTP tiene implìcito que hay que llevar a estos estudiantes al mercado laboral, lo que implica tener acceso, durante sus años de formación, a tecnología, a recursos y a mantener un vìnculo muy cercano con el sector productivo. Actualmente la capacitación técnica debe superar las barreras del técnico medio e ir hacia más Bachilleratos y Licenciaturas. Sin embargo, también los centros educativos EFTP han visto debilitado su presupuesto, infraestructuras, entre otros elementos, según lo señala el IX Informe Estado de la Educación.
Pero ya sea la modalidad de educación académica o la de EFTP, el sistema educativo costarricense presenta importantes deficiencias que restan fuerza a los verdaderos alcances de ambas modalidades. Dese el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha llamado la atención a Costa Rica sobre la necesidad de mejorar lagobernanza de los instrumentos asociados a la educación primaria y secundaria. Para ello son fundamentales las Juntas de Educación (en escuelas) y las Juntas Administrativas (en colegios).
Sobre ese llamado de atención, Esteban Mora retoma que los requisitos para ser miembro de una de dichas juntas son insuficientes, se quedaron en un pasado y no responden a las exigencias de la realidad actual del sistema educativo. No son suficientes para tomar importantes decisiones, tales como dónde dirigir la inversión de los presupuestos públicos que administran, la limitada capacidad para administrar instrumentos como el Sistema de Compras Públicas (Sicop), realizar concursos públicos, y satisfacer necesidades de bienes y servicios a lo interno de escuelas y colegios, entre otros.
Compromiso de la ciudadanía con las Juntas de Educación en educación primaria, y las Juntas Administrativas en secundaria; y una urgente mejora en la Gobernanza del sistema educativo.
“Se ha descuidado el fortalecimiento de esa gobernanza y ha conllevado a que no se identifique cuáles brechas hay que cerrar; dónde invertir en más y mejores recursos, entre otros temas. Junto a esa débil gobernanza, encontramos un programa de incentivos dentro del sistema educativo y asociados a la calidad de vida y al bienestar, que ha sufrido una caída del 7,8 % en sus ingresos reales a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, indicó Mora.
También, subraya Mora, esos incentivos no están siendo eficaces en el impacto esperado, porque no hay reglas claras sobre cómo permanecen en el sistema esos estudiantes y cómo rendir cuentas sobre su rendimiento académico. “Es necesario un diseño de las reglas de los incentivos que no están siendo bien contempladas por el MEP y por otros actores de la gobernanza como las juntas de educación, para estar en capacidad de cerrar brechas y que los estudiantes tengan acceso real a una educación de calidad y evitar mayores retrocesos en materia de desarrollo humano”, enfatizó el excoordinador del Monitor OCDE.
Esos incentivos se encuentran reunidos en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a través del cual se financia la atención de programas como: Avancemos, Crecemos, Fondo Nacional de Becas, Comedores escolares, CEN-Cinai y Red de Cuido, Programa Hogares Conectados, y transporte para estudiantes en condición de vulnerabilidad.
El Noveno Informe Estado de la Educación, acusa un estancamiento y retrocesos en áreas clave: “el ofrecimiento del currículo completo en las escuelas, la expansión de la educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de idoneidad para contratar docentes, profundizan las brechas educativas existentes y afectan las bases para superar la crisis actual”.
Según la Contraloría General de la República, el monto del presupuesto para la educación pública costarricense para el 2023 fue de 2 mil 780 millones ( 6 % del producto interno bruto, PIB), lo cual significa un descenso del 1,2 % con respecto al presupuesto inicial del 2022. Esto incumple con el mandato constitucional de invertir el 8 % del PIB del país en educación.
Esta falta de recursos, dice el noveno informe, “podría tener un impacto en el desarrollo económico y social del país. Se estima que el 40 % de la población estudiantil está en niveles de pobreza, por lo que son los más afectados”.