La educación fortalece las oportunidades socioeconómicas de las familias y genera mayores oportunidades de movilidad social ascendente para las diferentes generaciones. La perspectiva de los hogares cambia, sobre todo para las mujeres en quienes los efectos de la educación son mucho más fuertes que en los hombres. La participación en el escenario social y económico de las mujeres con educación es mayor que la de aquellas que no han tenido la oportunidad de estudiar.
La educación es la que favorece la adquisición de habilidades,
destrezas, conocimientos, valores, actitudes, comportamientos y
formas de ver el mundo. Además, estimula el desarrollo integral de
la persona y, por supuesto, su transformación individual y
social.
El desarrollo del país, en su conjunto, es consecuencia de los
recursos que invierte en la formación de sus ciudadanos. Esa
simbiosis demuestra el papel de la educación en la movilidad
social, una que posibilita el acceso de las personas a más y
mejores oportunidades laborales, económicas, sociales y de
participación ciudadana.
La falta de acceso a una educación de calidad se convierte en
un factor de exclusión. Es decir, su carencia, su deterioro
limita, cada día más, la movilidad social ascendente en nuestra
población. El debilitamiento de la calidad educativa es causa de
las brechas sociales y la desigualdad sentida en la piel de cada
costarricense.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) señala que en Costa Rica el 25,1 % de la población con
edades de 15 a 19 años no está empleada, no asiste a la educación,
ni recibe ninguna formación, porcentaje muy superior al promedio de
8,3 % de los países miembros de esta organización (OCDE,
2023).
Exigir una mejor educación: un título no es suficiente
Una definición de movilidad social dada por el Instituto de
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile señala
que es “la variación de la posición de una persona o familia, en
una estructura social jerárquica, la cual puede ser tanto
ascendente, si es que este cambio implica una mejora en las
condiciones de vida, como descendente, si producto del cambio la
persona se sitúa en una posición social de menor jerarquía”.
Las políticas públicas deben promover una
movilidad social que crezca cada vez más, y en ese compromiso
la educación es su herramienta insignia. Sin embargo, la idea de
que invertir en la educación de nuestro capital humano como la vía
para ascender en la escala social se está deteriorando.
Según la Dra. Jaqueline García Fallas, investigadora del Instituto de
Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa
Rica, el concepto de movilidad social debe de reflexionarse de
forma crítica y lejos de un sentido economicista. “El acceso a la
educación de calidad en todos los niveles sigue siendo central para
el obtener un salario creciente pero es también y sobretodo lo que
nos permite ser seres humanos integrales capaces del goce, el
disfrute, la creatividad y la capacidad de producir”, mencionó
García.
La Dra. Silvia Camacho Calvo, también
investigadora del INIE, agrega que la movilidad social se debe
entender como la dignificación de la vida en todos los aspectos: un
trabajo digno, un buen vivir, tener un espacio dentro de la
estructura social y tener un papel como ciudadanos, es decir una
inclusión integral; que nos permita reconocernos como ciudadano y
ciudadana”. Camacho sostiene que Costa Rica pareciera haber
olvidado que la educación es fundamental en esa movilidad social, y
cuestiona entonces: “¿qué tipo de educación tenemos?”.
Aportar al país personas profesionales en diferentes áreas del conocimiento es un insumo importante para la constante búsqueda del desarrollo socioeconómico de la población. Pero, para llegar aquí, la educación en la primera infancia, la educación diversificada, la EFTP y la educación superior pública deben ser procesos educativos cada vez más fortalecidos. El Programa Estado de la Educación señala en el noveno informe que se nota un estancamiento y retrocesos en áreas clave: “el ofrecimiento del currículo completo en las escuelas, la expansión de la educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de idoneidad para contratar docentes, lo cual profundiza las brechas educativas existentes y afecta las bases para superar la crisis actual”.
A esa interrogante Camacho responde que
“Costa Rica, durante décadas, se sintió orgullosa de su buen
sistema educativo. Pero, lastimosamente (y no es producto de la
pandemia recién vivida), las políticas sociales y económicas han
venido desarmando al aparato educativo costarricense. Si bien
hay un acceso, pero no asegura un proceso educativo de calidad, no
solo en términos de los contenidos, sino, además, en tema de
docentes, infraestructura, administración, que posibiliten
implementar el currículo en procesos educativos de
calidad”.
¿Ha perdido la educación su potencial como ascensor
social?
Diferentes estudios e investigaciones a nivel nacional e
internacional demuestran que la educación sigue siendo un canal de
movilidad social ascendente. Reduce el riesgo de caer en la escala
social a posiciones inferiores a las de la familia de origen, la
educación merma las posibilidades de descender en la escala social
y reduce el riesgo de caer en el desempleo.
En el 2006, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) publicó el informe La esquiva equidad
en el desarrollo latinoamericano, en el cual refiere los
factores que hacen de la equidad una tarea pendiente para nuestros
países. Una de las causas fue el acceso y la calidad de la
educación. Según el informe, “la educación es considerada como
el principal mecanismo de reducción de las desigualdades a futuro y
de superación de la reproducción intergeneracional de la
pobreza, dados los círculos virtuosos entre mayor educación,
movilidad socio-ocupacional y mejores ingresos”.
"El sistema de educación pública acoge a la mayoría de personas
en edad de estudiar en Costa Rica, la proporción es cercana al 90 %
(...) Un país que cuida su educación pública, puede
llegar a la mayor parte de su población, especialmente a los
sectores más vulnerables, y generar mayor libertad para que las
personas desarrollen sus proyectos de vida".
Isabel Román, coordinadora general de investigación del Informe
Estado de la Educación
El análisis es contundente al señalar que
invertir en educación sigue siendo, desde la perspectiva del
impacto social y productivo, una de las inversiones con más alta
tasa de retorno. “La brecha en acceso a una educación de
calidad, en logros educativos y en aprendizajes efectivos, puede
ser considerada como la madre de todas las brechas. A través de
ella se perpetúa la brecha en ingresos, en calidad del trabajo y en
acceso al bienestar, tanto a lo largo de la propia vida como de una
generación a la siguiente”, afirma el documento de la Cepal.
Sobre este tema, Isabel Román, coordinadora
del Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la
Nación, señala que “una educación universalizada y de buena calidad
es un mecanismo de movilidad social ascendente. Un sistema público
de educación desempeña un papel fundamental a la hora de determinar
si la educación cumple un papel progresivo o regresivo en el
logro de una mayor equidad”.
Román agrega que el sistema de educación
pública acoge a la mayoría de personas en edad de estudiar (en
Costa Rica, la proporción es cercana al 90 %) “Un país
que cuida su educación pública, puede llegar a la mayor parte
de su población, especialmente a los sectores más vulnerables, y
generar mayor libertad para que las personas desarrollen sus
proyectos de vida”.
Educación y movilidad
social: ¿cómo mantener los vínculos?
La educación fortalece las oportunidades socioeconómicas de las familias y genera mayores oportunidades de movilidad social ascendente para las diferentes generaciones. La perspectiva de los hogares cambia, sobre todo para las mujeres en quienes los efectos de la educación son mucho más fuertes que en los hombres. La participación en el escenario social y económico de las mujeres con educación es mayor que la de aquellas que no han tenido la oportunidad de estudiar.
La educación es la que favorece la adquisición de habilidades,
destrezas, conocimientos, valores, actitudes, comportamientos y
formas de ver el mundo. Además, estimula el desarrollo integral de
la persona y, por supuesto, su transformación individual y
social.
El desarrollo del país, en su conjunto, es consecuencia de los
recursos que invierte en la formación de sus ciudadanos. Esa
simbiosis demuestra el papel de la educación en la movilidad
social, una que posibilita el acceso de las personas a más y
mejores oportunidades laborales, económicas, sociales y de
participación ciudadana.
La falta de acceso a una educación de calidad se convierte en
un factor de exclusión. Es decir, su carencia, su deterioro
limita, cada día más, la movilidad social ascendente en nuestra
población. El debilitamiento de la calidad educativa es causa de
las brechas sociales y la desigualdad sentida en la piel de cada
costarricense.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) señala que en Costa Rica el 25,1 % de la población con
edades de 15 a 19 años no está empleada, no asiste a la educación,
ni recibe ninguna formación, porcentaje muy superior al promedio de
8,3 % de los países miembros de esta organización (OCDE,
2023).
Exigir una mejor educación: un título no es suficiente
Una definición de movilidad social dada por el Instituto de
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile señala
que es “la variación de la posición de una persona o familia, en
una estructura social jerárquica, la cual puede ser tanto
ascendente, si es que este cambio implica una mejora en las
condiciones de vida, como descendente, si producto del cambio la
persona se sitúa en una posición social de menor jerarquía”.
Las políticas públicas deben promover una
movilidad social que crezca cada vez más, y en ese compromiso
la educación es su herramienta insignia. Sin embargo, la idea de
que invertir en la educación de nuestro capital humano como la vía
para ascender en la escala social se está deteriorando.
Según la Dra. Jaqueline García Fallas, investigadora del Instituto de
Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa
Rica, el concepto de movilidad social debe de reflexionarse de
forma crítica y lejos de un sentido economicista. “El acceso a la
educación de calidad en todos los niveles sigue siendo central para
el obtener un salario creciente pero es también y sobretodo lo que
nos permite ser seres humanos integrales capaces del goce, el
disfrute, la creatividad y la capacidad de producir”, mencionó
García.
La Dra. Silvia Camacho Calvo, también
investigadora del INIE, agrega que la movilidad social se debe
entender como la dignificación de la vida en todos los aspectos: un
trabajo digno, un buen vivir, tener un espacio dentro de la
estructura social y tener un papel como ciudadanos, es decir una
inclusión integral; que nos permita reconocernos como ciudadano y
ciudadana”. Camacho sostiene que Costa Rica pareciera haber
olvidado que la educación es fundamental en esa movilidad social, y
cuestiona entonces: “¿qué tipo de educación tenemos?”.
A esa interrogante Camacho responde que
“Costa Rica, durante décadas, se sintió orgullosa de su buen
sistema educativo. Pero, lastimosamente (y no es producto de la
pandemia recién vivida), las políticas sociales y económicas han
venido desarmando al aparato educativo costarricense. Si bien
hay un acceso, pero no asegura un proceso educativo de calidad, no
solo en términos de los contenidos, sino, además, en tema de
docentes, infraestructura, administración, que posibiliten
implementar el currículo en procesos educativos de
calidad”.
¿Ha perdido la educación su potencial como ascensor
social?
Diferentes estudios e investigaciones a nivel nacional e
internacional demuestran que la educación sigue siendo un canal de
movilidad social ascendente. Reduce el riesgo de caer en la escala
social a posiciones inferiores a las de la familia de origen, la
educación merma las posibilidades de descender en la escala social
y reduce el riesgo de caer en el desempleo.
En el 2006, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) publicó el informe La esquiva equidad
en el desarrollo latinoamericano, en el cual refiere los
factores que hacen de la equidad una tarea pendiente para nuestros
países. Una de las causas fue el acceso y la calidad de la
educación. Según el informe, “la educación es considerada como
el principal mecanismo de reducción de las desigualdades a futuro y
de superación de la reproducción intergeneracional de la
pobreza, dados los círculos virtuosos entre mayor educación,
movilidad socio-ocupacional y mejores ingresos”.
El análisis es contundente al señalar que
invertir en educación sigue siendo, desde la perspectiva del
impacto social y productivo, una de las inversiones con más alta
tasa de retorno. “La brecha en acceso a una educación de
calidad, en logros educativos y en aprendizajes efectivos, puede
ser considerada como la madre de todas las brechas. A través de
ella se perpetúa la brecha en ingresos, en calidad del trabajo y en
acceso al bienestar, tanto a lo largo de la propia vida como de una
generación a la siguiente”, afirma el documento de la Cepal.
Sobre este tema, Isabel Román, coordinadora
del Informe Estado de la Educación, del Programa Estado de la
Nación, señala que “una educación universalizada y de buena calidad
es un mecanismo de movilidad social ascendente. Un sistema público
de educación desempeña un papel fundamental a la hora de determinar
si la educación cumple un papel progresivo o regresivo en el
logro de una mayor equidad”.
Román agrega que el sistema de educación
pública acoge a la mayoría de personas en edad de estudiar (en
Costa Rica, la proporción es cercana al 90 %) “Un país
que cuida su educación pública, puede llegar a la mayor parte
de su población, especialmente a los sectores más vulnerables, y
generar mayor libertad para que las personas desarrollen sus
proyectos de vida”.
Educación y movilidad
social: ¿cómo mantener los vínculos?
El papel de la educación en la movilidad social de las
personas es clave. Pero la falta o debilitamiento de apoyos para la
educación trae consigo grandes desigualdades laborales y
socioeconómicas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la
educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave
para salir de la pobreza. Por ello, busca “de aquí al 2030,
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible…”.
El Dr. Esteban Mora Martínez, excoordinador
del Monitor OCDE para Costa Rica e investigador del Centro de
Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), de
la Universidad de Costa Rica, señala que la educación posibilita el
vínculo con la realidad social actual; fortalece habilidades en las
personas para que puedan comprender críticamente no solo su rol en
la sociedad, sino también la forma en que podemos compartir valores
democráticos, sociales, económicos, etc.
“Un título manda una señal al mercado laboral
sobre la capacidad de aprender de esa persona”
Con esas palabras define el valor de un título el
investigador Juan Rafael Robalino, director del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.
También, señala este investigador, es claro que la educación y la
movilidad social van de la mano y con capacidad para influir en el
cambio de perspectiva de los hogares.
Pero, antes de centrar la discusión en si el país
requiere más educación académica, o más educación y formación
técnica profesional (EFTP) o más carreras ligadas a la ciencia, la
tecnología, las ingenierías o las matemáticas (conocidas como STEM
por sus siglas en inglés) “el país debe reforzar la secundaria y
asegurar que las personas terminen el colegio, ya que el mercado
laboral valora muy bien tener el título”.
En términos del mercado laboral, la educación funciona de dos
formas, agrega Robalino. Por un lado aumenta la productividad de
los trabajadores y, por el otro, manda una importante señal sobre
la capacidad de aprender que tiene la
persona.
“Entonces, la primera dice: yo sé hacer esto ahora.
Pero la segunda dice: yo puedo aprender a hacer muchas
cosas, lo cual es muy importante en términos de lo que está
demandando el mercado laboral”, afirmó el director del IICE.
Gracias a la obtención de un
título, destaca Robalino, hay más probabilidad de participar
en la fuerza laboral, mayores ingresos y menos probabilidad de
desempleo para las personas. “En un contexto socioeconómico
cambiante y con fuertes exigencias, obtener un título es una
certificación, una fuerte señal para los futuros empleadores de que
esa persona tiene la capacidad de aprender destrezas, procesos,
desarrollar habilidades y capacidades, más allá de la especificidad
de lo estudiado, lo cual, insisto, es bien valorado por el
mercado laboral”.
La educación también tiene dos caras: la
oferta y la demanda. El Estado provee educación; y en la acera de
la demanda Robalino señala que esa educación requiere el apoyo de
políticas públicas fuertes. Por ejemplo, el programa Avancemos o el
programa de transportes; ya que muchas familias no logran acceder a
la educación por situaciones muy particulares, en las
cuales las políticas públicas deben tomar acciones y generar
recursos que posibiliten la asistencia de los niños y jóvenes al
sistema educativo.
“Esos incentivos y sus efectos en la educación
secundaria los hemos investigado y comprobado como parte de
nuestros aportes al país. Hemos visto que han tenido efectos
positivos en cuanto a la asistencia del estudiantado y para
minimizar la exclusión; también en la reducción del trabajo
infantil. Han tenido efectos positivos muy grandes en hombres de
zonas rurales, quienes tienen mayor presión para
abandonar su educación e incorporarse a trabajar para aportar
al hogar. Y también han tenido grandes impactos en las mujeres de
zonas urbanas”, destacó Robalino.
Desafíos, gobernanza, nuevas habilidades, la
investigación como insumo para las reformas necesarias
Ante esa evolución de la demanda de
habilidades para la vida laboral, Costa Rica incorporó en su oferta
educativa la EFTP. Al respecto, Esteban Mora señala que la EFTP
está orientada a generar capacidades para auto emprender o ser
contratado en la vía laboral: “desde 1997 se empieza a hablar de
traer al país inversión tecnológica importante, como INTEL,
por ejemplo, por lo que empezamos a fortalecer carreras técnicas en
áreas de electrónica, mecánica, diseño, electricidad, programación,
para un mercado laboral tecnificado que facilitara la movilidad
social o económico social”.
Esa EFTP ha requerido de una reingeniería.
Desde el 2017, el Instituto de
Investigación en Educación de la UCR (INIE) trabaja en un
proyecto de vinculación externa con el Instituto Politécnico de
Zurich,(Suiza), la Universidad de Katmandú,(Nepal), la
Universidad Oikalabi, (Benín), y la Universidad de Chile, para
conocer con más exactitud cuáles condiciones pueden mejorar el
vínculo entre la EFTP y los mercados laborales.
Respecto de dicho
proyecto, la Dra. Silvia Camacho, miembro del grupo investigador
del INIE, destaca que la educación técnica en el país ha cambiado
aceleradamente en los últimos 50 años. “Las instituciones
educativas y el mercado laboral se han transformado, las
especialidades técnicas han cambiado y la educación técnica
también ha variado. Por eso ahora se le denomina EFTP y este
proyecto de la UCR estudia precisamente el vínculo entre ambos
sistemas”, explicó Camacho.
También, el INIE lleva a cabo desde el 2020 una innovadora
investigación/acción colaborativa con actores sociales e
instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto
Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, así
como con cámaras de industria del país.
Tanto Camacho como la también investigadora, Dra. Jaqueline
afirman que estas dos investigaciones han dejado claro
que los imaginarios que persisten en el país sobre la EFTP
deben transformarse. “Esos discursos y mitos que asocian a la EFTP
con los grupos sociales vulnerables y que es tan solo una educación
alternativa para “cierta gente”, deben superarse, pues esta
modalidad educativa cumple con todos los criterios de calidad
necesarios para adquirir las destrezas, habilidades, valores y
conocimientos, para la transformación individual y social de los y
las estudiantes”, asegura García.
Pero ya sea la modalidad de educación académica o la de EFTP, el
sistema educativo costarricense presenta importantes deficiencias
que restan fuerza a los verdaderos alcances de ambas modalidades.
Dese el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha llamado la atención a Costa Rica sobre la
necesidad de mejorar lagobernanza de los instrumentos asociados a
la educación primaria y secundaria. Para ello son fundamentales las
Juntas
de Educación (en escuelas) y las Juntas Administrativas (en
colegios).
Sobre ese llamado de atención, Esteban Mora retoma que los requisitos para ser
miembro de una de dichas juntas son insuficientes, se quedaron
en un pasado y no responden a las exigencias de la realidad actual
del sistema educativo. No son suficientes para tomar importantes
decisiones, tales como dónde dirigir la inversión de los
presupuestos públicos que administran, la limitada capacidad para
administrar instrumentos como el Sistema de Compras
Públicas (Sicop), realizar concursos públicos, y satisfacer
necesidades de bienes y servicios a lo interno de escuelas y
colegios, entre otros.
“Se ha descuidado el fortalecimiento de esa gobernanza y ha
conllevado a que no se identifique cuáles brechas hay que cerrar;
dónde invertir en más y mejores recursos, entre otros temas. Junto
a esa débil gobernanza, encontramos un programa de incentivos
dentro del sistema educativo y asociados a la calidad de vida y al
bienestar, que ha sufrido una caída del 7,8 % en sus ingresos
reales a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas”, indicó Mora.
También, subraya Mora, esos incentivos no
están siendo eficaces en el impacto esperado, porque no hay reglas
claras sobre cómo permanecen en el sistema esos estudiantes y cómo
rendir cuentas sobre su rendimiento académico. “Es necesario
un diseño de las reglas de los incentivos que no están siendo bien
contempladas por el MEP y por otros actores de la gobernanza como
las juntas de educación, para estar en capacidad de cerrar brechas
y que los estudiantes tengan acceso real a una educación de calidad
y evitar mayores retrocesos en materia de desarrollo humano”,
enfatizó el excoordinador del Monitor OCDE.
Esos incentivos se encuentran reunidos en el
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a través
del cual se financia la atención de programas como: Avancemos,
Crecemos, Fondo Nacional de Becas, Comedores escolares, CEN-Cinai y
Red de Cuido, Programa Hogares Conectados, y transporte para
estudiantes en condición de vulnerabilidad.
Muchas metas por alcanzar versus un
presupuesto cada vez más débil
El Noveno
Informe Estado de la Educación, acusa un
estancamiento y retrocesos en áreas clave: “el ofrecimiento
del currículo completo en las escuelas, la expansión de la
educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de
idoneidad para contratar docentes, profundizan las brechas
educativas existentes y afectan las bases para superar la crisis
actual”.
Según la Contraloría General de la República,
el monto del presupuesto para la educación pública costarricense
para el 2023 fue de 2 mil 780 millones ( 6 % del producto interno
bruto, PIB), lo cual significa un descenso del 1,2 % con respecto
al presupuesto inicial del 2022. Esto incumple con el mandato
constitucional de invertir el 8 % del PIB del país en
educación.
Esta falta de recursos, dice el noveno
informe, “podría tener un impacto en el desarrollo económico y
social del país. Se estima que el 40 % de la población estudiantil
está en niveles de pobreza, por lo que son los más afectados”.
El papel de la educación en la movilidad social de las
personas es clave. Pero la falta o debilitamiento de apoyos para la
educación trae consigo grandes desigualdades laborales y
socioeconómicas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la
educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave
para salir de la pobreza. Por ello, busca “de aquí al 2030,
asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible…”.
El Dr. Esteban Mora Martínez, excoordinador
del Monitor OCDE para Costa Rica e investigador del Centro de
Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), de
la Universidad de Costa Rica, señala que la educación posibilita el
vínculo con la realidad social actual; fortalece habilidades en las
personas para que puedan comprender críticamente no solo su rol en
la sociedad, sino también la forma en que podemos compartir valores
democráticos, sociales, económicos, etc.
“Un título manda una señal al mercado laboral
sobre la capacidad de aprender de esa persona”
Con esas palabras define el valor de un título el
investigador Juan Rafael Robalino, director del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.
También, señala este investigador, es claro que la educación y la
movilidad social van de la mano y con capacidad para influir en el
cambio de perspectiva de los hogares.
Pero, antes de centrar la discusión en si el país
requiere más educación académica, o más educación y formación
técnica profesional (EFTP) o más carreras ligadas a la ciencia, la
tecnología, las ingenierías o las matemáticas (conocidas como STEM
por sus siglas en inglés) “el país debe reforzar la secundaria y
asegurar que las personas terminen el colegio, ya que el mercado
laboral valora muy bien tener el título”.
En términos del mercado laboral, la educación funciona de dos
formas, agrega Robalino. Por un lado aumenta la productividad de
los trabajadores y, por el otro, manda una importante señal sobre
la capacidad de aprender que tiene la
persona.
“Entonces, la primera dice: yo sé hacer esto ahora.
Pero la segunda dice: yo puedo aprender a hacer muchas
cosas, lo cual es muy importante en términos de lo que está
demandando el mercado laboral”, afirmó el director del IICE.
Gracias a la obtención de un
título, destaca Robalino, hay más probabilidad de participar
en la fuerza laboral, mayores ingresos y menos probabilidad de
desempleo para las personas. “En un contexto socioeconómico
cambiante y con fuertes exigencias, obtener un título es una
certificación, una fuerte señal para los futuros empleadores de que
esa persona tiene la capacidad de aprender destrezas, procesos,
desarrollar habilidades y capacidades, más allá de la especificidad
de lo estudiado, lo cual, insisto, es bien valorado por el
mercado laboral”.
La educación también tiene dos caras: la
oferta y la demanda. El Estado provee educación; y en la acera de
la demanda Robalino señala que esa educación requiere el apoyo de
políticas públicas fuertes. Por ejemplo, el programa Avancemos o el
programa de transportes; ya que muchas familias no logran acceder a
la educación por situaciones muy particulares, en las
cuales las políticas públicas deben tomar acciones y generar
recursos que posibiliten la asistencia de los niños y jóvenes al
sistema educativo.
“Esos incentivos y sus efectos en la educación
secundaria los hemos investigado y comprobado como parte de
nuestros aportes al país. Hemos visto que han tenido efectos
positivos en cuanto a la asistencia del estudiantado y para
minimizar la exclusión; también en la reducción del trabajo
infantil. Han tenido efectos positivos muy grandes en hombres de
zonas rurales, quienes tienen mayor presión para
abandonar su educación e incorporarse a trabajar para aportar
al hogar. Y también han tenido grandes impactos en las mujeres de
zonas urbanas”, destacó Robalino.
Desafíos, gobernanza, nuevas habilidades, la
investigación como insumo para las reformas necesarias
Ante esa evolución de la demanda de
habilidades para la vida laboral, Costa Rica incorporó en su oferta
educativa la EFTP. Al respecto, Esteban Mora señala que la EFTP
está orientada a generar capacidades para auto emprender o ser
contratado en la vía laboral: “desde 1997 se empieza a hablar de
traer al país inversión tecnológica importante, como INTEL,
por ejemplo, por lo que empezamos a fortalecer carreras técnicas en
áreas de electrónica, mecánica, diseño, electricidad, programación,
para un mercado laboral tecnificado que facilitara la movilidad
social o económico social”.
Esa EFTP ha requerido de una reingeniería.
Desde el 2017, el Instituto de
Investigación en Educación de la UCR (INIE) trabaja en un
proyecto de vinculación externa con el Instituto Politécnico de
Zurich,(Suiza), la Universidad de Katmandú,(Nepal), la
Universidad Oikalabi, (Benín), y la Universidad de Chile, para
conocer con más exactitud cuáles condiciones pueden mejorar el
vínculo entre la EFTP y los mercados laborales.
Ph.D. Juan Andrés Robalino Herrera, director Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas UCR
Pasar por un proceso educativo y obtener un título cambia la perspectiva de los hogares. Aumenta las probabilidades de participar en la fuerza laboral del paìs; de lograr mayores ingresos y minimiza la probabilidad de desempleo.
Respecto de dicho
proyecto, la Dra. Silvia Camacho, miembro del grupo investigador
del INIE, destaca que la educación técnica en el país ha cambiado
aceleradamente en los últimos 50 años. “Las instituciones
educativas y el mercado laboral se han transformado, las
especialidades técnicas han cambiado y la educación técnica
también ha variado. Por eso ahora se le denomina EFTP y este
proyecto de la UCR estudia precisamente el vínculo entre ambos
sistemas”, explicó Camacho.
También, el INIE lleva a cabo desde el 2020 una innovadora
investigación/acción colaborativa con actores sociales e
instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto
Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional, así
como con cámaras de industria del país.
Tanto Camacho como la también investigadora, Dra. Jaqueline
afirman que estas dos investigaciones han dejado claro
que los imaginarios que persisten en el país sobre la EFTP
deben transformarse. “Esos discursos y mitos que asocian a la EFTP
con los grupos sociales vulnerables y que es tan solo una educación
alternativa para “cierta gente”, deben superarse, pues esta
modalidad educativa cumple con todos los criterios de calidad
necesarios para adquirir las destrezas, habilidades, valores y
conocimientos, para la transformación individual y social de los y
las estudiantes”, asegura García.
La EFTP tiene implìcito que hay que llevar a estos estudiantes al mercado laboral, lo que implica tener acceso, durante sus años de formación, a tecnología, a recursos y a mantener un vìnculo muy cercano con el sector productivo. Actualmente la capacitación técnica debe superar las barreras del técnico medio e ir hacia más Bachilleratos y Licenciaturas. Sin embargo, también los centros educativos EFTP han visto debilitado su presupuesto, infraestructuras, entre otros elementos, según lo señala el IX Informe Estado de la Educación.
Debilidades por superar en materia
educativa
Pero ya sea la modalidad de educación académica o la de EFTP, el
sistema educativo costarricense presenta importantes deficiencias
que restan fuerza a los verdaderos alcances de ambas modalidades.
Dese el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha llamado la atención a Costa Rica sobre la
necesidad de mejorar lagobernanza de los instrumentos asociados a
la educación primaria y secundaria. Para ello son fundamentales las
Juntas
de Educación (en escuelas) y las Juntas Administrativas (en
colegios).
Sobre ese llamado de atención, Esteban Mora retoma que los requisitos para ser
miembro de una de dichas juntas son insuficientes, se quedaron
en un pasado y no responden a las exigencias de la realidad actual
del sistema educativo. No son suficientes para tomar importantes
decisiones, tales como dónde dirigir la inversión de los
presupuestos públicos que administran, la limitada capacidad para
administrar instrumentos como el Sistema de Compras
Públicas (Sicop), realizar concursos públicos, y satisfacer
necesidades de bienes y servicios a lo interno de escuelas y
colegios, entre otros.
Dr. Esteban Mora. Investigador CICAP UCR.
Compromiso de la ciudadanía con las Juntas de Educación en educación primaria, y las Juntas Administrativas en secundaria; y una urgente mejora en la Gobernanza del sistema educativo.
“Se ha descuidado el fortalecimiento de esa gobernanza y ha
conllevado a que no se identifique cuáles brechas hay que cerrar;
dónde invertir en más y mejores recursos, entre otros temas. Junto
a esa débil gobernanza, encontramos un programa de incentivos
dentro del sistema educativo y asociados a la calidad de vida y al
bienestar, que ha sufrido una caída del 7,8 % en sus ingresos
reales a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas”, indicó Mora.
También, subraya Mora, esos incentivos no
están siendo eficaces en el impacto esperado, porque no hay reglas
claras sobre cómo permanecen en el sistema esos estudiantes y cómo
rendir cuentas sobre su rendimiento académico. “Es necesario
un diseño de las reglas de los incentivos que no están siendo bien
contempladas por el MEP y por otros actores de la gobernanza como
las juntas de educación, para estar en capacidad de cerrar brechas
y que los estudiantes tengan acceso real a una educación de calidad
y evitar mayores retrocesos en materia de desarrollo humano”,
enfatizó el excoordinador del Monitor OCDE.
Esos incentivos se encuentran reunidos en el
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a través
del cual se financia la atención de programas como: Avancemos,
Crecemos, Fondo Nacional de Becas, Comedores escolares, CEN-Cinai y
Red de Cuido, Programa Hogares Conectados, y transporte para
estudiantes en condición de vulnerabilidad.
Muchas metas por alcanzar versus un
presupuesto cada vez más débil
El Noveno
Informe Estado de la Educación, acusa un
estancamiento y retrocesos en áreas clave: “el ofrecimiento
del currículo completo en las escuelas, la expansión de la
educación técnica en secundaria y la implementación de pruebas de
idoneidad para contratar docentes, profundizan las brechas
educativas existentes y afectan las bases para superar la crisis
actual”.
Según la Contraloría General de la República,
el monto del presupuesto para la educación pública costarricense
para el 2023 fue de 2 mil 780 millones ( 6 % del producto interno
bruto, PIB), lo cual significa un descenso del 1,2 % con respecto
al presupuesto inicial del 2022. Esto incumple con el mandato
constitucional de invertir el 8 % del PIB del país en
educación.
Esta falta de recursos, dice el noveno
informe, “podría tener un impacto en el desarrollo económico y
social del país. Se estima que el 40 % de la población estudiantil
está en niveles de pobreza, por lo que son los más afectados”.
