Dr. David Díaz Arias

Docente e investigador en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. 

Quizás sería forzar la evidencia histórica decir que la independencia de Costa Rica fue también resultado de una mejor educación. Pero si se le ve de manera más amplia, se puede balancear mejor el papel de la educación y del pensamiento crítico en los procesos de emancipación en América Latina.

En el siglo XVIII, la Ilustración europea planteaba la focalización del ser humano en la razón como norma para alcanzar la transformación y el mejoramiento de todos los aspectos de la vida. Para los filósofos ilustrados, el mundo se reducía a la razón y a la experiencia. Aquello que la razón no pudiera comprender estaba fuera de ella y, por tanto, no era fiable. Esta confianza en la razón posibilitaba a su vez la confianza en el ser humano y su desarrollo. A nivel político, esta visión proponía que la monarquía, así como otras instituciones heredadas del pasado, se encontraban atrasadas y debían ser enfrentadas y sustituidas.

La mayoría de estas ideas fueron concebidas como peligrosas por las coronas europeas. Por tanto, varios de los libros de los ilustrados fueron prohibidos, quemados, e incluso algunos de los filósofos ilustrados fueron perseguidos por considerarlos un peligro para el orden de cosas. Pero el germen ya estaba incubado.

En América Central, la Ilustración también tuvo expresiones antes de la independencia, particularmente en el periodo de producción de la Constitución de Cádiz después de 1808. De esa forma, personas ilustradas, como el costarricense Florencio del Castillo, jugaron un papel muy importante en la producción de esa Constitución y en orientar a los estados que surgieron por efecto de la independencia.

En Costa Rica, la educación pública y la creación de periódicos jugaron un papel muy importante desde la década de 1830 para concretar una opinión pública y alentar debates sobre el futuro del país. En la búsqueda de legitimación del proyecto hegemónico oficial, se impulsó la producción de instituciones públicas inclusivas después de 1885. De esa forma, como mostró Iván Molina Jiménez, por efecto de una reforma educativa realizada en la década de 1880, el alfabetismo, que en 1864 llegaba a 38,4 % en áreas urbanas y a 10,5 % en rurales, se encumbró en 1927 hasta un 85,7 % en niños mayores de 9 años en zonas urbanas y a un 66,8 % en villas y un 56,4 % en el campo.

Después de 1899, la fiesta escolar se consolidó como una de las principales expresiones de la conmemoración de la independencia. Su producción convirtió a niños y niñas escolares en los principales actores del día. Gracias a eso, esos escolares, quienes fueron reconocidos como el “futuro de la patria”, se comprometieron en la representación y uso de los símbolos nacionales y se volvieron intérpretes de himnos patrióticos. Además, ellos con sus maestras y maestros desarrollaron actos de expresión corporal o gesticular y alocuciones cortas por medio de diálogos, poesías y declamaciones.

El papel central de los niños en las fiestas cívicas costarricenses se concretó y consolidó en las primeras décadas del siglo XX. En esos eventos, los niños fueron protagonistas y, gracias a su participación, los organizadores oficiales lograron impulsar nuevos sentidos a los símbolos nacionales y crear actividades populares. Pero los niños se convirtieron en algo más: fueron el alma central de los ritos conmemorativos de la independencia y gracias a ellos esos rituales se tornaron en auténticamente nacionales, al desarrollarse de frontera a frontera y al involucrar a la mayoría de los grupos sociales del país.

Hoy, como lo han advertido los informes del Estado de la Educación, la educación pública costarricense experimenta una tremenda crisis y eso limita la idea de independencia del país. La calidad de la educación pública, que fue fundamental para la movilidad social, se ha deteriorado. Por efecto de la crisis económica de 1980-1981, según los datos del informe del Estado de la Educación y de Molina Jiménez, no fue sino hasta el 2000 que Costa Rica recuperó la tasa de escolaridad que tuvo en 1980: el 60.9 % de la población en edad escolar asistía al sistema educativo. Empero, la tasa de graduación ha caído entre los jóvenes.

La pandemia por COVID-19 sirvió para arruinar más la calidad y el alcance de la educación pública. Los continuos recortes al presupuesto también ayudan a impulsar la espiral en descenso que ahora afecta a grupos más grandes de la población. En vez de alcanzar los beneficios del trabajo estable, los jóvenes de la clase trabajadora deben ganarse la vida en el sector informal que ha variado entre 40 % y 47 % entre el 2010 y el 2019 (el promedio en el continente es de aproximadamente 52 %).

Por todo lo anterior, no es sorpresivo que niños y adolescentes dejen la escuela y se conviertan en presa fácil para los vendedores de droga. Los jóvenes están enganchados en una cultura neoliberal que ata sus identidades al uso de marcas caras, pero, ¿cómo se puede atajar este problema?

La desigualdad social solo se puede enfrentar con políticas sociales que garanticen el acceso a educación pública de calidad; por eso un plan para modernizar la educación pública es necesario para arrebatar de las garras de los narcotraficantes a los niños y adolescentes costarricenses. El Estado debe respetar el orden constitucional que obliga al financiamiento de la educación pública.

El deterioro de la educación pública es una seria herida que se manifiesta también en la atracción de una parte de la ciudadanía hacia el autoritarismo como forma para enfrentar la anomia social y el crimen. Así, en la medida en que la educación siga en picada y se profundice la crisis, es posible que no haya ninguna nación costarricense que conmemore la independencia en el futuro cercano.