Francisco Guevara Quiel

Hoy quiero llamar la atención sobre las preocupantes y cada vez más frecuentes declaraciones mediante las cuales, de forma reiterada y sin tapujos, miembros del Gobierno saliente y del gobierno entrante —en clara continuidad— han manifestado su intención de interferir en la autonomía universitaria y de regular el funcionamiento de la Universidad de Costa Rica, pese al mandato constitucional que la resguarda.

Desde este plenario solicito el cese inmediato de las provocaciones dirigidas contra la Universidad de Costa Rica y de los discursos que desinforman a la población nacional sobre su quehacer, induciendo a creer afirmaciones que no son ciertas, que resultan sesgadas y que carecen de todo fundamento. En particular, cuando se afirma que esta Benemérita institución no rinde cuentas o cuando, de manera temeraria, se sostiene que no trabaja para atender las necesidades del país.

Es necesario señalar, con claridad, que la rendición de cuentas ha sido una regla fundamental de la Universidad de Costa Rica desde mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, siempre en apego a los preceptos constitucionales. La Universidad de Costa Rica es una institución transparente, la que goza de mayor credibilidad nacional, una de las más respetadas por la población costarricense y cuenta con un amplio reconocimiento internacional como una de las universidades más prestigiosas de América Latina y del mundo.

En contraste, de lo que sí debería exigir certeza este país es la forma en que ha sido administrado por sus gobernantes. En materia de finanzas públicas, carecemos de una ruta clara para la economía nacional y de medidas reales y coherentes para su reactivación. A ello se suma la ausencia de políticas definidas en sectores estratégicos como el agro, la educación, la cultura y la seguridad, cuyos vacíos son evidentes. Cabe preguntarse, entonces, ante quién rinden cuentas los miembros del gobierno, recordando que —como lo establece el artículo 11 de la Constitución Política— no son más que simples depositarios de la autoridad.

Ante esta situación, solicito de manera expresa que:

• Detengan las provocaciones que inducen a error y que denigran indebidamente la imagen y el desempeño de la Universidad de Costa Rica.
• Se acerquen a la Universidad para conocer con rigor qué es, qu²é hace y cómo se construye el quehacer universitario.
• Respeten el texto y el espíritu de la Constitución Política, siendo los primeros llamados a dar ejemplo de apego al Estado de Derecho y al Ordenamiento Jurídico.

Como comunidad universitaria, tenemos un deber irrenunciable de vigilancia. Todas las alarmas están encendidas. Nuestro accionar debe estar guiado por la defensa de las garantías individuales y sociales, por el respeto a los derechos humanos fundamentales —entre ellos el derecho a la educación— y por la protección del Estado de Derecho como principio esencial de una democracia real, participativa y sustantiva.

Recordemos que esta es una universidad humanista e integral. No somos una simple universidad STEM ni una institución creada para responder a demandas coyunturales de empresas transnacionales. La Universidad de Costa Rica fue concebida para dar respuesta integral a las problemáticas y necesidades nacionales. Producimos conocimiento en todos los ámbitos del saber, desde las Artes y las Letras hasta las Ciencias Sociales, Económicas, Jurídicas, Agroalimentarias, de la Salud, de la Educación, las Ingenierías y las Ciencias Básicas, mediante la docencia, la investigación y la acción social, tanto en el área metropolitana como en las sedes regionales. No nos vengan a decir que no hacemos nuestro trabajo: practicamos lo que ustedes llaman STEM desde hace más de 85 años, y a un nivel de excelencia reconocido a nivel internacional, cuando ustedes son un partido que se improvisó hace solo unos meses.

Nosotros formamos profesionales con una visión integral de país, ciudadanos responsables, comprometidos y dotados de pensamiento crítico. No formamos especialistas deshumanizados al servicio de una maquila económica que prescinde de las personas cuando dejan de ser funcionales a intereses macroeconómicos.

El artículo 84 de la Constitución Política resguarda uno de los preceptos más sagrados de nuestra organización democrática: la autonomía universitaria. Nuestros constituyentes otorgaron a la educación superior pública una independencia plena frente a la injerencia del Poder Ejecutivo, como mecanismo de equilibrio democrático y de distribución del poder, con el fin de evitar la tentación del autoritarismo y de la dictadura. Esta autonomía garantiza, además, la libertad de pensamiento, la producción libre de conocimiento al servicio de la comunidad nacional y el enriquecimiento de la cultura desde una perspectiva ética y humanista.

Finalmente, hago un llamado a la comunidad universitaria a ejercer la educación superior pública con una perspectiva ciudadana y ética, pero también política. La educación pública se defiende porque forma personas libres y pensantes, conscientes de sus derechos y libertades y, sobre todo, dispuestas a defenderlos cuando se ven amenazados, como ocurre en este momento.

¡Comunidad universitaria: mantengámonos alerta! ¡No somos siervos menguados! El pueblo espera que demos las luchas por nuestro país. Una misión democrática y social esencial nos ha sido encomendada y debemos actuar en consecuencia.

Nota del editor: Este texto fue parte del informe de miembro en el Plenario del Consejo Universitario el día 5 de febrero del 2026, a raíz de declaraciones por parte de personeros del Gobierno anunciando injerencia en la autonomía universitaria.