Urge avanzar en sistema eficaz de gestión del agua
Pese a contar con una numerosa red de acueductos rurales que funciona con participación de las comunidades en todo el territorio nacional, es prioritario que Costa Rica se enfoque en la creación de políticas públicas para fortalecer los mecanismos de gestión del agua y en el avance de la legislación con el fin de proteger este bien y declararlo de dominio público.
Esta es una de las recomendaciones de varios especialistas que participaron en foros y actividades de análisis sobre el estado actual del recurso agua, organizadas por el Programa de Gestión Ambiental Integral (Progai) de la Universidad de Costa Rica (UCR), para conmemorar el Día Internacional del Agua.
Los especialistas coincidieron en la urgencia de que se aprueben tres iniciativas presentes en la Asamblea Legislativa y que tienen como objetivo reformar la Constitución Política para declarar el agua un derecho humano y garantizar el acceso de las futuras generaciones a este líquido fundamental para la superviviencia del planeta.
El M.Sc. Rolando Castro Córdoba, funcionario del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), señaló que hay intereses de distintos sectores, entre ellos el turismo, el agropecuario, la hidroelectricidad, la salud y la cultura en torno al agua, lo que ha dificultado ponerse de acuerdo para que los proyectos sean aprobados en el Congreso.
En el tema del agua “se refleja mucho el centralismo institucional”, dijo Castro. La falta de claridad de las instituciones y de instrumentos de planificación son otros aspectos que requieren una pronta atención. “No todas las instituciones pueden ser rectoras” en esta materia, precisó.
Esta situación de desorden y de falta de rectoría institucional ha generado una serie de conflictos en las últimas décadas entre el Estado y las comunidades por la defensa del agua para consumo humano y la protección de las fuentes y los manantiales, recordó Castro.
El abogado se refirió también a la expansión del cultivo de la piña y al uso intensivo de plaguicidas, lo que ha traído como consecuencia en algunas zonas del país la contaminación de los mantos acuíferos y que unos 6 000 pobladores de las comunidades del cantón de Siquirres, en Limón, tengan que tomar agua dispensada por tanques cisternas.
Gestión comunitaria
En Costa Rica, el 24 % de la población recibe agua que proporcionan los acueductos comunitarios. No obstante, en muchos de estos el agua no es potable debido a la falta de recursos técnicos y financieros principalmente.
Para el consultor de la organización no gubernamental Avina, Raúl Gauto, la prioridad es trabajar con los grupos comunitarios para alcanzar el acceso universal al agua potable de manera “sostenible y eficiente”. Indicó que en Latinoamérica estas organizaciones comunitarias resuelven los problemas de acceso al agua a 70 millones de personas.
Asimismo, abogó por la creación de políticas públicas para que las 1600 asociaciones administradoras de acueductos rurales de Costa Rica, conocidas como Asadas, “estén sólidamente manejadas y la profesión del líder comunitario sea reconocida”.
El M.Sc. Rolando Marín León, representante de la Unión Nacional de Acueductos Rurales, expresó que a pesar de que estas organizaciones tienen en sus espaldas la responsabilidad de ofrecer el servicio de un recurso tan vital como el agua, la mayoría de acueductos presentan deficiencias.
A su juicio, estos y otros problemas se resolverían con mayor organización, incidencia política, cohesión y representatividad.
Como presidente de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (Cloacsas), Marín aseguró que en este momento se enfocan en lograr “la institucionalización efectiva de la gestión comunitaria del agua”.
Calidad del agua
La calidad del agua es otro de los problemas que aún no se supera en Costa Rica, aseguró el Dr. Horacio Chamizo García, profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud de la UCR.
“Aún no se ha superado el problema de la calidad microbiológica y la desinfección del agua fuera del área metropolitana”, arguyó.
El académico expuso algunos resultados de las investigaciones realizadas en el curso Ecología y Salud en el litoral Pacífico del país, en donde hay una mayor prevalencia de enfermedades asociadas a la contaminación de la cuenca del río Grande de Tárcoles.
Chamizo mencionó las intoxicaciones por alimentos y bacterias en esa área a raíz de la contaminación del agua, que provocan enfermedades diarreicas agudas y causan mortalidad.
También alertó sobre el aumento en la concentración de nitratos en las aguas de los acuíferos de Colima, del macizo de Barva, que abastece de agua a varios cantones de las provincias de San José, Heredia y Alajuela. Según las proyecciones, esta fuente podría estar fuera de funcionamiento en un lapso no mayor de 15 años.
La presencia de altos niveles de arsénico en el agua en varias zonas del país se relaciona con enfermedades como la insuficiencia renal crónica y el cáncer gástrico, y la dureza del agua o que contiene altos niveles de minerales, como calcio y magnesio, se asocia a la osteoporosis.
Chamizo insistió en la necesidad de explorar más los efectos de estas aguas en la salud de las personas. “El agua no puede estar desvinculada de la salud. Ambas cosas no se pueden manejar de forma separada”, expresó.
Finalmente, el Dr. Ludwig Wendel, profesor en el posgrado de la Escuela de Salud Pública de la UCR, manifestó que hay tres factores clave en una política sobre agua, salud y saneamiento ambiental.
El conocimiento es fundamental para definir hacia dónde se quiere orientar la política; el poder porque está concentrado en ciertos sectores sociales y se requiere dar mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones y, por último, la institucionalidad, que se relaciona con el marco jurídico, la organización y los mecanismos con que cuenta la sociedad civil para canalizar sus demandas.
Periodista Oficina de Divulgación e Información
patricia.bqwgilancopicado @ucrxyqy.ac.cr
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