Especialistas opinan que protección ambiental

Los conflictos sociales en defensa de los recursos naturales son una reacción a hecho de que el Estado no está respondiendo a los intereses y necesidades de las mayorías, opinaron los especialistas (foto cortesía Apreflofas).

El Estado pasó de ser mediador a generador de los conflictos sociales relacionados con el medio ambiente, debido a que la prioridad de los últimos gobiernos ha sido el crecimiento económico y no la protección de los recursos naturales, en criterio de varios especialistas.

Esto ha hecho que el panorama actual sea de mucha conflictividad social y que el país se encuentre en una coyuntura crítica desde el punto de vista ambiental.

El politólogo e investigador M.Sc. Leonardo Merino Trejos, del Programa Estado de la Nación dio a conocer en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) los principales contenidos del capítulo Armonía con la Naturaleza, del Informe Estado de la Nación del 2011 con la participación además de la bióloga y profesora M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta y del abogado ambientalista Lic. Álvaro Sagot Rodríguez.

“Después de los años 90 nos dimos cuenta que la conservación no debe ser la única agenda ambiental del país, pues se quedó por fuera el resto del territorio no protegido, en donde se producen muchos problemas ambientales”, aseguró  Merino.

El M.Sc. Leonardo Merino, la M.Sc. Yamileth Astorga y el Lic. Álvaro Sagot analizaron el capítulo ambiental del Informe del Estado de la Nación 2011 (foto Anel Kenjekeeva).

Explicó que si bien es cierto se puso énfasis en la creación de leyes y de instituciones relacionadas con el tema ambiental, no se mejoró la capacidad del Estado de asumir su obligación como ente regulador del ambiente. “Por acción u omisión el Estado es el que genera los conflictos”, agregó.

Sagot reafirmó lo expresado por Merino y dijo que en su práctica profesional ha constatado que el Poder Ejecutivo dejó de ser “aquél al cual acudíamos los ciudadanos para presentar denuncias y más bien es el fundamento de muchas denuncias, amparado al sector empresarial”.

El jurista recordó como uno de los casos emblemáticos recientes la lucha en contra del proyecto minero Crucitas, en el cual participó como abogado demandante.

En la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre este caso, se afirma que hubo una “orquestación de voluntades” con el fin de que el proyecto minero de Industrias Infinito se aprobara a como diera lugar.

M.Sc. Yamileth Astorga: “Costa Rica está en crisis con muchos de sus recursos: suelo, agua, bosque, pero es una crisis de gobernabilidad” (foto Anel Kenjekeeva).

Se anularon todas las conductas administrativas referentes a viabilidad ambiental, concesión minera, declaratoria de conveniencia nacional e interés público y permiso de tala, expresó Sagot.

En su opinión, “de todo esto es responsable el Poder Ejecutivo que emite normas para favorecer a unos sectores y desproteger a la mayoría, lo cual no tiene ningún sentido, porque el Estado nace para proteger a la mayoría”.

Sin norte

A juicio de Astorga, uno de los problemas mayores de la actual coyuntura ambiental es el hecho de que las autoridades nacionales no tienen un norte definido en materia ambiental.

Lic. Álvaro Sagot: “Existe un problema de validez y eficacia del sistema. Validez porque tenemos normas emanadas de la Asamblea Legislativa, pero estas no se aplican” (foto Anel Kenjekeeva).

Consideró que para la mayor parte de la clase política el tema ambiental es más “un discurso que una voluntad y convencimiento real de que la gestión ambiental debe constituir un eje fundamental de la gobernabilidad del país y de la administración de los recursos naturales en función de la sostenibilidad y del ser humano”.

“Muchas de las políticas puestas en práctica responden a intereses económicos –manifestó–, es lo que se ha venido viendo y denunciado y el motivo de los conflictos generados”.

Para Merino, esta tensión entre protección ambiental y producción económica no ha sido resuelta por el Estado porque no existen mecanismos para decidir cuál es el mecanismo correcto.

El resultado es que el país tiene actualmente la mayor huella ecológica negativa.

M.Sc. Leonardo Merino: “Los conflictos ambientales tienen ahora una dimensión nacional y el Estado pasó de ser mediador a objeto de las denuncias” (foto Anel Kenjekeeva).

¿Porqué un país que tiene tanto territorio conservado tiene una huella ecológica negativa?, se preguntó. La respuesta es que “en el territorio no protegido, nuestro comportamiento es insostenible y nuestra regulación sobre ese territorio es insostenible”, argumentó el investigador del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

La huella ecológica es un índice internacional que mide el uso real de los recursos que hizo el país durante un año y lo compara con el territorio disponible por persona. La brecha puede ser positiva, negativa o neutra.

Costa Rica tiene una brecha negativa de un 13%, lo cual significa que cada persona ocupó en el 2010 un 13% más de lo tiene disponible para vivir. Esa brecha era del 3% en el 2002.

No obstante, los expertos manifestaron su optimismo porque la población costarricense muestra más conciencia y educación en el tema ambiental y ha surgido mayor organización social en defensa de los recursos naturales.

“Tenemos un ordenamiento jurídico muy interesante con la posibilidad de multiplicar los efectos para mejorar el ambiente. La gente se está sensibilizando, ahí empezamos a romper cuando la verdad y el conocimiento nos salta”, destacó Sagot.