M. Sc. Jhon Fonseca Ordóñez, profesor de la Escuela de Administración Pública (EAP) e investigador del Cicap-UCR

La implementación de políticas públicas efectivas es un desafío constante para los gobiernos de todo el mundo. Para optimizar su formulación y ejecución, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proporciona diversas directrices y mejores prácticas en este sentido.

A fin de asegurar que las políticas públicas sean realmente efectivas y cumplan con sus objetivos, es indispensable investigar estos procesos y realizar una evaluación rigurosa de sus impactos. En el contexto de Costa Rica, este proceso adquiere una relevancia aún mayor, dada la necesidad de maximizar los recursos y generar resultados tangibles en beneficio de la población.

En este sentido, la evaluación rigurosa permite ajustar y mejorar las políticas en curso, asegurando que se adapten a las necesidades cambiantes de la sociedad. En nuestro país, donde los recursos públicos son limitados, es crucial que cada colón invertido en políticas públicas genere el mayor impacto posible. La retroalimentación obtenida a través de estas evaluaciones es vital para la corrección de rumbo y la implementación de mejoras continuas, garantizando así que las políticas sean eficientes y efectivas.

Como complemento a lo anterior, la evaluación de políticas públicas fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, ya que proporciona a los ciudadanos y otras partes interesadas información sobre la eficacia de las acciones gubernamentales. En una nación como Costa Rica, con una sociedad civil activa y demandante de transparencia, este aspecto es esencial para mantener la confianza pública y justificar el uso de recursos. Al mismo tiempo, la evaluación permite a la población conocer cómo se están utilizando sus impuestos y qué resultados se están obteniendo.

De igual forma, las evaluaciones permiten el aprendizaje institucional y la difusión de conocimientos sobre qué funciona y qué no en diferentes contextos. Para Costa Rica, este aprendizaje es invaluable, ya que permite adaptar las mejores prácticas internacionales a las realidades locales. La OCDE, al compilar y compartir lecciones aprendidas de sus países miembros, ofrece a Costa Rica una base sólida sobre la cual construir políticas públicas más efectivas y adaptadas a su contexto específico.

En concordancia con la lógica organizacional de compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas, existen muchos casos de éxito que pueden servir de referencia para nuestro país. Uno de ellos es el de Finlandia en educación, donde la constante evaluación e investigación de sus políticas educativas le ha permitido realizar ajustes y mejoras continuas basadas en evidencia. La adopción de métodos similares podría ayudar a identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias más efectivas para la educación.

El sistema de salud costarricense, muy reconocido, pero también con desafíos significativos, podría beneficiarse de experiencias como la canadiense. Este país ha implementado evaluaciones rigurosas de sus políticas de salud pública, resultando en la mejora de la atención médica y la optimización de recursos. Un esquema similar de evaluación de impacto, adaptado a nuestra realidad, permitiría una mejor asignación de recursos y la implementación de políticas que realmente respondan a las necesidades de la población.

Por su parte, Alemania ha utilizado evaluaciones de impacto para reformar su mercado laboral, logrando reducir el desempleo y aumentar la competitividad. Costa Rica enfrenta desafíos en este mismo tema, incluyendo altas tasas de desempleo juvenil y la necesidad de mejorar la capacitación laboral. Estas evaluaciones podrían ayudar a diseñar políticas laborales más efectivas y adaptadas a las necesidades del mercado nacional.

En este contexto, es crucial incorporar la evaluación como parte integral del diseño de la política, no como un añadido posterior. Esto asegura que los objetivos y los indicadores de éxito estén claros desde el principio, facilitando un seguimiento y ajuste más efectivos.

Para lo anterior, involucrar a una amplia gama de actores, incluidos los beneficiarios, expertos, académicos y organismos internacionales, es fundamental para obtener una visión multidimensional de los impactos de las políticas. En Costa Rica, esta participación puede enriquecer el proceso de evaluación y asegurar que las políticas sean más inclusivas y representativas.

En el mundo actual, aprovechar las tecnologías de la información y el análisis de big data puede mejorar la precisión y eficiencia de las evaluaciones. Las herramientas digitales facilitan la recolección de datos y el análisis en tiempo real, permitiendo una respuesta más rápida y ajustada a las necesidades emergentes.

Por consiguiente, es imperativo promover una cultura organizacional que valore y priorice la evaluación y el aprendizaje continuo. Esto implica capacitación y desarrollo profesional para los funcionarios públicos en metodologías de evaluación, de manera que estén equipados con las habilidades necesarias para llevar a cabo evaluaciones efectivas.

En línea con lo anterior, publicar y difundir ampliamente los resultados de las evaluaciones es vital para fomentar la transparencia y el aprendizaje. Esto incluye la creación de plataformas accesibles para compartir informes y datos de evaluación, lo que posibilita a los ciudadanos y otras partes interesadas acceder a esta información y participar activamente en el proceso de mejora de las políticas públicas.

De conformidad con todo lo anterior, es urgente la implementación de modelos de gestión por resultados, en los que la investigación y evaluación de impactos sean componentes esenciales para la implementación exitosa de políticas públicas. Adoptar y mejorar continuamente estas prácticas no solo fortalece su efectividad, sino que también contribuye a formar un gobierno más transparente, responsable y en constante formación.

Al seguir las mejores prácticas propuestas y aprender de las experiencias de otros países miembros de la OCDE, Costa Rica puede maximizar los beneficios de sus políticas y enfrentar de manera más eficaz los desafíos contemporáneos. La evaluación de impacto no es solo una herramienta técnica, sino un imperativo ético y estratégico para construir un país más justo, eficiente y próspero.