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Regular ingreso a las especialidades médicas podría violentar la Constitución Política

Director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la UCR considera que propuesta de reglamento impulsado por el Ministerio de Salud es un desacierto jurídico
18 may 2018Salud

Hace más de un año, el Ministerio de Salud inició un nuevo proyecto para reglamentar el examen nacional de ingreso a los programas de especialidades y subespecialidades médicas. De acuerdo con el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Henning Jensen Pennington, esta pretensión constituye un evidente intento de violentar la Constitución Política en lo referente a la autonomía que le es reconocida a las instituciones de educación superior estatal.

El proyecto de reglamento busca, mediante decreto ejecutivo, que el ingreso de los estudiantes a las especialidades médicas se dé mediante un único examen supervisado por una comisión adscrita al Ministerio de Salud, lo cual violenta dos derechos fundamentales del accionar de las universidades: su autonomía y su libertad de enseñanza.

“La prueba determinaría quiénes ingresan a los centros universitarios que imparten especialidades médicas. Esto vulnera los derechos antes indicados, pues solo pueden ser las mismas casas de estudio las que pueden definir sus criterios de ingreso y de selección a sus estudiantes. En un decreto ejecutivo no se puede restringir derechos fundamentales y, si sucede, se vería fuertemente cuestionado y existiría la posibilidad de que alguna institución lo cuestionara en sede judicial”, destacó el director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la UCR, el Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco.

Anteriormente, ya la Sala Constitucional había sentenciado categóricamente “la potestad de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza que imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella.”

Ante esto, el rector afirmó que “la autonomía universitaria abarca igualmente la libertad de definir los procedimientos propios para el ingreso a estas instituciones y sus carreras. La iniciativa del Ministerio de Salud es, por tanto, inaceptable y debe ser rechazada en todos sus extremos”, enfatizó el Dr. Jensen.

Dentro de los artículos planteados en la norma, la UCR identificó errores conceptuales y de fondo que impiden una clara ejecución de las ideas expuestas. Un ejemplo es que la propuesta de reglamento no tiene objeto, es decir, una norma que explique para qué sirve. Lo que posee es un objetivo sin una definición clara de qué es lo que va a regular y por qué.

Otro aspecto es la inclusión del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en la elaboración del reglamento. Esta, así como la posible aplicación del mismo, es incorrecta. De acuerdo con el Dr. Pastor, el Colegio de Médicos es un ente no estatal creado por ley para regular el ejercicio de la profesión médica, no para controlar a los centros universitarios que la imparten.

De igual forma, la idea de conformar una comisión posee un grave error técnico. El proyecto no indica cuáles serán sus competencias y quién se las delega. Tampoco se entiende si es un órgano desconcentrado o no dentro de la estructura del Ministerio de Salud y, de ser así, cuál sería su grado de desconcentración.

“Se violenta la Ley de Contratación Administrativa al indicar que la contratación del ente externo será bajo los principios de la contratación administrativa, que si bien es otra de las modalidades definidas por ley, el Ministerio, al ser un órgano incluido dentro del Poder Ejecutivo, necesariamente debe aplicar el artículo 1 de esa ley. Asimismo, debe seguir los procedimientos ya definidos y no por medio de la contratación de principios. En caso de hacerlo, requeriría autorización de la Contraloría General de la República y ciertos elementos que no constan en el Reglamento cuestionado”, explicó el Dr. Pastor.

Por otro lado, el proyecto en ningún momento tomó en cuenta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a su Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), ente encargado de contratar a los residentes y el que define las plazas, así como las necesidades de especialistas en el país.

“Estas consideraciones evidencian que la elaboración de este reglamento es un desacierto jurídico. Aunque esté inspirado en buenas intenciones, no fueron bien encaminadas y, de ser promulgado, podría causar más problemas que soluciones”, expresó Pastor.

El próximo martes 22 de mayo se reunirá el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR y dentro de su agenda está la discusión de dicho reglamento, concluyó el vicerrector de Investigación, el Dr. Fernando García Santamaría.

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