La información que extrae la herramienta generada por este proyecto ayudaría a aumentar las posibilidades de éxito cuando la ciudadanía interpone acciones como recursos de amparo; pues, al conocer la forma en que la Sala Constitucional resuelve determinados casos, se podría favorecer una mejor defensa y tutela de los derechos fundamentales. Foto: Laura Rodríguez.

Las diferencias en la convivencia social se atienden por medio de la justicia ordinaria que resuelve asuntos cotidianos, como robos y asesinatos; pero también a través de la justicia constitucional que vela por el respeto de las normas, las leyes y los reglamentos por parte del Estado.

La aplicación de la justicia constitucional en Costa Rica está a cargo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tribunal conocido como Sala Cuarta, ante el cual la ciudadanía puede interponer mecanismos legales, como acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo.

La Sala Constitucional procesó el último año un poco más de 38 000 sentencias en diversas materias. Por medio de estos documentos, se crea jurisprudencia respecto a la forma en que se interpreta y aplica la ley en los casos específicos que presenta la ciudadanía.

Sin embargo, la gran cantidad de sentencias que se han generado históricamente dificulta que puedan consultarse en su totalidad y de manera ágil para efectos de investigaciones académicas o como precedente cuando ocurren situaciones similares.

Frente a los retos que plantea esta temática es que una iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Programa Estado de la Nación (PEN) aplica, de manera innovadora en el país, la inteligencia artificial en el campo del derecho.

Según Evelyn Villareal Fernández, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia del PEN, el proyecto comenzó en el 2020 con la creación de una base de datos que estandarizó la manera en que se archivaban las sentencias. Esto permitió aplicar motores de búsqueda más efectivos.

Asimismo, se implementó un sistema de clasificación temática para facilitar la consulta de los documentos según las áreas que abordaban, pues hasta entonces se carecía de un formato específico para etiquetar y agrupar las sentencias que trataban un mismo tipo de contenido.

“Todas las sentencias estaban en diferentes formatos, unas en PDF, otras en imagen y otras en fotos. Se hizo un proceso de limpieza para tener todas en un lenguaje que la computadora pudiera leer y también se hizo una clasificación estandarizada, porque una sentencia podía decir ‘medio ambiente’, otra ‘ambiente’ y ‘recursos naturales’, aunque todas eran de la misma temática”, explicó la académica.

La experta explicó que, posteriormente, se implementaron otros tipos de análisis para determinar aspectos más específicos, como los tipos de derechos abordados, las personas magistradas que redactaban ciertos temas e, incluso, definir las sentencias referentes, que son los textos más citados por la Sala Constitucional.

“Cuando tratábamos de estudiar la jurisprudencia de la Sala Cuarta respecto a cualquier tema, había unas cantidades de sentencias inmanejables. Eso no lo puede leer nadie, entonces terminábamos haciendo muestras para las investigaciones, para poder reducir ese número hasta tener algo manejable para el ojo humano”, mencionó Villareal, quien enfatizó que los procesos automatizados permiten revisar grandes volúmenes de sentencias en minutos y dan a los estudios una amplitud que antes era impensable.   

“Se pueden efectuar análisis de contenido para extraer argumentos legales, buscar frases, localizar palabras y saber cuál es el contexto donde aparecen. Ahí los abogados tienen material más fino, un grupo más pequeño de sentencias que sabemos que es el de interés. La herramienta permite ahorrar mucho tiempo en la escogencia de las sentencias para los análisis e investigaciones”, destacó la funcionaria.

Esta iniciativa tiene acceso a más de 500 000 sentencias emitidas por la Sala Constitucional entre 1989 y 2018. Los documentos posteriores a estos años permanecen únicamente en Nexus, el repositorio de información que maneja el Poder Judicial y que cuenta con posibilidades de búsqueda más limitadas.

Julio Jurado Fernández, abogado e investigador del IIJ-UCR, enfatizó el interés del proyecto por conocer la forma en que la Sala Constitucional elabora su discurso argumentativo para resolver conflictos. Foto: Laura Rodríguez.

Análisis de datos y machine learning al servicio de la ciencia jurídica

Aunque en otros países, principalmente anglosajones, ya se implementa este tipo de tecnologías en investigaciones del campo del derecho, no se registran antecedentes en Costa Rica respecto al uso de la ciencia de datos, el machine learning y la inteligencia artificial en esta área.

El proyecto dio lugar a la programación de una herramienta que, a partir de algoritmos específicos, permite extraer informaciones y realizar análisis de contenido automatizado, el cual se nutre de manera permanente del trabajo de un equipo multidisciplinario que involucra las áreas de informática, derecho y estadística.

Según Julio Jurado Fernández, abogado e investigador del IIJ, en la justicia constitucional es muy común que existan conflictos entre principios jurídicos o derechos que entran en contradicción y, por eso, se requiere escoger la norma que prevalece y desplaza a la otra sin eliminarla.

“Con este proyecto queremos conocer la forma en que la Sala Constitucional analiza y elabora, si es casual o si tiene algún método en particular. Nos interesa ver la lógica que desarrolla ese discurso argumentativo para resolver conflictos, para otorgarle un mayor peso a un determinado principio en detrimento de otro y ver si hay constantes”, explicó Jurado.

El académico destacó también la intención de la iniciativa por conocer la forma en que la Sala Cuarta construye principios constitucionales que no están expresamente consagrados, sino que se van creando por medio de interpretaciones e, incluso, mediante la combinación de artículos.

“La Sala Constitucional tiene la capacidad de interpretar la Constitución más allá del texto escrito, puede hacerlo de una forma amplia. Hay elementos comunes en las distintas sentencias que nos permiten entender cómo razona y reconocer que siempre le va a dar una preponderancia a un derecho respecto a otro en ciertas circunstancias particulares. Si pudiéramos encontrar esos rasgos y tendencias, podríamos describirlas y explicarlas”, detalló el experto.

Los resultados brindados por esta herramienta les permitirían a abogados litigantes y a la ciudadanía aumentar las posibilidades de éxito al interponer acciones como recursos de amparo, pues conocer la forma en que la Sala Constitucional resuelve determinados casos podría redundar en una mejor defensa y tutela de los derechos fundamentales.

Evelyn Villareal Fernández, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación (PEN), afirmó que los procesos automatizados permiten revisar grandes volúmenes de sentencias en minutos y dan a los estudios una amplitud que antes era impensable. Foto: cortesía del PEN.

La academia pide cuentas en favor de la ciudadanía

Villareal aseguró que esta iniciativa corresponde también a un esfuerzo desde la academia de petición de cuentas, un ejercicio de transparencia y de detección de vacíos respecto a la forma como se están resolviendo los casos de derechos humanos.

“Con esta investigación nos dimos cuenta, por ejemplo, de que los casos relacionados con el costo y facturación del agua son rechazados por la Sala Constitucional, porque dice que eso es del Contencioso, que no le toca ver nada de tarifas, pese a que en la definición del derecho humano al agua de la Asamblea General de las Naciones Unidas se señala su accesibilidad económica”, señaló la académica.

La investigadora celebró la posibilidad de contar con la información aportada por este estudio para evidenciar ante los magistrados situaciones —como el rechazo sistemático de casos relacionados con el derecho al agua— y lograr que se consideren otros aspectos en el análisis de las sentencias, por ejemplo, la afectación de poblaciones vulnerables.

Pese a que, por el momento, la herramienta no cuenta con una versión de consulta de acceso público, dada la complejidad de las tecnologías que involucra, los resultados de las investigaciones se ofrecerán a la ciudadanía. Además, hay disposición del equipo responsable para atender solicitudes de búsquedas específicas, por medio de alianzas estratégicas con centros de investigación y organizaciones especializadas.