Este año la producción de Costa Rica caerá en picada entre un 5% a un 6% en un escenario de recesión económica; ya en 2018, previo a la Reforma Fiscal, era urgente un proceso de reactivación, pero aun así las perspectivas resultaban más favorables. Esta vez, sin embargo, el aderezo mortífero de la pandemia trae a la orilla del camino un guindo adicional: la depresión económica.
Lo explica la economista Marcela Román Forastelli al señalar que la consigna “No más impuestos”, que aglutina a un grupo diverso de la población civil del país, es una irresponsabilidad, y no lo dice siendo insensible a quienes excluidos del sistema hoy protestan en las calles, lo dice porque el camino de la depresión económica conduce a una pobreza mucho más aplastante para esta y las próximas generaciones de costarricenses.
La solución no está escrita como receta, no es solo una y ni hay “otros” a los que culpar, somos todos parte del problema, y debemos buscar rutas de ayuda. En ese esfuerzo economistas reconocidos de la Universidad de Costa Rica como el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR), Dr. José Antonio Cordero Peña, señala una certeza, dice que contraer el gasto del Estado ahora, supondría una reducción más profunda de la demanda y una profundización de la crisis. Su propuesta es reasignar el gasto.
Suena bien, para los que creen con razón que el Estado debe sin reparo, ni demora mejorar su eficiencia en el gasto, y para quienes también creen que se requiere un Estado que considere y vele por el bien común.
El tema fue abordado en el conversatorio “Análisis y perspectivas de la propuesta del Gobierno en torno al préstamo con el FMI” organizado por la Cátedra Alexis Orozco de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y su Asociación de Estudiantes. En el mismo participaron el Dr. Juan Andrés Robalino Herrera, actual subdirector del IICE-UCR, quien se refirió a las propuestas de aumento al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles; el Dr. Edgar Robles Cordero, docente de la Escuela de Economía y exsuperintendente de Pensiones, que se refirió a la propuesta del impuesto del 3% a las transacciones financieras; el Dr. Cordero Peña, se refirió al impacto general de las propuestas de reducción del gasto; y la M.Sc. Marcela Román Forastelli, también docente de la Escuela de Economía, analizó la exoneración, evasión y elusión fiscal, un área en la que la propuesta gubernamental ya ha sido castigada por la opinión pública, por ser mínimo insuficiente.
Al respecto, Román calcula que solo en exoneración -o impuestos perdonados- por cerca de 1 200 leyes propuestas y aprobadas por los diputados de la República a los largo de décadas se podría sumar hasta un 6% del PIB, una cifra muy similar al 5,9% del PIB que es lo que recaudaría la lista completa de intenciones presentada por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), para recibir los beneficios de su crédito.
Si a lo anterior se suman los montos calculados de evasión y elusión fiscal, se podría agregar un 8% del PIB. Pero todos sabemos que golpear ese gigante no es una tarea simple, ni de decidir y menos de ejecutar.
En resumen el listado de intenciones planteadas por el Gobierno en una eventual propuesta al FMI busca una recaudación del 5,9% del PIB, monto del cual más de un 70% proviene del lado de los ingresos y el 30% adicional son restricciones al gasto. Los y la economistas coincidieron en que esos porcentajes sí implican un desbalance, que sin embargo no se soluciona poniendo más peso en las restricciones al gasto y menos a la carga impositiva.
Escuché el conversatorio completo “Análisis y perspectivas de la propuesta del Gobierno en torno al préstamo con el FMI (30 de septiembre 2020)”
Si queremos un país (no es broma), una solución definitivamente deberá incluir más impuestos, todos vamos a tener que pagar más, unos de forma permanente y otros de forma temporal, y es allí donde hay que encontrar un balance, porque también es cierto que tomar medidas contractivas en medio de la crisis puede tener implicaciones negativas. “Sin embargo, sí hay espacio para tomar medias fiscales” explicó el Dr. Juan Robalino pero ¿cuáles?
El Dr. Edgar Robles Cordero cree que el Gobierno se equivoca en tasar las transacciones financieras con el mal llamado “impuesto Tobin”, el tributo que tiene el mayor peso de recaudación en el conjunto de la propuesta al FMI. El economista asegura que por naturaleza este gravamen es restrictivo, que en realidad nació para evitar corridas bancarias internacionales, es decir que desestimula un comportamiento determinado, por lo que utilizarlo para recaudar fondos no es algo que esté sustentado por la evidencia empírica.
Entre otros ejemplo señaló que con la actual propuesta de tasas en un 0,3% del valor de las transacciones , una inversión de US $1 000 dólares a una tasa de 0,25% anual, que es una oferta actual de mercado, tendería un rendimiento negativo.
“Nadie estará dispuesto a invertir para perder. Será más ventajoso dejar el dinero en efectivo y no ganar intereses”, un comportamiento que desincentiva el crecimiento económico.
Este impuesto, además tiene otro factor en contra, el Dr. Jose Antonio Cordero advierte que se podría suponer que perjudica más a la clase media, el grupo de población que ya sostiene sobre sus espaldas el mayor peso del gasto público, y que en esta propuesta en análisis, además se le carga con otros dos fuertes golpes, más renta y más impuestos a los bienes inmuebles.
En este punto, es necesario establecer un parámetro para dimensionar la situación, y para ello pensemos en un miembro de la clase media costarricense, que podría recibir por ejemplo ingresos de 900 mil colones. Esta persona estará sujeta a las nuevas tasas del impuesto de renta, la misma es la que habrá tenido capacidad económica para tener bienes inmuebles, y por lo tanto tendrá también que pagar más impuesto por su propiedad, y a la vez se trata de la misma persona bancarizada que tendrá que pagar el impuesto a las transacciones.
El IICE-UCR propone modificar los tramos y tasas de renta propuestos por el Gobierno, una escala muy criticada por subir muy rápidamente los escalones impositivosy tasar demasiado a la clase media, por lo que el IICE-UCR sugiere suavizarlos para perjudicar menos a este segmento de la población. (Ver gráfico).
Otra propuesta del Instituto es ampliar la base impositiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y reducir el gravamen a la canasta básica de un 13% a un 11% o a un 12% . Los cálculos muestran que se lograría una mayor recaudación aunque el baje el impuesto.
Propuestas hay, pero los economistas aseguran una vez más que no hay recetas mágicas, que la crisis actual de liquidez necesita de acciones articuladas e inmediatas, pero que no se debe olvidar hacer los cambios estructurales, los cambios de largo plazo, los que agrego yo, nos hagan sentir orgullosos de heredar un futuro a las próximas generaciones, cambios que nos permitan alejarnos y muy rápido de los escenarios apocalípticos como los actuales.
En ese sentido hay sí, que evitar que las presiones políticas y populistas por el contrario lleven a una reducción del gasto del Estado, pues ante la destrucción significativa de la producción, de la caída de la demanda global, lo que corresponde hacer a favor de la estabilización económica es justo evitar que la demanda se reduzca aun más.
Cordero advierte que “cualquier esfuerzo de reducción del gasto tiene que ser en la línea de una reasignación del gasto y no una contracción del gasto, para evitar baches adicionales en la demanda agregada que serían terribles para el comportamiento la economía que requiere suplementar la falta de gasto del sector privado”.
Aclara sus comentarios a quienes apuestan por lo que llaman una “contracción expansiva”, donde sus proponentes creen que la contracción del gasto estatal conduzca a un aumento en le gasto general de la economía. Al respecto, advierte que los estudios sobre esta modelo no son concluyentes y el efecto depende de diferentes consideraciones, pero una muy importante es el momento en el que estamos en el ciclo económico, y justo ahora (cerca de una depresión) no es un buen momento; aseguró que esta apuesta “no es una alternativa y que el Gobierno debe permanecer en sus niveles actuales de gasto y buscar los mecanismos de reasignación”, señalo el actual director del IICE-UCR.
Reasignación del gasto a donde más se necesita, y allí es fácil imaginar que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ocupa refuerzos y muchos.
Para lograr el objetivo de proteger el gasto agregado, y en lo que respecta a política monetaria dijo que el Banco Central de Costa Rica debe evitar que se reduzca la liquidez, lo que algunos temerían que podría generar presión inflacionaria, pero que justo el control de la inflación en el momento actual pierde relevancia.
Con respecto al impuesto a los bienes inmuebles, el Dr. Juan Robalino recomienda que el Gobierno Central debe ser quién lo recaude, considerando las habilidades dispares de los municipios para hacerlo; que el aumento en la tasa de 0,25% a 0,75% de debe ser menor, y que las tasas deben varias según valor y uso.
Si mantenemos el gasto, necesariamente hay que hablar de una mayor eficiencia del mismo. Al respecto la economista Marcela Román recordó varios ejemplos de vergüenza estatal como la factura por alquileres en el Estado, solo el Ministerio de Hacienda destina US $16 millones a ello cada año. ¿Cuánto pudo haber construido con ese dinero?; también recordó que al 2018 por comisiones de compromisos o demoras en la ejecución de obra pública se han pagado más de US$ 36,4 millones.
“No es posible hacer lista exhaustiva ni conocer el monto total (del desperdicio) en el Estado, pero sí es evidente que se pueden desplegar las funciones de modo más eficiente, sí que se debe, sí que se puede y se tiene la oportunidad para entrar con seriedad a resolver la ineficiencia” M.Sc. Marcela Román Forastelli.
La docente también funcionaria del Proyecto Estado de la Nación, denunció que la propuesta al FMI incluye vender tierras fiscales y a su criterio no puede haber peor idea que vender suelo público, si ya hay un problema serio de alquileres vender más tierras fiscales puede incrementar el gasto en ese rubro en el futuro.
Eficiencia del Estado tampoco es solo vender FANAL y BICSA, esta acción generaría al 2023 apenas el 0,58% del PIB, la movilidad laboral propuesta, que pretende impactar a 7 000 empleados públicos, generaría a partir del 2022 ahorros del 0,3% del PIB y la reducción de la deuda política en un 50% aportará el 0,10% del PIB solo en el 2021. Son algunas acciones pero el reto de la eficiencia es mucho mayor.
En definitiva Costa Rica hoy tiene una base imponible estrecha, lo que significa que el peso de los impuestos recae sobre pocos, que podrían ser más; que la propuesta al FMI podría ser menos agresiva para la clase media; que las exoneraciones son muchas, y que casi no se incluyen ni mencionan en el documento, un tema que juzgar por los expertos ya es de discusión pública y nacional inevitable “Hay que entrarle al tema de las exoneraciones”; y que el Estado necesita sabiamente reasignar gasto y hacerlo más eficiente. Puede empezar por los alquileres; pero antes de discutirlo hay que tener claro que podemos no solo empujar a la economía a una situación delicada, sino que también si caemos en la tentación de un debate polarizado y poco informado podemos erosianar la democracia. Ojalá nos frenemos unos a otros y logremos responder al bien común.