II Foro Institucional 2011

“A la Universidad le corresponde repensar un Poder Judicial que responda de mejor manera al Estado de Derecho que queremos, de lo contrario simplemente apague y vámonos”, recalcó la jueza Rosaura Chinchilla. La acompañan Walter Antillón y el moderador, Lic. Oscar Hernández (foto Anel Kenjekeeva).

“Las estructuras jerárquicas dentro del sistema judicial costarricense y el hiato profundo entre jueces y magistrados atentan contra la independencia y la dignidad de los jueces, y la ingerencia de la Asamblea Legislativa y, a través de ella de las cúpulas políticas, atenta contra la independencia y la dignidad de los magistrados. Esta suma de dos indignidades ha creado una mezcla de desaliento, cinismo y oportunismo, que son caldo de cultivo de la corrupción”.

Así lo sentenció el jurista nacional, Dr. Walter Antillón Montealegre, durante la primera mesa de discusión Independencia Judicial: entre la política, el derecho y la sociedad, del II Foro Institucional 2011 Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho, que se efectúa en la Universidad de Costa Rica hasta el próximo martes 13 de diciembre.

Durante la actividad, la Dra. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de la República desde hace casi 20 años, avaló lo dicho por el Dr. Antillón al sostener que aunque el principio de independencia de los jueces, está únicamente sometido al ordenamiento jurídico, la Constitución Política y los instrumentos internacionales, “en la última década en Costa Rica nos hemos apartado cada día más de principios básicos como la imparcialidad -función básica que permite que la ciudadanía deposite su confianza en la judicatura-, la legalidad y la responsabilidad”.

Durante su participación donde enfatizó sobre “la dignidad e independencia de los jueces”, el Dr. Antillón manifestó que dada esa situación no es de extrañar que las instituciones judiciales no hayan impedido el asalto muchas veces exitoso de las grandes fuerzas políticas y económicas a órganos que están llamados a ser bastiones de la justicia.

A su juicio el asalto más encarnizado se ha dirigido a la Corte Suprema de Justicia, usando como “caballo de Troya” la elección legislativa de los magistrados propietarios y suplentes.

“En Costa Rica esa debilidad se presenta desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX cuando las condiciones del mundo eran completamente diferentes. El problema es que esas condiciones han cambiado y las grandes empresas trasnacionales tienen un enorme interés de arrasar con los estados nacionales y para eso hay que destruir la justicia”.

“Las personas tenemos el derecho fundamental a una justicia administrada por jueces independientes libres de ataduras y condicionamientos y el Estado tiene el deber ineludible de garantizarlo”, dijo el Dr. Walter Antillón (foto Anel Kenjekeeva).

En el país, esto ha sido posible gracias a la intervención de grupos de diputados quienes, sometidos a las cúpulas políticas de los partidos mayoritarios, “han introducido a sus agentes dentro de los más altos santuarios de la justicia, para convertirla en un insumo del cálculo de utilidades de los grandes intereses de la oligarquía nacional y trasnacional”.

Agregó que de esta forma se ha pisoteado la Constitución Política y las garantías sociales, los principios de legalidad e independencia del juez, la separación de competencias de los tribunales, amenazando con arrasar los últimos reductos del sistema de garantías sustanciales y procesales de imputados y condenados.

Citó que por eso ahora mismo el país sufre las consecuencias del “último zarpazo trasnacional a la institucionalidad de nuestra justicia, perpetrado por la compañía minera Industrias Infinito, con la ayuda de cirineos locales diligentes y sofisticados”.

Para hacer frente a esta debacle, Antillón considera que es primordial recuperar la conciencia de que el auténtico Poder Judicial no es la Corte Suprema de Justicia, sino cada uno de los jueces de la República.

Para ello es fundamental reconocer la dignidad del juez, eliminando la jerarquía en el sistema judicial y distinguiendo a cada uno solo por las funciones que realiza, como sucede en naciones como Italia, Francia, España, Portugal y Grecia, donde se han creado órganos diferentes de los poderes para impartir justicia.

“Un juez no puede ser inferior a otro juez, porque eso lo lleva a doblar su criterio frente al de su superior y esa es la muerte de la independencia judicial”, concluyó.

Parte del público estuvo compuesto por jóvenes estudiantes de la Universidad de Costa Rica (foto Anel Kenjekeeva).

Ante todo la honestidad

Citando una serie de casos acaecidos en el país desde finales de los años 90, que saltaron a la palestra no siempre por motivos de corrupción, pero sí propiciados por la propia estructura del sistema judicial, la jueza Rosaura Chinchilla presentó una crónica “de la decadencia del sistema judicial costarricense”.

Fiel creyente de que la función de legitimación de la justicia se basa en la independencia de los jueces, entrelazó hechos que muestran esa decadencia, a su juicio producto de la voluntad de buena parte de los jueces y magistrados que se han plegado a la enorme presión económica y mediática de los últimos años, dejando de lado la función que se les encomendó de aplicar la Constitución, las leyes de la República y los instrumentos internacionales.

Citó casos como el de un magistrado suplente de la Sala Constitucional que en los años 90 tuvo que renunciar, porque firmó la resolución de un recurso que él mismo interpuso o el caso de un expresidente de la República mencionado en el libro Piedra azul, de Guido Sáenz, que textualmente le dijo: “Guido yo estaba cien por ciento seguro de que me pasaban la reforma, tenía la promesa de cuatro magistrados, uno me traicionó”, esto refiriéndose a la reelección presidencial que se había rechazado por un voto de diferencia, y que dos años más tarde con un voto de diferencia y habiendo cambiado la composición de la Sala Constitucional, se aprobó.

Asimismo el escándalo que se desencadenó cuando Federico Sosto, fue involucrado como asesor gratuito del Poder Ejecutivo en torno a la agenda complementaria del TLC, al tiempo que intervenía votando como magistrado suplente de la Sala Constitucional, algunos asuntos respecto a ese mismo tratado, o el caso que hoy sacude al Poder Judicial, de una nueva renuncia de un magistrado suplente, a quien se le acusa de haber filtrado el borrador de una sentencia a los abogados litigantes.

En su opinión estos y otros casos tienen en común una burda violación del principio de legalidad, pues La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los funcionarios que administran justicia comprometer u ofrecer su voto, insinuar que acogerán esta o aquella designación o cualquier tipo de participación en procesos políticos-electorales, salvo la emisión de su voto.

Con valentía, la Dra. Rosaura Chinchilla indicó que en la cúpula del Poder Judicial prácticamente se decide todo hacia abajo “y si algunos estamos ahí y resultamos electos es porque probablemente sus criterios no funcionaron bien, pero no tenemos garantía de continuar en el cargo” (foto Anel Kenjekeeva).

Para Chinchilla, por otro lado esto revela que existe una serie de vicios en la composición del Poder Judicial que ponen en riesgo la legitimación básica de la justicia costarricense, ante la falta de reglas claras en torno a los nombramientos en propiedad de magistrados titulares y suplentes y el peso que toma para su nombramiento el criterio político, por encima de la idoneidad del o la candidata a ocupar el puesto.

“A nivel de magistrados suplentes –aseveró Chinchilla- la elección ha sido a dedo, en muchas ocasiones conforme a aquellos que sean menos incómodos, sin algún criterio idóneo previo.  De igual forma para acceder a la magistratura tanto propietaria como suplente, es necesario desfilar por las oficinas de diputados y diputadas, no para discutir un curriculum, ideas de país o de sociedad, sino simplemente para mostrar criterios de servilismo”.

La jueza indicó que aparte de todo esto, las funciones administrativas y de gobierno en la cúpula del Poder Judicial se han confundido con las funciones jurisdiccionales, pues un estudio elaborado por Carlos José Gutiérrez, a finales de los años 80, determinó que un 80% de la función de un Magistrado es administrativa y solo un 20% es jurisdiccional. “Es decir, sometemos a criterio de un órgano un curriculum académico en materia jurídica y lo menos que se hace cuando se resulta electo es emitir criterios jurídicos”.

A su juicio lo anterior se agrava cuando se habla del tema de la justicia delegada que hoy por hoy es una práctica cotidiana en el Poder Judicial. “Hoy no hay ningún letrado que no le haga prácticamente la totalidad del proyecto a su magistrado y en el mejor de los casos, éste se limita a leerlo y corregirlo. Pero hay compañeros letrados que dicen que ellos saben que sus magistrados votan a ciegas lo que ellos escriben”.

Ante este panorama y citando una frase de Albert Camus de su libro La Peste dijo que aquí no se trata de heroísmo, se trata solamente de honestidad, que no es más que ejercer el oficio que la sociedad les ha encomendado como jueces y magistrados, concluyó.

Este II Foro Institucional 2011 continuará el próximo martes 29 de noviembre con dos mesas redondas: El Ministerio Público: mecanismos para el fortalecimiento de su independencia funcional, a la 1:00 p.m., en el auditorio del Lanamme en la Ciudad de la Investigación y Acceso a la Justicia y gestión de los tribunales, a las 3:30 p.m., en la misma sede.