Derechos indígenas siguen sin ser reconocidos por Estado costarricense
A pesar de que desde hace 18 años Costa Rica ratificó el Convenio No. 169 sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aún el país no cuenta con una ley que lleve a la práctica los principios establecidos en este instrumento jurídico de carácter internacional.
Así lo aseguró el Lic. Rubén Chacón Castro, especialista en el tema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante una videoconferencia realizada con el fin de divulgar los derechos indígenas en el marco del Convenio 169, realizada desde las instalaciones de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Sabanilla de Montes de Oca.
La actividad fue organizada por el proyecto Capacitación en temáticas vinculadas con pueblos y territorios indígenas de Costa Rica, una iniciativa de la UCR y la UNED, con el auspicio del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El proyecto de capacitación está dirigido a funcionarios y funcionarias universitarias, de las instituciones públicas, privadas y no gubernamentales que trabajan con poblaciones indígenas.
El Lic. Chacón afirmó que desde hace 15 años se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que tiene como objetivo adaptar a la legislación nacional las disposiciones de dicho Convenio, en el que se promueve el respeto por las culturas, formas de vida, tradiciones e identidad de los pueblos indígenas, así como el derecho a regirse por el derecho consuetudinario de estas poblaciones. Este Convenio fue adoptado en 1989 y ratificado por 20 países, en su mayoría de América Latina.
El otro instrumento jurídico internacional a favor de los pueblos indígenas es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007, pero que aún no ha sido ratificada por Costa Rica.
En nuestro país, los pueblos indígenas representan el 2 por ciento del total de la población nacional y están distribuidos en 24 territorios, pertenecen a ocho culturas y mantienen cuatro idiomas vigentes, afirmó Chacón.
“No ha habido voluntad política para aprobar una ley que instrumentalice las disposiciones del Convenio 169”, aseguró el jurista, en relación con el proyecto de ley sobre autonomía indígena que no ha sido acogido en el Congreso.
Para el especialista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCR, tampoco existe conciencia acerca del rango constitucional de dicho Convenio, lo cual ha quedado evidenciado en varios fallos de la Sala Constitucional.
Un ejemplo es en relación con el tema de consulta y participación, explicó Chacón, sobre el cual hay dos votos de la Sala Constitucional que contradicen lo recomendado por las Naciones Unidas, que establece que los pueblos indígenas deben participar en la formulación de los planes de desarrollo que les afecte.
No obstante, en la práctica ocurre lo contrario, manifestó el Lic. Chacón. “Los pueblos indígenas se quejan de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no los consultó en relación con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en el cantón de Buenos Aires”, dijo Chacón.
El derecho a la tierra es otro de los derechos básicos reconocido en el Convenio 169; sin embargo, en Costa Rica el 50 por ciento de los territorios indígenas están en manos de personas no indígenas.
Además, esta tendencia del irrespeto a las tierras indígenas se refuerza con el criterio expresado por algunos magistrados de la Sala Constitucional, quienes están a favor de que las tierras comunales desaparezcan en el país.
Irrespeto a las diferencias
La indígena Sara Síbar, funcionaria de la Fiscalía Indígena del Poder Judicial, expresó que el Convenio 169 es un avance en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, los cuales han sido invisibilizados por los Estados.
Síbar recordó que muchos de los logros alcanzados en esta materia se deben no solo a las acciones del Estado costarricense, sino también a las luchas de los pueblos indígenas por el derecho a contar con una cultura autóctona y en defensa de sus derechos como seres humanos y como colectividad.
“Costa Rica, como Estado, se unió al grupo de países que optaron por la homogenización de la cultura y la invisibilización de los pueblos indígenas”, dijo la indígena cabécar, lo cual a su juicio significa el irrespeto a las diferencias.
La funcionaria indígena consideró que el principio de “igual ante la ley” a menudo se vuelve en contra de las personas indígenas, que son tratadas en igualdad de condiciones a las no indígenas y se ven obligadas a adentrarse en un mundo que no conocen. “La igualdad más bien se convierte en enemiga de lo indígena”, destacó Síbar.
Por último, opinó que el Estado costarricense tiene “una deuda histórica” con los pueblos indígenas al no haber ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre la materia.
En la videoconferencia participaron también como expositoras la abogada de la OIT, Tania Caron, quien habló sobre los antecedentes del Convenio 169 y las disposiciones que este instituye; la M.Sc. Vania Solano Laclé, funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, quien se refirió al proyecto de capacitación que desarrollan la UCR y la UNED, y el Lic. Amílcar Castañeda, moderador de la actividad.
La audiencia estuvo compuesta por funcionarios y estudiantes, quienes participaron con preguntas y comentarios desde Turrialba, Ciudad Neilly, Pérez Zeledón y Sabanilla de Montes de Oca.
Periodista Oficina de Divulgación e Información
patricia.bgttilancopicado @ucrjzsl.ac.cr
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