Libro recoge posición universitaria sobre TLC

El editor de esta nueva publicación es el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

La posición de las universidades públicas en torno al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) queda plasmada en una nueva publicación del Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Su editor es el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien se encargó de recopilar los acuerdos de los Consejos Universitarios de las cuatro universidades públicas: la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la UCR.

Según explica Romero en la presentación el polémico acuerdo tendrá un impacto contundente sobre el porvenir de nuestra sociedad, por lo que se hace necesaria la información, divulgación y conocimiento de los diversos puntos de vista acerca de esta problemática y de un debate nacional al respecto.

Para su criterio, las universidades públicas cumplen de esta manera con su compromiso histórico, de fijar su posición ante este aspecto de tanta trascendencia.

El recomienda que este documento, así como el Informe de los Notables y el Informe de la Defensoría de los Habitantes sobre el tema sean valorados y tomados en cuenta en la discusión y en su aprobación o rechazo.

El libro denominado “Posición de las universidades públicas en torno al Tratado de Libro Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos; Acuerdos de los Consejos Universitarios: UCR, UNA, UNED e ITCR”, puede ser consulta en la siguiente dirección electrónica: www.iij.derecho.ucr.ac.cr

Universidades consultadas

Por la trascendencia del proyecto, las instituciones públicas de educación superior fueron consultadas y sin excepción todas manifestaron por medio del pronunciamiento de sus Consejo Universitarios su oposición y hacen un llamado para que no se apruebe ese texto.

En la Universidad de Costa Rica, la Rectoría le remitió el 31 de enero de 2006, al Consejo Universitario el Expediente 16.047 que le hiciera llegar el 8 de diciembre del 2005, el diputado Rolando Laclé Castro, entonces presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Dicho Consejo Universitario acuerda en sesión No-5058 del martes 28 de marzo de 2006, que se rechace el proyecto, considerando que define reglas supranacionales, con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos, en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza, como la propiedad intelectual, el ambiente, la inversión, la agricultura, los temas laborales, las disputas judiciales, las políticas públicas y el papel del Estado.

También establece que contiene transformaciones radicales y profundas en la estructura y funcionamiento del Estado costarricense, al limitar y redefinir el ejercicio de sus potestades esenciales. Estas transformaciones se traducen en pérdida de soberanía, pérdida de autonomía para establecer sus propias políticas de desarrollo, así como pérdida de la capacidad regulatoria del Estado para ordenar, conforme al interés nacional, el desempeño de actividad productivas en su territorio. El acuerdo universitario señala que con ese proyecto se golpea la autonomía del parlamento costarricense para dictar leyes nacionales y puede afectar en forma irreversible el modelo de desarrollo solidario que hemos heredado.

Por otra parte, el 25 de mayo del 2006, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional toma el acuerdo de oponerse a la aprobación del texto del TLC y señala la necesidad de que el país logre un crecimiento económico con desarrollo social y que se aboque a resolver sus problemas estructurales. Además manifiesta su compromiso de contribuir en la construcción de una agenda permanente de país, que garantice el fortalecimiento del Estado social de derecho y las garantías económicas, laborales, sociales, ambientales, educativas y de salud de la población.

Para el 10 de agosto el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica hace público su pronunciamiento. En él hace una firme oposición a la ratificación del actual proyecto, por contener evidentes asimetrías que ponen al país en desventaja frente a su contraparte, además de que reitera la preocupación ante las gestiones gubernamentales y legislativas orientadas a ratificar ese tratado, sin que el país cuente con una agenda de desarrollo nacional que minimice los riesgos e impactos negativos a los sectores más empobrecidos y nos garantice que el mismo se aplicará y entenderá dentro de una visión compartida de país, dentro de un modelo de desarrollo conforme con nuestra cultura y con las mejores tradiciones de democracia y justicia social.

Además hace un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar el diálogo con todos los sectores institucionales, sociales y productivos, y para la construcción de una Agenda Nacional que enmarque la estrategia de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. También exhorta a toda la comunidad institucional y nacional para que participen de manera crítica y creativa en el diálogo nacional.

La Universidad Estatal a Distancia da a conocer su opinión al respecto, el 19 de setiembre de 2006 indicando la necesidad de fortalecer el sistema educativo público con la dotación de más recursos y de velar por el mantenimiento y consolidación de niveles educativos con excelencia, para sostener nuestra mayor ventaja competitiva.

Manifiesta que independiente de la aprobación del TLC, se debe poner en vigencia una Agenda complementaria y de desarrollo que establezca acciones a corto, mediano y largo plazo, para que el desarrollo del capital humano tenga un espacio decisivo para aprovechar sus oportunidades y reducir sus desventajas y propiciar, así un mejor nivel de vida para las grandes mayorías. Además plantea la necesidad de legislación apropiada y de proyectos de desarrollo para insertarse con éxito en la dinámica actual de la economía mundial.

Le pide a la Asamblea Legislativa que para una eventual aprobación de cualquier tratado internacional es requisito indispensable salvaguardar la soberanía nacional, propiciar la mayor equidad en los compromisos multilaterales que se adopten, velar por el beneficio para los sectores más desposeídos y por la disminución de la brecha social.