M.Sc. Marta Bustamante Mora, investigadora de la UCR.

La Universidad de Costa Rica fue creada en beneficio de todo el territorio nacional. Su nombre, lejos de ser una simple etiqueta, determina su ámbito de acción y la compromete con el país en su totalidad. La acción universitaria, con una proyección más allá de la simple presencia física, está orientada hacia una influencia efectiva, que le permita contribuir con el desarrollo de todas las regiones, en respuesta a sus problemas, necesidades y oportunidades.

Hasta la década de 1960, la Universidad procuró cumplir con esta misión desde su campus ubicado en San José. Sin embargo, varios factores comenzaron a mostrar las limitaciones de esa estrategia, entre ellos el crecimiento de la población, la desigualdad en el acceso a la educación superior, la centralización política y administrativa institucional, el distanciamiento entre la universidad y la sociedad y el acceso a los estudios superiores solo para ciertos grupos privilegiados.

Esto motivó la búsqueda de otras formas de responder a las necesidades del país. Así nació el modelo de espacios universitarios en las regiones, iniciando con la apertura del primer centro regional en la ciudad de San Ramón en 1968, seguido por Turrialba, en 1971 y en Liberia en 1972.  Hoy, con seis sedes regionales y cuatro recintos, el modelo ha demostrado ser exitoso y ha permitido el acercamiento a las comunidades, con una influencia positiva. Lo que empezó como una respuesta necesaria, con el tiempo se convirtió en una de las apuestas más valiosas de la Universidad.

Actualmente ambos modelos -el central y el regional- conviven y se complementan. La Universidad se proyecta en el territorio nacional tanto desde sus espacios regionales, como desde sus facultades, escuelas y unidades de investigación ubicadas en el campus central. Como ejemplo, alrededor del 27% de los proyectos de acción social se gestan en las sedes regionales y sus recintos y cerca del 45% de los proyectos generados en el campus central tienen proyección regional. En investigación se observa una dinámica similar. 

En cuanto a la docencia, una cuarta parte del estudiantado de pregrado y grado se forma en sedes regionales y recintos, en áreas diversas como agronomía, educación, ingenierías, administración y economía, derecho, turismo, informática, movimiento humano, diseño, cultura, y desarrollo sostenible.

Cabe destacar que la gran mayoría de la población proviene de familias de escasos recursos económicos; entre el 75 y el 90% del estudiantado estudia con el respaldo del sistema de becas socioeconómicas. Esto no es solo un dato; detrás hay miles de historias de esfuerzo, de familias que apuestan por un futuro diferente, de comunidades que empiezan a escribir otra historia.

A pesar de los logros, tenemos que reconocer que la regionalización, más que una meta cumplida, sigue siendo un proyecto inconcluso. Para potenciar el aporte de la Universidad en las regiones, necesitamos fortalecer de forma contundente las sedes regionales, tanto en infraestructura como en recurso humano y capacidad operativa. Este objetivo ha comenzado a consolidarse como parte de una visión estratégica institucional y a posicionarse entre las prioridades universitarias.

Por otro lado, se requiere que la acción institucional se ajuste constantemente en respuesta a los cambios de la sociedad. Las comunidades no son las mismas de hace 50 años, ni sus expectativas tampoco. Esto exige una planificación institucional con metas claras y estrategias articuladas entre las sedes regionales y las demás unidades académicas.

No se trata de replicar el modelo central en cada región, sino de integrar esfuerzos desde una visión universitaria compartida, aprovechar las fortalezas, potenciar sinergias y evitar duplicidades. El desafío actual es pasar de una regionalización que se sostiene por inercia a una regionalización guiada por estrategia. Esto exige que veamos la presencia en las regiones no como un esfuerzo periférico, sino como un componente esencial del modelo universitario. 

La regionalización de la educación superior es, sin duda, un derecho de la población, una responsabilidad institucional y una necesidad del país. Es un derecho porque abre puertas y permite romper ciclos de pobreza y generar nuevas posibilidades para las familias y las comunidades. Es una responsabilidad para la Universidad porque así lo dictan el mandato legal y el compromiso ético con el bien común. Es una necesidad porque el desarrollo de Costa Rica no puede concentrarse, necesita conocimiento, talento, propuestas y soluciones en todas sus regiones.

Los pies de la Universidad recorren cada día nuestro país, y es en esos pasos, en donde la Universidad, a sus 85 años, reafirma su compromiso con el país entero.