La GAM es un crisol entre exclusiones y abundancia

El modelo de ciudad imperante en la Región Central se basa en nuevas formas de comerciar, como “malls” o centros comerciales, con abandonos estatales selectivos que generan injusticias espaciales donde no existen condiciones de vida digna en caseríos cercanos a laderas o ríos, aseguró el investigador Andrés Jiménez Corrales. Foto Eduardo Muñoz-S.

Mientras el Estado presume logros de crecimiento económico, la realidad es que basta con recorrer unos pocos pasos entre comunidades, a veces solo separadas por un puente, para comprobar que en el Gran Área Metropolitana (GAM) se evidencia que Costa Rica es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE-2025) con mayores índices de desigualdad social y disparidad en la distribución de ingresos y la riqueza producida, solo precedido en el ámbito mundial por Turquía.

Y es que la GAM, la zona más habitada de la Región Central, es el espejo fidedigno que refleja esas disparidades. A las necesidades de sus habitantes habituales debe sumarse la presión demográfica en las últimas décadas por la confluencia de las poblaciones migrantes y de personas excluidas de otras regiones que en el pasado eran eminentemente agrícolas o de otras que abandonan sus comunidades de origen ante la falta de servicios básicos como vivienda digna, educación, salud y empleo de calidad. 

Pese a que la OCDE-2025 analizó la realidad nacional, en la GAM es posible constatar lo expuesto en ese informe en cuanto a desigualdad en el mercado laboral, con una tasa de empleo informal que ronda el 40% de la fuerza laboral. Aunque las autoridades gubernamentales aseguran una disminución en el desempleo, la OCDE-2025 directamente lo atribuye a “una participación reducida de la fuerza laboral, en particular de las mujeres y los jóvenes”.

El crecimiento urbano desordenado en la Región Central, sobre todo en la GAM, sigue presionando al Estado y a sus 45 gobiernos locales para realizar inversiones prioritarias para la prestación de servicios públicos de salud, educación y seguridad ciudadana, a lo que se suma la urgencia de obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado, tratamiento de desechos y la construcción de más viviendas de índole social.

No obstante, los contrastes de la Región Central se hacen más evidentes al comparar los cantones urbanos con los más cercanos a la frontera regional. La GAM concentra la mayor riqueza acumulada del país y es responsable del 77 % de la generación del Producto Interno Bruto (PIB). Pero a medida que los cantones se alejan de la GAM, se revelan diferencias en aquellos con tradición más agrícola, según datos del Índice de Desarrollo Social del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (IDS-MIDEPLAN 2023).

Lo urbano como un tema político

“En la ciudad hay claros conflictos de actores. Es necesario generar una verdadera democracia urbana gestada desde las necesidades de las personas que habitan el territorio, pero hay grupos grandes de personas excluidas cuyas voces no son tomadas, no son escuchadas”, subrayó el geógrafo Andrés Jiménez Corrales, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR) y docente de la Escuela de Geografía (EG-UCR).

Con respecto al crecimiento desordenado de la Región Central, Jiménez enfatizó que “el urbanismo y la planificación urbana son acciones estatales; por lo tanto, debemos cuestionarnos todo proyecto territorial que vaya a suceder: desde dónde está surgiendo y para quiénes se está desarrollando. Esas dos preguntas son esenciales para cuestionar lo que estamos viviendo”.

Sobre este mismo tema, es obvio que el desarrollo urbano está fuera de control, carece de una planificación adecuada, y ha producido “manchas grises, sin gestión del riesgo y para las instituciones no son prioridad las poblaciones que viven bajo condiciones despojo y más bien las ven como un estorbo.  Las actuales políticas de Estado y locales consideran que las personas que viven en situación de pobreza son el problema y no el modelo impulsado desde el Gobierno”, acotó el Lic. Luis Sanabria Zaniboni, coordinador del Observatorio de Bienes Comunes: Saberes y prácticas ante los cercamientos del agua y la tierra (EC-518), un proyecto de Acción Social del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), adscrito a la Escuela de Ciencias Políticas, que tiene entre sus objetivos la recopilación de información científica para generar espacios de diálogo entre las comunidades y la universidad sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

El geosoborno frente a los descartados

“Detrás de esta nueva forma de vida está el miedo a la ‘otredad’, es decir un temor a otras personas ajenas a ese estatus social”, reflexionó el investigador Andrés Jiménez Corrales, quien describe a estas nuevas comunidades como “islas de opulencia surgidas con el beneplácito estatal, algo ya muy común en toda América Latina”. Foto Eduardo Muñoz-S.

Para el geógrafo Jiménez el tema de las grandes ciudades en la Región Central es muy complejo, partiendo del hecho que en la GAM viven permanentemente el 60 % de la población nacional en un espacio que apenas llega al 5 % del territorio, donde el Estado “privilegia un modelo de desarrollo espacial desigual". Esa concentración poblacional se debe que en esta pequeña extensión existen más opciones de empleo, bienes, servicios, oportunidades, es una área geocéntrica atractiva para personas y las inversiones de capitales”.

Sin embargo, el investigador recalcó que en esa lógica estatal está presente el concepto de geosoborno, que se refiere a la creación de desigualdades fruto de los incentivos “ofrecidos al sector inmobiliario de parte de parte de toda una estructura institucional que pretende facilitar las inversiones y los procesos de acumulación que están generando las empresas inmobiliarias mediante la construcción de nuevas edificaciones en la ciudad”. 

Jiménez agregó que parte de esa estrategia empresarial es comprar las tierras baratas y poco a poco ir desplazando a poblaciones enteras.  Pero, hay que tomar en cuenta “que este modelo no modifica los entornos inmediatos a esos proyectos, no hay cambios en la política del gobierno local para mejorar servicios al resto de la población o la infraestructura pública porque el gobierno es selectivo, hay actores que importan o no tanto”. Predomina en esta dinámica la idea de vivir amurallado, en urbanizaciones encerradas, continuó Jiménez, no solo se vende una vivienda, sino amenidades vinculadas a una calidad de vida y a un imaginario social que otorga un determinado prestigio. “Detrás de esta nueva forma de vida está el miedo a la ‘otredad’, es decir un temor a otras personas ajenas a ese estatus social”, reflexionó el investigador que describe a estas nuevas comunidades como “islas de opulencia surgidas con el beneplácito estatal, algo ya muy común en toda América Latina”.

Ese mismo fenómeno ocurre en otras regiones, agregó el Lic. Sanabria, donde el campesinado es desplazado por empresas de monocultivos que agotan las tierras, las fuentes de agua y las posibilidades de seguir produciendo en sus parcelas, y terminan migrando a las ciudades. Esa migración es evidente en la gran cantidad de asentamientos informales, popularmente conocidos como tugurios, construidos en laderas, orillas de ríos o en áreas boscosas carentes.

“Estas personas desplazadas no tienen habilidades para enfrentar la vida urbana, se dedican a trabajos informales u ocasionales porque sus conocimientos y habilidades no son útiles en las ciudades; y la política Estatal para abordar este problema no existe porque ellos son descartables, afean los paisajes e incluso por su condición de pobreza son criminalizados”, censuró Sanabria.

Sanabria acotó que incluso en la Región Central, y concretamente en Santa Ana, en cerros de Escazú y otros sitios donde aún hay tierras con vocación agrícola, sus propietarios registrales las alquilan a campesinos. “Pero eso se terminará cuando los desarrolladores urbanísticos le echen la mirada para seguir expandiendo sus inversiones en esas zonas, es decir, son grupos campesinos en condición de vulnerabilidad que cuando sean desplazados no tendrán cómo sobrevivir o adónde ir.”

Aporte de la universidad pública

De los 729 proyectos, iniciativas y programas de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR (VAS), un total de 545 inciden en la Región Central con un abanico de propuestas diseñadas a partir del vínculo universidad-sociedad que la academia ha venido consolidando a lo largo de sus 85 años de existencia.

“Creo que tenemos que seguir articulando con la gente de cada territorio en los que estamos, creando y fortaleciendo los protocolos de Acción Social; es una responsabilidad”, aseguró el Lic. Sanabria.

Para Sanabria, desde la Acción Social no se trabaja desde el activismo ni desde el asistencialismo, sino a partir de una estrategia pedagógica con el propósito de ir tejiendo un acumulado de conocimientos y habilidades  en las comunidades para que desarrollen capacidades de incidencia en las políticas públicas.

Bajo la tiranía de las estadísticas oficiales

Aunque la Región Central tiene la mayor cantidad de cantones del país con las mejores condiciones para vivir, ingresos por persona superiores en comparación con el promedio nacional y más cantidad de servicios asociados a la calidad de vida, estos datos solo son parte de una estadística oficial, porque hay miles de personas que habitan en muchas comunidades en situación de pobreza y/o pobreza extrema.

“Tengamos claro que las estadísticas oficiales justifican este modelo social, son una cortina de humo para no evidenciar que hay miles que no cuentan con apoyos sociales, no tienen acceso a los sistemas de salud, a educación formal o posibilidades de formación. 

Esas estadísticas hasta definen que el nivel de pobreza de una familia dependen si están ¢1000 para arriba o para abajo del promedio establecido por el gobierno de turno, eso es vergonzoso”, criticó el Lic. Luis Sanabria Zaniboni, coordinador del Observatorio de Bienes Comunes (EC-518).

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