La confianza institucional de la población en Costa Rica se mantiene baja en comparación con los promedios regionales

El Seminario Monitor OCDE: Informe Government at a Glance 2025 fue  una jornada académica que reunió a personas representantes del sector público, académico, privado e internacional para analizar los hallazgos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la gobernanza pública en Costa Rica.

La actividad, organizada de manera conjunta por la Escuela de Administración Pública (EAP) y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), en el marco de las acciones del Monitor OCDE de la Universidad de Costa Rica, fue un espacio institucional orientado a promover el análisis comparado, la generación de evidencia y la reflexión crítica sobre las políticas públicas nacionales a la luz de los estándares internacionales.

El análisis observa la realidad costarricense en el contexto de las 38 naciones que conforman la organización y en las cuales, una de cada dos personas (48 %) asegura tener baja o falta de confianza en el gobierno nacional. Si bien algunas interacciones cotidianas con instituciones públicas son valoradas positivamente, otras generan insatisfacción como en el caso de los sistemas educativos (50 %) y sanitarios (40 %). Costa Rica no escapa de esa realidad. 

La actividad analizó el más reciente compendio estadístico y analítico de la OCDE sobre desempeño gubernamental resumido en la publicación de los resultados del Informe Government at a Glance 2025, para identificar los principales desafíos de Costa Rica en materia de confianza institucional, prestación de servicios, gobierno digital, infraestructura, empleo público y sostenibilidad fiscal.

Costa Rica en la OCDE

Tras un diagnóstico integral del estado de la gobernanza pública en Costa Rica, se evidencia que el país logró avances normativos importantes —especialmente tras su incorporación a la organización en 2021—, pero enfrenta retos estructurales en la implementación, coordinación y evaluación de políticas públicas.

Los hallazgos más recurrentes se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

1. Confianza institucional: se mantiene baja en comparación con los promedios regionales. Requiere políticas de apertura, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.
2. Calidad de los servicios públicos: persisten brechas territoriales, regulatorias y de equidad, que demandan una visión integral de acceso, calidad y sostenibilidad.
3. Transformación digital: aunque existen avances, la falta de interoperatividad y cultura organizacional digital limita los beneficios del gobierno digital.
4. Infraestructura y contratación pública: urge fortalecer la planificación, simplificar procesos y mejorar capacidades técnicas y éticas del personal.
5. Empleo público: el sistema debe orientarse a la profesionalización, evaluación del desempeño y transparencia salarial.
6. Sostenibilidad fiscal: es necesario reorientar el gasto hacia resultados, mejorar la progresividad tributaria y consolidar la eficiencia presupuestaria.

Las personas especialistas llegan a esas conclusiones tras haber expuesto sus análisis en temáticas de confianza, seguridad y dignidad, apertura, transparencia y participación, servicios públicos, gobierno digital e innovación, planificación y ejecución de infraestructura, contratación pública y gasto público e ingresos públicos. 

La amplia gama temática fue debatida entre las autoridades, el personal experto y las personas panelistas de las instituciones.

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Recomendaciones de peso

El Monitor OCDE de la Universidad de Costa Rica es un espacio de referencia nacional para la observación, el debate y la rendición de cuentas sobre el desempeño del Estado costarricense frente a los estándares internacionales.

El diálogo, generado entre participantes y sus instituciones representadas, es una promesa de compromiso con la mejora de la gobernanza pública, la cual no depende únicamente de las normas, sino también del fortalecimiento de las capacidades institucionales, la ética pública, la innovación y el compromiso ciudadano.

Se concluye que: "Costa Rica cuenta con los recursos humanos, académicos e institucionales para alcanzar una administración pública moderna, transparente y eficiente, siempre que la evidencia, la colaboración y la confianza sean los pilares que orienten la acción pública". Así lo señala el documento de síntesis de la jornada, que se realizó el 6 de octubre anterior. 

Como producto del proceso, el espacio de trabajo concluye que es conveniente Institucionalizar el Monitor OCDE-UCR como observatorio permanente para evaluar la implementación de las recomendaciones de la organización en Costa Rica. Además, se observa la necesidad de promover una Ley de Participación Ciudadana, que establezca mecanismos claros de consulta, control y retroalimentación, y que se favorezca la evaluación del desempeño institucional, así como impulsar la profesionalización del empleo público mediante marcos de competencias, capacitación continua y cultura de mérito.

También, se evidenció la necesidad de consolidar la gobernanza digital, fomentar la planificación de infraestructura con criterios de sostenibilidad y eficiencia, desarrollar una cultura fiscal basada en resultados, donde se priorizan el uso eficiente de los recursos públicos, ampliar la cooperación internacional con la OCDE, el CLAD y otros organismos; con una orientación hacia el aprendizaje institucional y la mejora regulatoria; que impulse la formación académica sobre estándares de la OCDE en programas de grado y posgrado y comunicar, de forma accesible y transparente, los avances del país en gobernanza, para fortalecer la confianza pública.

Algunas ideas puntuales

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) fue citado como ejemplo de avance parcial, pues el puntaje promedio en acceso a la información (58,9 %) refleja los esfuerzos institucionales, pero también las desigualdades significativas entre sectores. El grupo de trabajo propuso un la creación de un laboratorio de integridad en territorios como iniciativa de innovación institucional para promover la transparencia, la participación y confianza pública. 

En cuanto a servicios públicos, destacó la necesidad de avanzar hacia una regulación con enfoque de género y diversidad, capaz de reconocer las distintas condiciones de los usuarios. También, se comentó que los procesos de consulta ciudadana deben ir más allá de los eventos puntuales: es necesario institucionalizar espacios de diálogo continuo y mecanismos de rendición de cuentas.

Un aspecto central fue la atención a la población adulta mayor, misma que utiliza cada vez más los servicios públicos. Se recomendó adaptar las infraestructuras, los procesos y el personal para garantizar una atención digna, accesible y centrada a la persona usuaria.

En cuanto al gobierno digital e innovación, resaltó la importancia de promover la alfabetización digital ciudadana, tanto en competencias básicas como en avanzadas, Se abordó el papel emergente de la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública, donde se reconoce su potencial para mejorar la toma de decisiones y los servicios, siempre que su uso se enmarque en criterios éticos, de seguridad de datos y transparencia algorítmica.

Las personas panelistas coincidieron en que el país requiere una reforma estructural en materia de contratación pública, enfocada en la profesionalización, la simplificación de trámites y la incorporación de tecnología. Se enfatizó la necesidad de modernizar la Ley General de Contratación Pública, fortalecer las competencias técnicas del personal, e impulsar programas de certificación y capacitación continuas.

La discusión abordó el potencial de la interoperatividad y los datos abiertos para mejorar el control y la eficiencia en los procesos de compra estatal. Asimismo, se propuso orientar la contratación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se incorporen los criterios de sostenibilidad e innovación, y aprovechar herramientas de inteligencia artificial para aumentar la eficiencia y reducir riesgos de corrupción.

Las personas expertas subrayaron que Costa Rica aún opera bajo un modelo institucional excesivamente fragmentado y rígido, con múltiples regímenes y escalas salariales dispares. La OCDE recomienda avanzar hacia un sistema integrado, basado en la evaluación de resultados, la planificación del talento y la movilidad interna, con el fin de generar una administración más eficiente, meritocrática y sostenible.

El informe de la OCDE subraya la existencia en Costa Rica de un sistema tributario poco progresivo, que restringe la redistribución y perpetúa las desigualdades en el acceso a los servicios públicos. También, advierte sobre la fragmentación institucional del sector público, compuesto por entes autónomos y municipales con escasa coordinación financiera.

Uno de los problemas más críticos es la ausencia de evaluación de resultados en el gasto público. Las personas coincidieron en que sin mecanismos de medición, el Estado no puede mejorar su eficiencia ni garantizar que los recursos públicos generen verdadero valor social. Finalmente, se planteó la urgencia de fortalecer la gestión basada en resultados, mejorar la transparencia fiscal y desarrollar una cultura de evaluación económica que permita tomar decisiones informadas y sostenibles.

La OCDE

Esta organización diseña políticas a nivel global para impulsar el crecimiento económico del planeta. Para los países en desarrollo, pertenecer a este grupo de naciones representa la oportunidad de realizar una gestión pública ordenada y enfocada en el desarrollo económico como política de Estado y donde se sobrepasan de las políticas de Gobierno, que son mucho más cortoplacistas. Hoy, la OCDE es un grupo de 38 naciones con las economías más desarrolladas del globo, que se se comprometen a fomentar el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad financiera. Costa Rica ingresó a este club oficialmente en el 2021 y desde el 2022 el Monitor OCDE de la UCR analiza las políticas públicas en el país.