Ph. D. Marianela Zúñiga Escoabar, coordinadora de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, recordándonos que el acceso a una alimentación adecuada, saludable y sostenible es un derecho humano fundamental, no un privilegio.

Este año, bajo el lema “De la mano por unos alimentos y un futuro mejores”, la reflexión nos invita a considerar los desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios en relación con los efectos de los fenómenos meteorológicos y cambios climáticos extremos, las crisis económicas y la creciente desigualdad.

Para el caso de nuestro país, se suman situaciones que evidencian la fragilidad de un marco normativo que carece de políticas y leyes necesarias para atender el tema alimentario desde una concepción sistémica.

En ese sentido, el reforzar procesos de construcción social acerca de la importancia de los sistemas alimentarios adecuados es vital, porque las discusiones de las y los diferentes actores sociales se convierten en orientaciones que pueden llegar a construir nociones de políticas públicas. Esto es muy necesario.

A lo largo de la historia política y alimentaria de América Latina, los modelos de desarrollo lineales (que carecen de la complejidad sistémica), han marcado la pauta, desde un enfoque meramente lucrativo, en las decisiones e intereses de nuestros sistemas alimentarios, lo que ha dejado de lado un enfoque de derechos humanos que asegure la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de países como el nuestro.

Por eso, acciones tan importantes como considerar de manera explícita la importancia del derecho humano a la alimentación en nuestra Constitución Política es fundamental pues, cuando un país cuenta con los instrumentos políticos necesarios para poder demandarlo, las personas pueden ejercer su derecho.

Ni que decir de la falta de leyes, políticas y programas que tengan contemplada la visión multidimensional que requiere el trato de los alimentos y la alimentación de las familias costarricenses.

En ese contexto político, hablar hoy de seguridad alimentaria y nutricional implica trascender la visión limitada al suministro de alimentos. Supone reconocer que la alimentación es un componente esencial del desarrollo humano, relacionado con la justicia alimentaria en todos los procesos del sistema alimentario (formas de producir, comercializar y consumir alimentos, entre otros); así como la equidad, con el pleno reconocimiento de las necesidades básicas que presentan grupos vulnerables de nuestra sociedad, y la sostenibilidad en términos de las relaciones entre las personas y la naturaleza.

También significa comprender que las desigualdades económicas, de posesión de tierras, de oportunidades de participación de mercados alimentarios, la brecha tecnológica, la sobreoferta de productos comestibles poco saludables, las prácticas de producción insostenibles y la desigualdad de género, siguen afectando la posibilidad real de ejercer ese derecho para todas las personas.

Lo más alarmante es saber que existen estas problemáticas y que se requieren formas para afrontarlo desde una mirada en la cual la alimentación sea vista como derecho y condición necesaria, no solo desde el poder y los negocios.

Ahora bien, cuando hablamos de inseguridad alimentaria en Costa Rica, se hace indispensable contar con sistemas de vigilancia de manera permanente para proponer avances e identificar la efectividad de estos a fin de mejorar la situación de la población.

Los estudios más recientes evidencian que esta problemática afecta a los hogares que se localizan, principalmente, en las regiones periféricas. Estas presentaron altos índices de inseguridad alimentaria, siendo el 55 % hogares de las zonas del Pacífico Central, la región Huetar Norte y Chorotega las zonas con los porcentajes más altos, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares en Costa Rica (2019-2020).

De acuerdo con una aproximación sobre el estado de inseguridad alimentaria de hogares en Costa Rica, Chacón y Segura (2021) hacen notar que los bajos niveles educativos, la pobreza y las pocas oportunidades que tiene una proporción importante de la población en el país, así como el género (siendo los hogares con mujeres jefas de hogar las más afectadas) y el lugar de residencia, inciden sobre la probabilidad de que un hogar experimente inseguridad alimentaria.

Otros estudios más localizados han demostrado inseguridad alimentaria moderada y severa en familias que tradicionalmente se han dedicado a las actividades agrícolas para la venta y para el autoconsumo, con patrones alimentarios que se limitan a 2 o 3 tiempo de comida por día y una limitada diversidad en su dieta (García Arroyo, Hidalgo Fabres, Obando Ulloa, & Sánchez Alemán, 2025). Esto se traduce en una limitación de nutrientes necesarios para un adecuado estado nutricional.

El panorama nacional revela que el problema de inseguridad alimentaria no es una situación que aqueje a unas cuantas familias de nuestro país. Las decisiones sobre qué y cómo producir, distribuir, importar y consumir alimentos tienen efectos en toda la población. Existe un riesgo estructural frente a las crisis externas (conflictos geopolíticos, pandemias, condiciones climáticas, inflación y precios internacionales), debido a la pérdida de soberanía alimentaria en relación con políticas y acuerdos comerciales que favorecen la importación de alimentos, por encima y en detrimento de la promoción de una producción nacional de alimentos para el consumo nacional.

Además de lo anterior, la dependencia alimentaria en nuestro país representa un impacto directo en la estabilidad económica y en el acceso a los alimentos, principalmente, en aquellos hogares más pobres. El tema de dependencia debilita el tejido social, desincentiva la agricultura familiar y la producción local, provoca el abandono de la actividad agrícola y esto reduce las capacidades que tiene un territorio para producir, transformar y distribuir alimentos en situaciones de emergencia.

En otras palabras, y desde una mirada prospectiva y frente a diversas crisis que puedan ocurrir, nuestro país tiene cada vez menos capacidad de respuesta para atender la seguridad alimentaria y nutricional de su población.

Desde la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica hacemos un llamado especial a las diferentes unidades académicas que desarrollan acciones en torno al tema alimentario.

El objetivo es recordar que se trata de un tema multidimensional que requiere abordajes desde diversas disciplinas para poder avanzar con resultados favorables desde los proyectos de investigación, de acción social e incluso, desde la docencia, al incluir contenidos que aborden el tema de los sistemas alimentarios y su relación con el ambiente.

A la vez, instamos a los diferentes sectores de la sociedad para que coloquen a los sistemas alimentarios como protagonistas en sus agendas de desarrollo y así, reafirmar nuestro compromiso con el derecho humano a la alimentación.

Referencias

1. Caravaca Rodríguez, I., & Ugalde Montero, F. (2020). Prevalencias de inseguridad alimentaria en Costa Rica, año 2020 [Informe]. Ministerio de Salud de Costa Rica. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-guias-y-lineamientos/vigilancia-nutricional/censos-y-encuestas/escala-de-inseguridad-alimentaria-en-costa-rica-2020/4432-prevalencias-de-inseguridad-alimentaria-costa-rica-2020/file
2. García Arroyo, A. R., Hidalgo Fabres, C., Obando Ulloa, C. J., & Sánchez Alemán, J. F. (2025). Análisis de la seguridad alimentaria y nutricional de familias agricultoras de Upala en el año 2023-2024 [Seminario de graduación no publicado, Universidad de Costa Rica].
3. Programa Estado de la Nación. (2021). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2021. Consejo Nacional de Rectores (CONARE). https://estadonacion.or.cr/informes/