Más allá de que una ley esté bien redactada en términos ortográficos y sintácticos, debe ser comprensible para cualquier persona que la lea, sin necesidad de recurrir a asesorías profesionales en el campo del derecho. Para ello, se requiere la utilización de un lenguaje claro, que facilite el entendimiento de los textos y garantice el acceso público efectivo a la información que se genera todos los días desde el Congreso de la República.
Con este objetivo en mente, la Asamblea Legislativa y la Universidad de Costa Rica están trabajando de forma colaborativa en el desarrollo e implementación del proyecto “Lenguaje claro en el ámbito legislativo”, iniciativa que se enmarca en la Política Institucional de Parlamento Abierto, la cual busca fortalecer la democracia costarricense a partir de principios como la transparencia, la participación y la colaboración.
Adrián Vergara Heidke, investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la UCR, explica que el proyecto se está concentrando en tres tareas específicas. La primera de ellas se relaciona con el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, instancia en la que cualquier persona puede presentar propuestas, proyectos, ideas de nuevas leyes o de reforma a leyes existentes. Cuando este Departamento recibe una propuesta hace un resumen y lo circula a lo interno del Congreso.
Rebeca Videche Pereira, subgerente del Departamento de Servicios Parlamentarios
“La primera línea de trabajo ha sido cómo deberían redactarse estos resúmenes para que cumplan el objetivo de que las personas de los despachos entiendan cuál es la propuesta ciudadana y vean si lo ingresan a la corriente legislativa. Esta línea estará lista para marzo del próximo año, a más tardar”, detalló Vergara.
La segunda tarea que se está desarrollando se enfoca en los informes técnicos que elabora el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Estos documentos los utilizan los diputados, diputadas y sus asesorías para tomar decisiones en relación con los proyectos de ley que se mantienen en la discusión legislativa. También son de utilidad para diversas instituciones y para el Poder Judicial como fuentes para interpretar leyes, jurisprudencia y en casos puntuales de procesos judiciales.
“Estos informes también le sirven a la ciudadanía, especialmente a movimientos sociales, a grupos más organizados que están dando seguimiento a los proyectos de ley, para entenderlos y hacer sus reclamos, o para oponerse a ellos o apoyarlos. Estos textos se asemejan mucho a sentencias judiciales, tienen lenguaje jurídico complejo, entonces tratamos de dar las pautas para que los escriban en un lenguaje más claro, porque van a ser utilizados por gente que no necesariamente es del ámbito del derecho”, agregó el investigador.
La tercera tarea que está realizando el equipo de la UCR en conjunto con el personal de la Asamblea Legislativa es la creación de una guía de presentación de nuevos proyectos de ley en la línea del lenguaje claro, la cual detallará cómo se deben redactar estos documentos y el contenido mínimo que deben tener. Su aplicación dependerá enteramente del Congreso y garantizará que todo proyecto de ley cumpla con estándares mínimos de estructura y redacción desde su inicio.
Para Vergara, esta última línea de acción tomará más tiempo porque requiere de otros procesos de investigación, pero es de vital importancia para asegurar proyectos de ley comprensibles desde su origen porque, una vez iniciado el proceso legislativo, es muy difícil introducir modificaciones en su redacción en términos del lenguaje claro.
Por su parte, Silvia Vargas Víquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, destaca que el uso del lenguaje claro en la Asamblea Legislativa fortalecerá el sistema democrático costarricense porque contribuye con la transparencia en la función pública y le permite a la ciudadanía tener una mejor comprensión de las obligaciones que imponen las leyes.
Silvia Vargas Víquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas
Vergara aclaró que el trabajo se está realizando con la Asamblea Legislativa como institución para darle permanencia a lo largo del tiempo. Para quienes se incorporan cada cuatro años en labores de asesoría a las diputaciones se creará una línea de capacitación en lenguaje claro que estará a cargo del mismo Congreso. El objetivo es iniciar este entrenamiento con las personas que se incorporen a la Asamblea Legislativa a partir de los resultados de las elecciones del 2026.
Para Fernando Campos Martínez, gerente del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto Lenguaje claro en el ámbito legislativo constituye una práctica novedosa y moderna que busca facilitar la comprensión de los textos que produce la Asamblea Legislativa de cara a la población destinataria de la ley, es decir, para todas las personas que habitan en Costa Rica.
“Es importante señalar que el uso del lenguaje claro, tanto en el proceso de formación de la de la ley, como al entrar esta en vigencia, es un requisito necesario para garantizar la transparencia de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, al momento en que la persona ejerce sus derechos y sus obligaciones dentro del ordenamiento jurídico. Lo anterior va de la mano con los esfuerzos que a nivel mundial está haciendo la comunidad internacional para lograr la implementación de la paz, la justicia e instituciones sólidas en todos los países que han adoptado, para sí, las metas de la Agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible, del cual Costa Rica es parte”, explicó Campos.
El proyecto Lenguaje claro en el ámbito legislativo entre la UCR y la Asamblea Legislativa procura que todos los textos generados en el Congreso sean comprensibles para toda la población.
Foto: Anel Kenjekeeva.Hasta el momento, la investigación ha identificado dos grandes temas por mejorar. Uno de ellos es la construcción sintáctica de oraciones en las que se incluye mucha la información. Eso genera oraciones muy extensas y complejas, con muchas frases subordinadas y de difícil comprensión. De acuerdo con Vergara, existe una solución muy sencilla para este tipo de redacción: seguir la ley básica de sujeto, verbo y predicado, y distribuir la información en varias oraciones.
Aunado a esto, también se presentan distintas formas de presentar clasificaciones. En ocasiones, se muestran como un listado en renglones diferentes, mientras que en otros documentos aparecen incorporadas dentro de un párrafo. En este sentido, el investigador sugiere que se homogenice la manera en la que se enumeran este tipo de listas.
El otro gran tema detectado tiene que ver con la utilización de términos idénticos en distintas leyes, pero con distinto significado. Para Vergara, aunque la variación sea mínima, no es posible que una misma palabra deba entenderse de forma distinta entre una ley y otra.
“También encontramos redacciones de leyes con estilos diferentes entre un artículo y otro. Estos detalles van volviendo más compleja la comprensión de las leyes por la ciudadanía, pero también por la gente de derecho y la gente del Poder Judicial que tiene que aplicar la ley. De repente, hay contradicciones o se hacen referencias a otras leyes que, en ocasiones, ya están derogadas”, reveló el especialista.
Este proyecto está a cargo de tres especialistas en lingüística y recibe la colaboración de una docente más y de asistentes estudiantiles. Uno de sus principales mecanismos de trabajo es mediante seminarios de graduación y el desarrollo de tesis de grado y de posgrado. Es así como en este momento, hay un seminario de graduación trabajando el tema del lenguaje claro en la Contraloría General de la República y otro destacado en la Asamblea Legislativa.
Según relata Vergara, el convenio con la Asamblea Legislativa se originó a partir del interés de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa en el tema luego de asistir a una charla sobre las acciones realizadas por la UCR y el Poder Judicial en torno al lenguaje claro.
“Desde la parte administrativa ha habido muy buena recepción e interés y han colaborado todo lo que han podido. Hemos tenido muchas reuniones con distintos departamentos de toda la Asamblea Legislativa y ahí, en general, también hay muy buena recepción. En lo administrativo lo ven claramente porque les favorece en el trabajo interno. Además, le ven el impacto hacia la ciudadanía.
“La Asamblea Legislativa tiene toda una línea de trabajo de Parlamento Abierto, que busca justamente mayor participación de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa y una mejor comunicación con la ciudadanía desde la Asamblea Legislativa. En esa línea, esto del lenguaje claro ya es parte de las políticas de trabajo dentro del Parlamento Abierto”, añadió Vergara.
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