Procesos judiciales de personas adultas mayores quedarían 'en el aire' si se aprueba moción de recorte presupuestario al Conapam

Laura Rodríguez Rodríguez

Un total de 323 procesos judiciales de personas adultas mayores están en riesgo de quedarse sin representación legal por una moción de recorte presupuestario al Convenio entre el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y la Universidad de Costa Rica (UCR), que estableció un Consultorio Jurídico Especializado para esta población desde el año 2016.

La moción de fondo fue presentada el pasado 15 de octubre por la diputada María Inés Solís en relación con la Ley 22174 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021”.

De acuerdo con Anahí Fajardo, docente de la Facultad de Derecho y coordinadora del proyecto Defensa Jurídica para la Persona Adulta Mayor, el pretendido recorte de fondos impediría la contratación de 10 abogados a medio tiempo que garantizarían el seguimiento a los casos activos y la ampliación de los servicios a las zonas rurales a partir del 2021.

“El confinamiento, producto de la pandemia por COVID-19, ha incrementado los casos de violencia doméstica contra las personas adultas mayores. Es contradictorio que, ahora que se necesitan más recursos para defender sus derechos, se pretenda hacer este recorte presupuestario”, aseveró Fajardo.

Por su parte, Gustavo Fallas, asesor legal de Conapam, cataloga este hecho como un retroceso en la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, aspecto con el que el país se ha comprometido a través de diversos instrumentos que promueven el principio de igualdad en el tema de acceso a la justicia de esta población, desde la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores hasta la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

“Eliminar esta partida del presupuesto actual del Conapam implicaría volver a los años del 2015 y anteriores, en que el Conapam no tenía respuesta alguna, para cuando la población adulta mayor en pobreza y pobreza extrema, necesitaba asistencia legal gratuita, sean consultas o bien, trámites judiciales. Además, significaría dejar de atender los más de 323 casos judiciales activos de personas adultas mayores que, por sus ingresos, no tendrían cómo costear los honorarios profesionales de un profesional en Derecho, así como la imposibilidad de regionalizarse y poder atender usuarios de comunidades alejadas de la GAM”, advirtió el funcionario.

El Consultorio Jurídico Especializado para la Persona Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica atendió un total de 1719 consultas de todo el país, entre agosto del 2019 y junio del 2020. Entre los temas de las consultas destacan el derecho de propiedad, familia y violencia doméstica. Desde el inicio del Convenio entre el Conapam y la UCR se han atendido 406 casos. De ellos, 81 se encuentran terminados y 25 ya fueron archivados.

Fallas agrega que de eliminarse esta partida presupuestaria, el Conapam no podría asumir la atención de casos individuales que le remitan las instancias judiciales en aplicación del nuevo Código Procesal de Familia (Ley No.9747 del 23 de octubre de 2019), que en su artículo 39 establece que:

“Con las mismas capacidades, representaciones, atribuciones y obligaciones dadas al Patronato Nacional del Infancia (PANI), la autoridad judicial puede llamar a participar en el proceso, a petición de parte o de oficio y en calidad de interviniente, a cualquier institución pública o privada que tenga como función la protección de sectores vulnerabilizados de la población. Si se trata de personas con discapacidad, la intervención será para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y en casos de personas adultas mayores lo será para el Consejo Nacional de Protección al Adulto Mayor (Conapam). Estas instituciones tienen la obligación de servicio y colaboración en la solución del conflicto y en su ejecución.”