Consejo analiza cómo potenciar criterios de la UCR sobre proyectos de ley

 A través de comisiones especiales o de propuestas de dirección, e l Consejo Universitario invierte gran cantidad de tiempo en el análisis de proyectos de ley (foto  Andrea Jiménez Murillo).

Teniendo en consideración la cantidad de proyectos de ley que la Asamblea Legislativa envía a consulta a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Universitario tiene especial interés en mejorar los mecanismos internos para que sus respuestas sean más expeditas, así como potenciar el criterio institucional.

 De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Política, el Poder Legislativo tiene la obligación de oír la posición del órgano director de cada universidad pública antes de la discusión y aprobación de proyectos relativos a las materias puestas bajo la competencia de estas.

 En ese sentido, el Órgano Colegiado se reunió, en sesión N.° 5841, con la periodista Erika Henchoz, quien labora como enlace entre la UCR y la Asamblea Legislativa, con el propósito de tener mayores elementos para mejorar el proceso institucional relacionado con la emisión de criterio de los proyectos de ley.  

Ella aseguró que una de las respuestas más esperadas en las comisiones legislativas es la de la UCR, gracias a la credibilidad que tiene la Institución y al sustento profesional que suele respaldar las observaciones que sen envían.

Asimismo, indicó que una de sus funciones es llevar un control estricto de los proyectos que se envían a consulta a la Universidad, los que no se envían, así como la vigilancia para que los textos sustitutivos de especial interés también sean consultados.

Teniendo esto en consideración, los miembros del Consejo Universitario manifestaron su inquietud con respecto a los elementos que utiliza el Poder Legislativo para determinar qué le compete a la Universidad, el peso que tiene la posición de la Institución en la toma de las decisiones finales, la consulta específica a instancias universitarias diferentes a este Órgano Colegiado y la manera de mejorar la relación con la Asamblea.

Ante estas inquietudes, Henchoz sugirió que se refuerce la presencia del Consejo Universitario en la Asamblea Legislativa, que se lleve el pulso detallado del avance de los proyectos y que se aprovechen las audiencias con las comisiones, entre otras medidas.

Últimos criterios

En los últimos cuatro meses, la UCR se ha pronunciado en relación con 14 proyectos legislativos, de los cuales emitió 8 criterios favorables y 6 desfavorables.

 Esta casa de estudios superiores estuvo a favor de las siguientes iniciativas: Declaratoria de las esferas indígenas precolombinas como símbolo patrio, Ley para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo nacional, Ley de promoción de la educación nacional marino-costera, Reforma a la ley de protección al trabajador, Ley de gestión integrada del recurso hídrico, Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense, Reforma integral a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma a otras leyes y Cumplimiento del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y su Transitorio II para garantizar la asignación de al menos el 8% del producto interno bruto de aporte estatal al financiamiento de la educación pública.

En estos casos, el Consejo Universitario consideró que los proyectos eran beneficiosos, pues permitían mejorar o subsanar algunos vacíos legales que existen con respecto a cada una de las temáticas.

Por otra parte, las propuestas que la Universidad no apoyó durante estos meses fueron: Ley que declara de interés nacional la lucha contra el cáncer y creación de la Red Oncológica Nacional, Ley de salario escolar para pensionados del sector público o privado, Alimentación para las personas trabajadoras, Ley de fecundación in vitro, Ley de Biocombustibles y la Ley programa integral de desarrollo educativo.

Los criterios negativos estuvieron basados en los roces con la autonomía universitaria que pueden tener los textos o en la necesidad de realizar cambios sustantivos que fundamenten mejor las propuestas.