Financiamiento de educación superior es un reto

El financiamiento de las instituciones de educación superior supone un reto para América Latina (foto Rafael León).

América Latina enfrenta grandes retos de cara al aumento en la demanda por educación superior. La oferta privada crece y el sector público enfrenta el dilema de financiar más y mejores ofertas con recursos limitados.

Este fue el panorama que dibujó el Dr. Alejandro Márquez Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dictó  recientemente la conferencia Modelos de Financiamiento en Educación Superior.

Actualmente el Dr, Márquez realiza un semestre sabático en el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica.

Aumento en la demanda

América Latina experimenta una demanda creciente por educación superior. ¿De dónde surge esta demanda? Para Márquez, se debe a tres factores: el momento demográfico, un mayor acceso a los primeros niveles educativos e índices de desempleo que afectan principalmente a la población joven. En primer lugar, el investigador explica que Iberoamérica vive un momento único y pasajero de bono demográfico, en el que las personas de 14 a 59 ó 65 años (es decir, la población en edad laboral) son numerosas con respecto a la población dependiente (adultos mayores y niños/as).

El Dr. Márquez colabora con el Instituto de Investigaciones en Educación de la UCR (foto Laura Rodríguez).

Por otro lado, un mayor acceso a la educación primaria y secundaria ha hecho que las personas “adquieran todas las condiciones para demandar educación superior, lo que genera fuerte presión social”, afirmó el conferencista. Añadió que el mercado laboral tiene problemas para generar oportunidades de trabajo decente para los jóvenes de 15 a 24 años. Ante esta situación, el “costo de oportunidad” (lo que se deja de hacer por escoger hacer otra cosa) de seguir estudiando es menor.

Ante esto, la sociedad demanda más y mejor educación superior que sirva como medio de movilización social. El dilema surge a la hora de preguntar, ¿quién va a  sostener esa expansión?

En la balanza

En el rompecabezas que resuelve cómo se financia la educación superior, hay tres actores que pueden aportar recursos: el Estado (gobiernos centrales y locales) y, dentro del sector privado, las familias y las empresas.

“El Estado tiene mucho poder para mover la política pública”, aduce Márquez; sin embargo, su campo de acción está limitado por estrechos márgenes presupuestarios. El educador explica que el gasto público es una ecuación de “suma cero”: los sectores compiten entre sí porque asignar más recursos a un rubro significa quitárselos a otro. “A esto nosotros le llamamos el problema de la cobija chiquita”, dice.

Participación pública y privada en la matrícula de educación superior de Costa Rica 1980-2010 (Fuentes diversas, gráfico cortesía de Alejandro Márquez).

Además, la empresa privada ostenta mucho poder en cualquier escenario: si la balanza se inclina hacia la educación privada, estas instituciones buscan que se les regule poco. Por otro lado, si prevalecen las instituciones públicas, las empresas presionarán para que esto no signifique un cargo en su aporte tributario. Para el investigador mexicano, una “posible forma de mejorar el Estado depende mucho de mejorar recaudación fiscal”.

Debido a la demanda insatisfecha surgen varios fenómenos. Por un lado, se crean una  gran cantidad de instituciones de “absorción de la demanda”: universidades privadas que ofrecen menor calidad a menor costo y que, en general, están mal reguladas. Estas instituciones reprimen la expansión de la educación superior pública.

Por otro lado, se proponen nuevos modelos de educación como los técnicos superiores o la enseñanza a distancia. En estas alternativas, Márquez explica que se presenta un sesgo social para los hogares que tendrían menos posibilidades de cursar carreras universitarias. En el caso de la educación a distancia, se le ofrece la alternativa al sector de la población que está menos capacitado en el uso de las tecnologías necesarias para desarrollar ese método.

Modelos vigentes

En América Latina, priman los modelos mixtos que mezclan la participación privada con la pública. Por ejemplo, en Argentina y México se trabaja con el subsidio estatal, pero en Chile y Brasil, hay una mezcla entre instituciones privadas con subsidio estatal y aporte de las familias y de instituciones privadas que solo tienen el aporte de las familias. En general, la tendencia es que el subsidio fiscal directo sea la principal fuente de financiamiento.

El investigador defiende que “no hay recetas únicas” y que cada país debería valorar su historia para decidir cómo expande la oferta educativa. Para Márquez, ya es hora de alcanzar la meta de destinar no menos del 8% de Producto Interno Bruto para la educación que fue trazada en la Declaración de México de la UNESCO.