Discuten acerca del acceso a la justicia

La Licda. Giselle Boza recalcó que hay que observar de manera crítica la función de los medios ante la seguridad y el acceso a la justicia (foto Anel Kenjekeeva).

Las representaciones mediáticas del acceso a la justicia penal, la nueva jurisdicción contencioso administrativa y datos del área de planificación del Poder Judicial fueron los temas que se expusieron durante la mesa redonda Acceso a la justicia y gestión de los tribunales.

Esta actividad se realizó en el marco del II Foro Institucional 2011: Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho y contó con la participación del M.Sc. Christian Hess Araya, la Licda. Giselle Boza Solano y la Mag. Marta Asch Corrales.

La prensa y el acceso a la justicia penal

La Licda. Boza Solano, quien es abogada y periodista, reflexionó sobre el acceso informal a la justicia, en este caso se refirió a lo que tiene que ver con el escenario mediático del país.

En su análisis destacó como “los procesos judiciales son objeto de un tratamiento cada vez más extenso y detallado por parte de los medios periodísticos y como desde estos medios es posible el ejercicio del derecho a la crítica de los actos de los poderes públicos en particular de las decisiones jurisdiccionales, el problema se presenta cuando estos principios se desvirtúan para convertir la actividad judicial en espectáculo público, en instrumento de penalización social de víctimas e imputados o cuando se pretende sustituir el rol de los órganos jurisdiccionales por parte de la prensa”.

Mencionó algunos riesgos como las instrucciones o investigaciones paralelas, el impacto de la actividad mediática que recae sobre la función del juez y la indebida influencia sobre el carácter equitativo del proceso.

La celeridad de los procesos fue una de las características que resaltó el M.Sc. Christian Hess en relación con el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo (foto Anel Kenjekeeva).

También hizo referencia a tres falacias que se encuentran reiteradamente en el discurso mediático y político sobre la justicia penal. La primera se refiere a que se dice que los imputados tienen más derechos que las víctimas. También mencionó el llamado que se hace a aumentar las penas y las condenas para garantizar acceso a la justicia y evitar la impunidad y por último la tesis de que los derechos de los delincuentes no es un tema de Derechos Humanos.

La labor del Tribunal Contencioso Administrativo

Por su parte, el M.Sc. Christian Hess Araya, juez del Tribunal Contencioso Administrativo,  destacó que con la nueva jurisdicción en esta área se tiene control de la legalidad plenaria y universal de la función administrativa.

Según recalcó el juez, el tribunal contencioso administrativo ha tenido un creciente protagonismo en la vida nacional, porque ha permitido un control ágil de la actuación administrativa y se ha ido ganando la confianza de los ciudadanos.

Esto se refleja en algunas cifras que muestran el crecimiento del volumen de asuntos que tramita este juzgado. Por ejemplo en el año 2008 se contabilizaron 1925 asuntos que ingresaron al tribunal, mientras que a octubre de 2011 esta cifra subió a 6429.  Por otro lado, los asuntos que cuentan con una resolución por medio de un pronunciamiento corresponden al 60% de los casos tramitados.

“El código procesal contencioso administrativo se caracteriza por un proceso más ágil, pues se implementó el llamado mecanismo de proceso por audiencias basado en la oralidad, también por una legitimación activa más amplia, el agotamiento facultativo de la vía administrativa, mayor amplitud de las medidas cautelares y en la determinación de la pretensión. Además brinda la posibilidad de conciliar”, concluyó Hess.

Los indicadores del compendio judicial ayudan en la toma de decisiones en el Poder Judicial según explicó Marta Ash. El moderador de la mesa redonda fue el M.Sc. Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales (foto Anel Kenjekeeva).

El Poder Judicial en cifras

La Mag. Marta Asch, directora del departamento de planificación del Poder Judicial, presentó algunos datos del compendio de indicadores judiciales. Según Asch, con esta información se logran evidenciar situaciones acerca del funcionamiento y desarrollo de la función judicial y constituye una herramienta complementaria para la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas y uso de los recursos.

Entre las cifras a rescatar, se mencionó el tiempo de duración que las distintas instancias utilizan para resolver los asuntos. La Sala Segunda pasó de seis meses en el 2006 a cinco meses en 2010, mientras que la Sala Tercera logró bajar de 12 meses a 11 meses la atención de los casos  y el Tribunal Contencioso Administrativo pasó de 10 meses a seis meses, en ese período de tiempo. Esto es el resultado de la reforma judicial que pretende un mejor y más ágil acceso a la justicia.

Otro punto que rescató la especialista fue la creación de contralorías de servicio que permiten que los ciudadanos y ciudadanas puedan presentar consultas y quejas sobre el servicio que reciben del Poder Judicial.

Esta fue la cuarta mesa redonda del II Foro Institucional 2011: Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho que organiza la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría.