M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, Vicerrector de Docencia

Este 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esta fecha, establecida anualmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), no es arbitraria; conmemora el día de 1947 en que la Asamblea aprobó la resolución 181 (II), un acto fundacional conocido como la "resolución de la partición" de Palestina.

Este día, marcado en la agenda internacional desde 1977 por la resolución 32/40, nos obliga a centrar nuestra atención en un asunto que, después de más de setenta años de esfuerzos continuados, sigue sin resolverse: la Cuestión de Palestina. Es obligación y es también deber moral y ético, en una Universidad como la nuestra, conmemorar y hacer el recordatorio urgente de que el pueblo palestino no ha logrado aún el pleno ejercicio de sus derechos inalienables.

I. Contexto histórico: de la partición a la promesa incumplida

Para comprender la magnitud de la lucha palestina, debemos mirar sus orígenes, que se remontan a los acontecimientos que ocurrieron hacia el final de la Primera Guerra Mundial. La cuestión de Palestina se presentó formalmente ante la ONU poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y desde 1947, la organización ha asumido la responsabilidad de encontrar una solución justa.

La administración de Palestina fue entregada al Reino Unido en 1922 bajo el Mandato Británico, el cual incorporó la Declaración de Balfour de 1917, que expresaba apoyo al "establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío". La persecución nazi en la década de 1930 provocó un enorme aumento de la inmigración judía. Las consiguientes reivindicaciones por la independencia y la resistencia a la inmigración desembocaron en violencia.

En 1947, la ONU propuso poner fin al Mandato y dividir Palestina en un Estado árabe palestino y un Estado judío, con Jerusalén sometida a un régimen internacional especial (corpus separatum). Sin embargo, de los dos Estados previstos, solo uno proclamó su independencia en 1948.

La guerra que siguió en 1948 resultó en la ocupación israelí del 77% del territorio que había estado bajo el Mandato Británico. Este evento, conocido por los palestinos como la Nakba (la catástrofe palestina), significó que más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada o huyó de sus tierras. De la Nakba ya han pasado 77 años.

Y es que, el desarraigo fundacional estableció la crisis de refugiados prolongada más larga del mundo, con más de 5.3 millones de refugiados palestinos registrados ante el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS, UNRWA).

La inestabilidad continuó. En la guerra de 1967, Israel ocupó la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. El Consejo de Seguridad respondió con la resolución 242, que sentó las bases para una paz duradera, incluyendo la retirada israelí de los territorios ocupados y una solución justa al problema de los refugiados.

II. Las medidas de la ONU y la afirmación de derechos inalienables

Frente a la persistencia del conflicto y la ocupación ilegal, la ONU ha intentado movilizar la acción internacional. En 1974, la Asamblea General reafirmó solemnemente los derechos inalienables del pueblo palestino:

1. El derecho a la libre determinación sin injerencia externa.

2. El derecho a la independencia y la soberanía nacionales.

3. El derecho a regresar a sus hogares y a que se les restituyan sus bienes, de donde fueron desplazados o desalojados.

Para impulsar estos derechos, la Asamblea General estableció en 1975, mediante la resolución 3376, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. Este Comité, que presenta informes anuales a la Asamblea y cuyo mandato se renueva anualmente, celebra una sesión especial cada 29 de noviembre en la Sede de la ONU en Nueva York. El Comité trabaja activamente para generar mayor conciencia y movilizar la ayuda internacional, organizando reuniones y cooperando con una red de más de 1000 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.

A lo largo de los años, el sistema de la ONU ha desplegado diversas agencias para asistir al pueblo palestino, incluyendo el Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS/UNRWA), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Programa de Asistencia del PNUD.

La búsqueda de una solución política se ha centrado en el ideal de los dos Estados, una visión que el Comité apoya firmemente, basándose en la resolución 1397 (2002) del Consejo de Seguridad. A pesar de los acuerdos de paz de la década de 1990, como la Declaración de Principios de 1993 (Acuerdo de Oslo), y la posterior "Hoja de Ruta" propuesta por el Cuarteto (EE. UU., UE, Rusia y la ONU) en 2003, la paz duradera en Oriente Medio sigue siendo inalcanzable.

Un hito simbólico en el reconocimiento internacional ocurrió en 2012, cuando la Asamblea General de la ONU otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro. Tres años después, en 2015, la bandera palestina se izó por primera vez en la sede de las Naciones Unidas. Y recientemente, el 22 de septiembre de 2025, 155 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas (algo más del 80 %) reconocen al Estado de Palestina.

III. La situación actual: genocidio y crisis humanitaria

A pesar de estos atisbos, la situación contemporánea exige la más profunda reflexión humanista. El Día Internacional de Solidaridad de este año se lleva a cabo en medio de la intensa violencia y la crisis humanitaria que han marcado los territorios palestinos, particularmente Gaza, desde el 7 de octubre de 2023.

Estos acontecimientos y la posterior intensificación de la violencia, nos convocan a una crítica serena y rigurosa que sitúe en el centro la dignidad de cada persona y la protección de la población civil. Desde esta perspectiva, es nuestro deber abogar por que toda actuación se rija por los principios del derecho internacional humanitario —distinción, proporcionalidad y precaución—, por la salvaguarda efectiva de infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas, universidades y lugares de culto, y por el acceso seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria. Nuestro compromiso debe ser sostener un análisis responsable, basado en evidencia, que reconozca el sufrimiento de todas las víctimas, favorezca la investigación independiente y la rendición de cuentas, y contribuya a abrir espacios de diálogo informado orientados a una paz justa y sostenible.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha llegado a conclusiones devastadoras sobre los hechos, afirmando la existencia de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Este hallazgo se sustenta en una investigación exhaustiva que concluye que las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:

1. Matar.

2. Causar lesiones graves a la integridad física o mental.

3. Someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos.

4. Imponer medidas destinadas a impedir la natalidad en Gaza.

Según la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, es clara la intención de destruir a los palestinos de Gaza. Esta intención genocida se infiere de las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes y del patrón de conducta de las fuerzas de seguridad.

El comisario australiano Chris Sidoti enfatizó la naturaleza deliberada de la destrucción, señalando que las muertes "no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza". Se ha reportado la destrucción sistemática de viviendas, hospitales, universidades, escuelas, museos y lugares religiosos. Esta destrucción, unida a la política de hambruna y al bloqueo total de la ayuda humanitaria, ha hecho que las condiciones para la vida en Gaza sean insostenibles.

IV. La lucha por los derechos Humanos y la obligación internacional

La tragedia actual, como subraya la Comisión de la ONU, no es un evento aislado, sino la culminación de décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que ha exigido la expulsión y el reemplazo de la población palestina.

La comunidad internacional y el sistema de la ONU han intentado actuar en el ámbito legal:

• En 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal y exigió que se pusiera fin a la ocupación lo antes posible.

• Sudáfrica presentó un caso ante la CIJ alegando genocidio, y la Corte ordenó a Israel prevenir el genocidio, permitir la ayuda en Gaza y frenar la incitación al genocidio.

• La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes (incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant) y el comandante de Hamás, Mohammed Deif, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

A pesar de estas órdenes legales y advertencias, las autoridades israelíes han persistido en su estrategia de destrucción.

Aquí radica la urgencia del llamamiento solidario de una fecha como la del 29 de noviembre. El humanismo académico no permite la neutralidad ante atrocidades documentadas por órganos de la ONU.

En coherencia con el comunicado emitido el pasado 12 de agosto—donde la Universidad se declara solidaria con el pueblo palestino, asume el deber moral de alzar la voz contra toda forma de violencia y afirma que el conocimiento y la conciencia no pueden permanecer en silencio— corresponde traducir ese humanismo en acciones verificables: en la docencia, incorporar enfoques de derechos humanos y derecho internacional humanitario, alfabetización mediática y espacios de diálogo respetuoso; en la investigación, producir evidencia rigurosa y útil para políticas públicas y para la documentación imparcial de daños humanitarios; en la acción social, articular redes con organismos humanitarios, fortalecer programas de educación para la paz y acompañamiento comunitario; y, en la vida universitaria, proteger a nuestra comunidad de toda discriminación, y canalizar cooperación académica y cultural. Porque el saber solo cumple su propósito cuando se pone al servicio de la justicia y de la paz, y ante el sufrimiento humano el compromiso debe ser concreto. 

La Comisión de la ONU ha sido clara: todos los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios a su alcance para detener el genocidio en Gaza. Esto incluye detener la transferencia de armas y equipo militar a Israel, y garantizar que personas y empresas bajo su jurisdicción no participen en la comisión o incitación al genocidio.

La alta comisionada Pillay advirtió que "la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad".

El rol de la universidad es crucial. La universidad es el espacio donde se defiende la dignidad humana por encima de la geopolítica. La solidaridad con el pueblo palestino hoy significa mucho más que una simple conmemoración; significa un compromiso activo con el derecho internacional, con la verdad histórica y con la lucha por los derechos humanos no realizados.

Nuestra tarea es doble

1. Mantener la conciencia crítica: debemos seguir denunciando la ocupación ilegal y la represión sistemática que sirvieron de preámbulo a la violencia actual.

2. Exigir rendición de cuentas y humanidad: debemos unirnos a las voces que demandan el fin inmediato del genocidio, el levantamiento del asedio a Gaza, la garantía de acceso sin trabas a la ayuda humanitaria (incluyendo al personal de UNRWA) y el pleno cumplimiento de las órdenes de la CIJ. Debemos exigir que se investiguen y castiguen los crímenes cometidos en las más altas esferas de autoridad.

La solución sostenible y duradera para Oriente Medio solo puede basarse en la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino: la libre determinación, la soberanía y el derecho al retorno.

El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino no es un día de celebración, sino una jornada de activismo moral. Es un espejo que refleja la falla más dolorosa del orden internacional: un Estado previsto por la ONU se fundó, mientras que el otro, el Estado árabe palestino, sigue siendo una promesa incumplida.

Al igual que un edificio de justicia no puede sostenerse si su cimiento de equidad está incompleto, la paz en Oriente Medio no se logrará hasta que se reconozca y respete la plena dignidad y los derechos de cada persona palestina, incluyendo la soberanía sobre su propia tierra. Sigamos trabajando desde nuestras aulas, nuestras investigaciones y nuestras voces para que esta promesa, finalmente, se cumpla.