Dr. Alejandro Bonilla Castro, docente de la Escuela de Historia

El martes 30 de setiembre de 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) realizó el primero de varios conversatorios que tienen como propósito fortalecer el pensamiento crítico, la acción colectiva en la búsqueda y la consolidación de una cultura de paz.

En el primer conversatorio, titulado: "¿Dónde están los espacios de encuentro?", la Universidad de Costa Rica (UCR) acogió esta actividad en estrecha colaboración con su Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (Oaice), y las escuelas de Arquitectura e Historia, por lo que se resalta con ello su interés y compromiso social con la búsqueda del bien común, la justicia social y la equidad de la sociedad costarricense.

La lectura interdisciplinaria que realizaron las personas invitadas sobre dicha problemática llegó a varias conclusiones, entre ellas, que en temas de espacio público (sea este físico o virtual), la institucionalidad costarricense ha quedado debiendo en materia de regulación de su ordenamiento territorial, en la integración de la acción comunal a dichos procesos con perspectiva de género y garantizar que estos espacios estén libres de violencia.

Mi propósito, en este pequeño espacio, es compartir parte de las ideas que expuse en el conversatorio, para desentrañar algunos de los orígenes históricos de la desigualdad territorial que experimentamos los costarricenses, los retos que tenemos por delante y cuáles herramientas nos ha legado el multilateralismo para enfrentarlos.  

Del espacio privado al público

Cuando hablamos del espacio público, es obligatorio remitirnos al origen y al proceso de consolidación de las democracias y del Estado-nación que inició a finales del siglo XVIII. Sitios como las plazas, los parques, los mercados, las bibliotecas o los salones, aunque hoy podemos fácilmente reconocerlos como espacios públicos, para la Costa Rica colonial, sirvieron poco para articular el ocio y el encuentro social de sus entonces habitantes. La ciudad sirvió más bien como instrumento de división social.

Para las personas más pudientes, los espacios de encuentro se ubicaron dentro de sus casas y solamente compartieron lugar con los más pobres en las ocasiones religiosas o en las celebraciones dedicadas al rey.

Ya en las postrimerías del siglo XIX, los espacios públicos se fueron diversificando pues para el Estado fue necesario recurrir a la arquitectura, a la estatuaria, a las conmemoraciones y a los parques, para construir una memoria y una identidad nacional.

Aun así, dicho proyecto pasó por alto las desigualdades económicas y espaciales profundizadas por el capitalismo agrario que afectó a los más desposeídos. Con la mente puesta en reducir esas distorsiones, los sectores populares, los estudiantes y las mujeres resignificaron esos lugares y lograron grandes conquistas sociales, políticas y culturales a lo largo del siglo XX que, con el tiempo, ayudaron a configurar un Estado reformista en materia social.

Imaginando un bienestar urbano

Paralelo a esa expansión del régimen liberal reformista que ocurría en Costa Rica a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, la naciente cooperación internacional ayudó a perfilar una noción de bienestar urbano. Desde el panamericanismo, su búsqueda se equiparó a las luchas en contra del latifundio rural y se concibió a los planes reguladores como el freno a la especulación a partir el principio de la función social de la propiedad.[1]

Otra de ellas, fue la recién fundada Unesco. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hizo eco de la necesidad de que el Estado regulara el uso del suelo, el subsuelo, la disponibilidad de viviendas y el acceso a la cultura para promover un “mejor nivel de vida”.

De ahí que considerara al urbanismo como “la forma de arte más integral, porque requiere todas las expresiones del saber humano para alcanzar su perfección”[2] y al bienestar urbano como una preocupación de carácter global.

Sin embargo, en el centro de todo se colocó la vida comunitaria y esta inspiró modelos como la unidad vecinal que se enfocó en articularla a través de barrios caminables, con servicios a corta distancia de la vivienda y el centro comunal o la escuela como los corazones de la dinámica barrial. La vivienda no fue pensada de manera aislada, debía acompañarse de una serie de facilidades que serían los indicadores de esa nueva definición de bienestar social[3] que persiguió luego la socialdemocracia costarricense.

¿Cuáles fueron esos indicadores de bienestar? Las alamedas, los centros comunales, las escuelas y colegios, los parques, son algunos de ellos. Para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estas facilidades debían contemplar un 40 % de los lotes a urbanizar.[4]

En dicho marco, las juntas progresistas, las mujeres y la juventud contribuyeron a exigir, desde abajo, que el Estado y luego las municipalidades garantizaran el acceso de la ciudadanía a esos servicios y espacios clave.[5]

¿Se imaginan hoy tener proyectos urbanos y sociales que dediquen un 40 % de su terreno para espacios públicos? La ciudad justa no es aquella más inteligente o más verde; es la que se preocupa por distribuir mejor el suelo urbano y que este cumpla una función social.

La planificación integral como norte

¿Cómo hacemos nuestras ciudades más justas? Una parte de esa respuesta la tenemos desde hace décadas: el multilateralismo la llamó “planificación integral”. Esta, no sólo apunta a una planificación simultánea de la zonas rurales y urbanas, sino articular los aportes y el esfuerzo de las comunidades, el Estado, la empresa privada y el multilateralismo.[6] Sin embargo, es en las primeras en donde debe centrarse, de primero, nuestra atención.

¿Por qué?, fundamentalmente porque ellas, más que otras, han sido históricamente las principales responsables de luchar por sus espacios de convivencia y avanzar en su democratización. Ejemplos de ello han sido siempre los proyectos de esfuerzo propio y ayuda mutua en vivienda y urbanismo, así como la cocreación del patrimonio cultural.

¿Y cómo se integra  la universidad pública a toda esta dinámica? La respuesta es mediante la acción social. La Escuela de Historia, mediante esta actividad sustantiva, colabora como facilitadora de procesos y organiza, mes a mes, actividades de reactivación y apropiación cultural en la comunidad de San Jerónimo de Moravia.

Desde hace varios años, la inquietud de preservar la Calzada de Carrillo, camino que conectó el Valle Central con el Caribe durante buena parte del siglo XIX y parte del XX, llevó a dicha comunidad a crear este año la iniciativa “San Jerónimo Cultura Viva” que, meses después, apunta a convertirse en un ejemplo de buenas prácticas de gestión cultural, donde se combina el liderazgo comunal con el aporte del municipio, la empresa privada y, por supuesto, la universidad pública.

En pocas palabras, hay esperanza de recuperar los espacios de convivencia de nuestro país desde la acción comunal.

Pero la acción comunal por sí sola no basta. Un régimen de bienestar urbano fue posible, en los primeros años de la socialdemocracia costarricense, porque se comprendió que la propiedad tenía una función social y que la ciudad debía obedecer a ella.

De ahí que los proyectos de vivienda más emblemáticos del país, como la Ciudad Satélite de Hatillo, cuenta con amplios espacios y facilidades comunales pues, para los planificadores urbanos de entonces, estos eran la clara manifestación del bienestar social y de la repartición justa de la riqueza.[7]

En materia urbana, la propiedad es esa riqueza y solo si se le devuelve su orientación social, nos será posible recuperar los espacios públicos. Si no intervenimos nuestros marcos regulatorios en esa dirección, nos arriesgamos a que cualquier esfuerzo de recuperar o reinventar el espacio público del siglo XXI, quede a la deriva.

[1] Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina (MRREE-A). Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular. Actas y trabajos. Tomo 1. 2 al 7 de octubre de 1939. (Buenos Aires: Talleres Gráficos del Ministerio de Obras Públicas, 1940), p. 489.

[2] Archivo Histórico de la UNESCO, 71 A OI I.F.H.T.P, Int. Fed. for Housing and Town Planning, “L’UNESCO ET L’URBANISME”, pp. 3-4.

[3] Caja Costarricense del Seguro Social, Memoria Anual 1951, p. 307.

[4] Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Memoria 1958, p. 144.

[5] Patricia Alvarenga V. De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica. (EUCR y EUNA: 2005), pp. 98-116.

[6] Anatole Solow. El problema de la vivienda económica en la América Latina. Informe preparado por el Secretariado Técnico para el uso de los miembros de la Comisión Ad-hoc. (Washington D.C.: Unión Panamericana, 1953); Organización de los Estados Americanos. Informe de la Secretaría del Consejo Interamericano Económico y Social sobre la Primera Reunión Técnica Interamericana en vivienda y Planeamiento, OEA-CIES. (Washington D. C.: Unión Panamericana, 1958), p. 93.

[7] Archivo de la Asamblea Legislativa, Expediente Nº 2085, Ley Nº 4240 de Planificación Urbana, 30 de setiembre de 1966, “Acta de la Sesión Nº 56”, f. 30.