Erick Gatgens: “Más que venir a solucionar el tema, lo que se produjo fue, más bien, una distorsión a nivel de mercado”

La reforma a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, mejor conocida como ley contra la usura crediticia, buscaba proteger a las personas del delito de usura, pero terminó provocando una distorsión en el mercado que afectó negativamente a la población de menores ingresos. Karla Richmond

Doña Mercedes hace de tripas chorizo para mantener a sus hijos y a su madre enferma. Debe pagar un alquiler todos los meses por el estrecho lugar en el que habitan y, con grandes costos, logra obtener los recursos para un par de comidas al día. Sin embargo, una crisis de salud de su mamá la obligó a atenderla y no pudo trabajar por varios días. A final de mes no le quedó otra opción que acudir a un préstamo para cancelar el alquiler y comprar algunos alimentos.

Lo que doña Mercedes nunca entendió fue el porcentaje de interés que el prestamista le estaba cobrando. En lo único que podía pensar era en que su familia no pasara la noche en la calle y tuviera algo que comer. Ahora el problema de doña Meche, como le dicen sus vecinas, es mayor, porque aparte del del alquiler debe pagar, mes a mes, un monto excesivo de intereses por el dinero que pidió prestado y que ya gastó.

Casos similares o peores a este son los que movieron al país a modificar la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, mejor conocida como ley contra la usura crediticia, mediante la cual se imponen penas de prisión a las personas físicas y jurídicas que incurran en el delito de usura.

Si bien el objetivo de la reforma buscaba proteger a personas como doña Mercedes, el efecto fue contraproducente porque los entes financieros se sintieron muy afectados por la reducción de sus utilidades y decidieron excluir a la clientela de tarjetas de crédito con menores ingresos. De esta manera, las personas más necesitadas de este tipo de instrumentos financieros ya no podrán acceder a ellos o lo harán con grandes dificultades. Así lo explica Erick Gatgens Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad de Costa Rica y quien expondrá los principales avances de su investigación sobre el tema en las III Jornadas de Investigación de este Instituto, del 27 al 29 de setiembre próximos.

Para Gatgens, la reforma fue muy mal lograda porque el tipo penal quedó muy confuso y complejo. Según su criterio, hay varios defectos importantes en cuanto a su redacción y comprensión, aparte de que, lejos de solucionar el problema, se produjo una distorsión a nivel de mercado que perjudicó a las mismas personas que la ley pretendía proteger.

“La otra consideración que yo haría es que el derecho penal no debería intervenir. El derecho penal es un mecanismo muy agresivo, muy lesivo de los derechos de las personas; por eso debería intervenir solo en aquellos casos que realmente lo ameritan. Pensar que el derecho penal es una herramienta adecuada para nivelar los precios o los márgenes de comisión de un determinado sector financiero me parece que va en contra de la finalidad del derecho penal. Se supone que el derecho penal debería dedicarse únicamente a tutelar aquellas conductas que realmente son lesivas de un interés público, que representan una afectación a intereses colectivos, a intereses de la sociedad”, subrayó el investigador.

La investigación Usura y protección penal de los precios que desarrolla Gatgens tiene dos orientaciones. Una es el análisis del delito de usura de previo a la reforma, el cual tenía una aplicación prácticamente nula. Por otro lado, el estudio hace una crítica exhaustiva de los problemas de interpretación que presenta esta norma posterior a su modificación y, al final, hace un análisis de los efectos indeseados a nivel sociológico y práctico.

Adicionalmente, Gatgens está pensando en agregar un componente de investigación que se enfoque en analizar si el derecho penal debe o no inmiscuirse en este tipo de temas o si deberían regirse más por una ley de oferta y demanda. También desea indagar la forma como se regula este tema en otros países por medio de un estudio de derecho comparado.

Gatgens cree que el delito de usura, al igual que muchos otros, no se resuelven creando tipos penales o endureciendo las penas. Para él es más efectivo abordar el tema desde otros ámbitos del derecho como parte de una solución integral en la que tenga un mayor peso la educación financiera.

“En lo que tenemos que enfatizar es en educar a los jóvenes, a los adolescentes, en el uso adecuado de las tarjetas y a la población en general. Las tarjetas de crédito como medio de pago a corto plazo es un mecanismo adecuado, conveniente, útil; el problema es cuando uno lo quiere utilizar como un mecanismo de crédito a mediano o largo plazo”, recalcó.