La aplicación de la regla fiscal invalidaría el mecanismo constitucional para negociar el FEES
Los rectores solicitan al ministro de Educación excluir a las universidades del procedimiento que certifica la aplicación de la regla fiscal
Bandera de la UCR. Karla Richmond
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) envió una carta al
Ministro de Educación Pública, Edgar Mora, con el propósito de que
se excluya a las universidades públicas del procedimiento que
realizará la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria
(STAP) para certificar la aplicación de la regla fiscal, pues esto
viola la autonomía universitaria.
La regla fiscal es un procedimiento aprobado en la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que impone un tope al
gasto público, según el monto de la deuda. Es decir, se le pone un
límite a lo que se gasta dependiendo de lo que se deba. Sin
embargo, la Constitución Política en el artículo 84 establece el
mecanismo para la negociación y aprobación de los recursos del
Fondo Especial para la Educación Superior, el cual según algunos
sectores quedaría obsoleto tras la aprobación de la regla
fiscal.
Para certificar el cumplimiento de la regla fiscal, la STAP,
que es la instancia encargada de elaborar y dar seguimiento a las
directrices y normativas en materia de política presupuestaria y la
participación en la evaluación de la gestión institucional, envió
una circular a las entidades públicas no financieras, incluidas las
universidades, para que presenten ante este órgano la información
de los presupuestos ordinarios 2019.
En caso de no hacerlo, se informó que se certificará que los
presupuestos para el ejercicio económico siguiente incumplen con la
regla fiscal y no serán aprobados por la Contraloría General de la
República.
Cabe resaltar que las universidades estatales nunca han estado
sometidas a la regulación, verificación o supervisión de la
Autoridad Presupuestaria.
Ante esta situación, el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector
de Administración de la UCR, señaló que al clasificar a las
universidades como parte del sector público no financiero, las
incluye tácitamente dentro de los alcances de la autoridad
presupuestaria. Eso viola el artículo 84 de la
Constitución Política, que les otorga independencia de funciones,
organización y gobierno propio.
“No se trata de defender privilegios, sino de defender el estado social de derecho. No puede ser que producto de una ley o un reglamento se pretenda sustituir lo que señala la Constitución Política. Nuestros constituyentes protegieron sabiamente los recursos para la educación pública mediante la propia Carta Magna y eso no se puede violentar”.
Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica
Asimismo, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y
presidente del Conare, recalcó que en la actualidad los preceptos
constitucionales se encuentran en proceso de erosión por múltiples
razones. Una de ellas es la restauración del poder del estado
amplio y concentrado, a lo cual la Carta Magna había puesto
límites. Por ejemplo, mencionó la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas que es interpretada por algunos sectores
políticos como una norma que subordina a todas las instituciones
nacionales a la Autoridad Presupuestaria.
Para Araya, existe un alto nivel de incertidumbre, pues ante
este panorama la Comisión de Enlace, que es el ente creado para la
negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES),
se quedaría sin su función principal que es definir el presupuesto
para las universidades públicas. Esto se debería a que la
aplicación de la política pública se estaría realizando por medio
de una fórmula matemática que establece la regla fiscal y, de esta
manera, se estaría desapareciendo al FEES.
