De conformidad con las reglas existentes en Naciones Unidas en
materia de comunicaciones de órganos de derechos humanos, este 22
de mayo se dió a conocer la carta oficial que fue remitida por tres
órganos de derechos humanos a Costa Rica el pasado 22 de marzo, a
raíz del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, acaecido
el 18 de marzo (véase enlace al
documento, que consta de cinco páginas y un anexo).
La puesta a disposición del público de este documento enviado a las
autoridades costarricenses constituye una ocasión propicia para
analizar con mayor detenimiento la labor que ejercen los mecanismos
de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ante la
inoperancia del aparato estatal, tal y como lo veremos en las
líneas que siguen.
El hecho que Sergio Rojas fuera objeto de medidas cautelares
ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para resguardar su vida y su
integridad física evidencia el alcance de la inoperancia estatal
antes referida, que detallaremos en el marco de estas breves
reflexiones.
El orígen de la comunicación hecha a Costa Rica
La carta remitida formalmente a Costa Rica el pasado 22 de marzo es
un documento de Naciones Unidas, denominado oficialmente
"comunicación". En el caso presente, es suscrito por tres
mecanismos no convencionales en materia de derechos humanos, a
saber:
- el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos;
- la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
y;
- la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias.
Estos tres mecanismos forman parte de los 44 mecanismos no
convencionales temáticos con los que cuenta en la actualidad el
sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y que
cubren, como se puede observar, una gran variedad de temáticas y de
situaciones: véase el listado
oficial de estos 44 mecanismos temáticos.
Estos tres órganos de Naciones Unidas ya habían externado a Costa
Rica su condena y su profundo malestar mediante un breve comunicado
de prensa difundido el 26 de marzo pasado desde el portal del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (véase
texto en
español).
Una situación atípica para Costa Rica
No es usual ver a Costa Rica siendo objeto de comunicaciones por
parte de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. Se lee
en la sección de comunicaciones en
el sitio oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos que:
"Las comunicaciones pueden referirse a casos individuales, a
conductas o tendencias generalizadas de violación de derechos
humanos, a situaciones que afecten a un grupo o una comunidad en
particular, al contenido de alguna legislación en proyecto o en
vigor, o a políticas o prácticas que no puedan considerarse
plenamente compatibles con las normas internacionales de derechos
humanos. En algunos casos, también pueden enviarse comunicaciones a
organizaciones intergubernamentales o a agentes no estatales.
La decisión de intervenir se deja a discreción de los titulares del
mandato de procedimiento especial y depende de los criterios
establecidos por los respectivos mandatos, así como de los
criterios enunciados en el Código de Conducta. Estos criterios se
refieren a la fiabilidad de la fuente y la credibilidad de la
información, a los datos proporcionados y al alcance del
mandato".
Desde el mes de diciembre del 2010, Costa Rica suma en total ocho
comunicaciones, de las cuales cinco están relacionadas a los
derechos de los pueblos indígenas (dos al Proyecto Hidroeléctrico
El Diquis y tres a la situación imperante en Salitre): ello
evidencia la falta de atención a los reclamos de las comunidades
indígenas por parte del Estado costarricense, que bien podría
inspirar a otras comunidades cuyos derechos se han visto vulnerados
ante la inacción estatal.
Nótese que, a una de las comunicaciones de febrero del 2014 por
parte del Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
(véase texto
completo), Costa Rica responde en octubre del 2014. En su
respuesta (véase texto
completo), se puede leer que:
"Sobre el proyecto piloto de delimitación y amojonamiento en el
territorio de Salitre, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas,
para el proceso de recuperación de tierras, nos permitimos
informarle que en la zona definida en su momento como prioridad
para los trabajos de campo, es decir Salitre, ya concluyeron la
delimitación y amojonamiento" (p. 3).
Cabe señalar "en passant", que una comunicación del mes de octubre
del 2017 relacionada a una regulación que pareciera validar la
prueba obtenida mediante tortura (véase texto
integral) se mantiene (por alguna razón) sin respuesta oficial
de Costa Rica registrada en el sitio oficial de Naciones
Unidas.
Sergio Rojas y las medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense
Como es sabido, el clima de violencia que impera en la región de
Salitre contra las poblaciones indígenas que buscan recuperar sus
territorios y sus líderes es tal que Sergio Rojas había sido objeto
de medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la misma
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015. Habíamos
tenido la oportunidad de analizar estas medidas ordenadas a Costa
Rica el 30 de abril del 2015 y remitimos a nuestros estimables
lectores a nuestra nota publicada en el sitio jurídico de
DerechoalDia titulada "Pueblos indígenas en Salitre: las medidas
cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH" disponible en este
enlace.
En esta nota de prensa publicada 48 horas después del asesinato de
Sergio Rojas, se deja entrever el conocimiento bastante
aproximativo que tienen las máximas autoridades de seguridad de
Costa Rica con relación al alcance exacto de estas medidas
cautelares ordenadas por la CIDH en el 2015 (véase nota y en
particular primer audio de nota de
prensa de Monumental titulada "Seguridad aumentará presencia
policial en Salitre y defiende protocolo para atender
alertas").
Salitre: un territorio indígena convulsionado por el conflicto por la tierra
El asesinato de Sergio Rojas viene a interpelar a las autoridades
costarricenses dadas las diversas advertencias hechas por un
sinnúmero de organizaciones sociales y de derechos humanos en los
últimos años, así como estudios y diagnósticos sobre la situación
de total indefensión en la que se encuentran las poblaciones
indígenas en sus territorios ante los atropellos que sufren a
diario. La problemática que enfrentan las comunidades indígenas se
extiende a varias zonas de Costa Rica. No obstante, la lucha por
recuperar la tierra emprendida en Salitre es la que ha tenido, por
alguna razón, mayor eco ante la opinión pública.
En este informe
reciente publicado por la UNED titulado "El territorio de
Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 – 2017" (y cuya
lectura completa recomendamos), se lee que en el 2013:
"Con la recuperación en la comunidad de Río Azul (Di diö sië) el
conflicto por la tierra en Salitre adquirió mayores proporciones,
el gobierno de la administración Chinchilla Miranda convocó a la
Mesa de Diálogo entre el Gobierno de Costa Rica y Representantes y
Dirigentes Indígenas de la Zona Sur" (p. 122).
Mapa de la región de Salitre, extraído de nota de
prensa del Semanario Universidad titulada "Recuperación de
tierras bajó ocupación no indígena en Salitre. Asesinato de Sergio
Rojas es punta del iceberg de la conflictividad en ese territorio
indígena", edición del 9/04/2019
En un análisis reciente elaborado para el diagnóstico que
anualmente presentan las universidades públicas costarricenses,
denominado "Estado de La Nación" (véase informe),
en un acápite sobre la aplicación de la normativa en la materia y
los casos conocidos por la justicia costarricense, se puede leer
que:
“En general, la gran mayoría de los casos expuestos tienen que ver
con que no hay voluntad política que posibilite la aplicación
literal de la ley. Es especialmente dramático el caso de los
derechos territoriales” (p. 32).
A raíz del asesinato de Sergio Rojas se pudo leer en una nota de
prensa publicada en España la siguiente frase por parte de un
sociólogo costarricense:
"Esto ocurre en un país que se cree blanco, muy centralizado y
donde los indígenas están instalados en las periferias de las
periferias, alejados de toda fuente de poder" (véase nota de
ElPais, titulada "El asesinato de un dirigente ambiental muestra la
precariedad de la minoría indígena en Costa Rica", edición del
25/03/2019).
Otra frase (extraña), pronunciada esta vez por parte de una Vice
Ministra de Costa Rica en febrero del 2015, reviste cierto
interés:
"Porque si pensamos rendirnos a lo que ustedes plantean, de que
están dispuestos a dar la vida, para nosotros sería facilísimo,
porque nada más llamamos a la policía y que levanten los cadáveres
y ya" (véase nota de
ElPais.cr y nota de
CRHoy sobre algunas reacciones a estas inusuales aseveraciones por
parte de una autoridad costarricense).
El contenido de la comunicación en breve
En la precitada comunicación de Naciones Unidas, los tres órganos
de derechos humanos que la suscriben no dudan en indicar que para
ellos, el asesinato de Sergio Rojas:
"demuestra los graves problemas existentes por la falta de
reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo Bribri
sobre sus tierras, causa subyacente de la seria situación de
violencia generalizada contra el pueblo" (p. 3).
La respuesta oficial de Costa Rica a la misiva de los órganos de
Naciones Unidas fue recibida el 2 de abril del 2019 y está de igual
forma disponible desde esta fecha en este enlace
oficial de Naciones Unidas. Al momento de redactar esta breve
nota (22 de mayo del 2019), no existe ningún otro documento oficial
puesto a disposición del público proveniente del Estado
costarricense en el sitio de Naciones Unidas.
Entre varios puntos solicitados en su petitoria conjunta, se lee
que los tres órganos solicitaron expresamente a las autoridades de
Costa Rica:
"... proporcionar información sobre las medidas adoptadas para
garantizar los derechos del pueblo Bribri sobre sus tierras,
territorios y recursos naturales" (punto 3, p. 4), así como:
"... proporcionar información sobre las medidas de protección
adoptadas por el Estado para asegurar que los defensores de los
derechos humanos en Costa Rica puedan ejercer libremente su labor,
sin temor a cualquier represalia, amenaza, acto de intimidación o
agresión" (p. 4, punto 6).
Este último requerimiento reviste especial interés dada la gran
cantidad de líderes indígenas, líderes comunitarios y ecologistas
que, en Costa Rica, han sido objeto de todo tipo de acciones
violentas e intimidaciones, incluyendo acciones penales por
supuesta difamación que el sistema penal costarricense tolera a
sabiendas que no tienen mayor fundamento desde el punto de vista
legal.
Como es usual en nuestros escritos, se recomienda una lectura
integral del texto de la comunicación
enviada por los tres expertos, en aras de entender mejor el
alcance preciso de la solicitud hecha a Costa Rica.
Cabe precisar que las reglas que ha elaborado Naciones Unidas en
materia de divulgación/publicidad de las comunicaciones de órganos
de derechos humanos establece que estos documentos son puestos a
conocimiento del público 60 días después de haber sido notificados
al Estado investigado/incriminado. Ello permite otorgar al Estado
un espacio de tiempo prudencial para contestar a los requerimientos
hechos, y permitir luego que se dé a conocer cuáles son a la
opinión pública (y en particular a las ONG). En materia de derechos
humanos, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad
civil y la presión de la opinión pública han demostrado ser
particularmente eficaces ante un Estado renuente a proporcionar
información y/o a tomar algunas medidas.
La apremiante situación en Salitre en agenda desde Ginebra y desde Washington
En el caso específico de Costa Rica, la divulgación de estos
documentos por parte de la sede de Naciones Unidas en Ginebra
coincide con la visita in situ que realiza la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica desde el pasado 20
de mayo : véase en particular la nota de
prensa de Informa-tico titulada "Comisión Interamericana de
Derechos Humanos exhortó a que se revele la verdad y pidió una
justicia disuasiva", la nota del
sitio Delfino.cr titulada "Salitre y Térraba ahogados en
frustración y desconfianza" y la nota del
Semanario Universidad titulada "Jefe de delegación de la CIDH
encontró “compromiso renovado” en autoridades costarricenses".
Al condenar el asesinato del lider indígena costarricense ocurrido
el 18 de marzo del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos había señalado, entre varios puntos de gran interés (y
pocamente divulgados en Costa Rica), que considera:
"la importancia del territorio para la supervivencia física y
cultural de los pueblos indígenas, y reitera lo establecido por la
Corte Interamericana, en el sentido que la falta de identificación,
delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados
respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de
incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social
del colectivo" (véase comunicado
oficial con fecha del 22/03/2019, cuya lectura completa -
también - se recomienda).
A modo de conclusión
Advertencias desoídas por parte del aparato estatal costarricense
con relación a temas de derechos humanos parecieran ser la tónica
en los últimos tiempos. Recurrir a instancias internacionales para
denunciar la inacción estatal, de igual forma pareciera serlo.
En agosto del 2015, el Comité de Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), al examinar el
informe presentado por Costa Rica, había externado, entre muchas
otras recomendaciones a Costa Rica (de innegable actualidad 4 años
después de formuladas) que, en materia de tenencia de la
tierra:
"28. El Comité reitera su recomendación (A/62/18, párr. 303)
de redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho de los
afrodescendientes y de los pueblos indígenas a la tenencia de la
tierra. Asimismo, recomienda que, de manera prioritaria, se tomen
pasos decisivos para buscar soluciones en las que los pueblos
indígenas puedan recuperar las tierras dentro de sus territorios,
incluso en casos de ocupación ilegal, compra ilegal y
enfrentamientos o amenazas vinculadas a la conflictividad generada
por esta situación, mediante acciones administrativas y judiciales
que incluyan el desalojo y el enjuiciamiento de responsables. El
Comité recomienda también un proceso de consulta para la
delimitación y titulación de los territorios" (véase observaciones
finales del CERD a Costa Rica, 2015, disponible en este enlace).
Con ocasión de las observaciones presentadas a Costa Rica por otro
órgano convencional como lo es el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (CDH) en el 2016, en el que se menciona la
situación de las poblaciones indígenas entre los problemas
irresueltos que el Estado costarricense tiene la obligación de
resolver, habíamos externado a modo de conclusión que:
"No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las
advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente
mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar
paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de
derechos humanos en Costa Rica desde varios años" (véase nuestro
análisis
titulado "Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a
informe de Costa Rica: breves apuntes" publicado en el sitio de
Derechoaldia).