Rectores de las universidades públicas interponen acción de nulidad contra decreto que regula el plan fiscal
Los rectores de las cinco universidades públicas presentaron una demanda con medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado.
La acción de nulidad se plantea en contra del artículo 1° inciso h)
y del artículo 3° del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el
pasado 18 de febrero, denominado “Reglamento del Título III de la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3
de diciembre de 2018, referente al empleo público”.
Además de la violación, por aplicación indebida de varios artículos
de la Ley de Salarios de la Administración Pública,
reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas.
Entre los principales argumentos que respaldan esta demanda, se
señala que la regulación del régimen de empleo de las
universidades públicas es materia reservada a las competencias de
estas instituciones, y desde su creación han quedado fuera de
la aplicación del régimen del Servicio Civil.
Las disposiciones contenidas en la Ley de Salarios de la
Administración Pública, propias del régimen del Servicio
Civil, no resultan de aplicación a las universidades estatales.
El régimen de empleo público que regula a estas instituciones se
encuentra en sus diferentes estatutos orgánicos, sus reglamentos
internos de trabajo y sus reglamentos autónomos y de servicio.
Además, la Sala Constitucional ha dejado claro en diversos fallos
que la independencia constitucional universitaria es distinta a
la de los demás entes descentralizados. Entre otros
aspectos están posibilitadas para establecer sus planes, programas,
presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno
propio.
De esta manera, las universidades públicas se encuentran fuera
del ámbito de aplicación de las disposiciones de la Ley N.º
9635, especialmente en el tema que se pretende reglamentar
con el decreto ejecutivo 41564.
El Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, manifestó que
las universidades estatales siendo coherentes con la
responsabilidad social que les caracteriza y conscientes de la
situación económica del país, han tomado medidas importantes de
reducción del gasto y han solicitado a las instancias
correspondientes la aprobación de normativa interna que incorpore
en los ordenamientos jurídicos universitarios, nuevas y adicionales
políticas de promoción de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad
financiera.
“Sin embargo —agregó— debemos velar porque se respete lo que determina nuestra Constitución Política con respecto a la autonomía de las universidades públicas, precisamente para evitar que poderes políticos gobiernen en las universidades”.
La Universidad de Costa Rica también está revisando los regímenes de remuneración vigentes y ha establecido como indemnización máxima para el pago de cesantía el tope de 12 años.
