Escuela de Enfermería de la UCR brindó curso de formación con metodología reconocida a nivel internacional

Funcionarios judiciales se especializan para abordar a personas con problemas de adicción

Proccetrad-CR es una iniciativa sólida que articula múltiples esfuerzos de entidades públicas y privadas que buscan fortalecer el conocimiento relacionado con la problemática de las adicciones. Anel Kenjekeeva

Hay una diferencia clara entre el uso de sustancias psicoactivas y el consumo por adicción. Mientras el primero se da tan solo en algunos momentos, el segundo surge por una necesidad; un conocimiento clave que ahora 18 funcionarios del Poder Judicial poseen con mayor profundidad y que utilizarán para redirigir a las personas implicadas en procesos penales con medidas más apropiadas según su condición.

La preparación se dio en el marco del Programa de Capacitación y Certificación del Recurso Humano en Tratamiento y Atención en Drogas-Costa Rica (Proccetrad-CR), una iniciativa conjunta entre la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como otros centros de tratamiento e instancias no gubernamentales.

De acuerdo con Elena Hernández Rojas, coordinadora académica, este es el segundo grupo del Poder Judicial que se capacita en el área y el objetivo fue sensibilizarlos para lograr abordajes más efectivos, sin dejar de lado los derechos y el respeto por la dignidad de cada individuo, independientemente de si este tiene un consumo problemático o no.

“La adicción posee características muy distintas a lo que es el consumo, por lo tanto, se debe evidenciar diferente. El Poder Judicial dicta medidas para las personas a través de los procesos judiciales y algunas necesitan estar mejor dirigidas. Entonces, lo que queremos es optimizar las prácticas que tienen los colaboradores en las diversas organizaciones a fin de que sean capaces de guiar adecuadamente a las personas y que estas puedan vivir su vida de la mejor manera”, dijo.

Dentro del grupo de funcionarios del Poder Judicial se encontraban jueces, abogados, defensores públicos y fiscales, así como trabajadores del área de peritaje como psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales; todos ellos capacitados para que, desde su campo, puedan generar un aporte importante, no ligado al tratamiento, pues la mayoría carece de una relación directa en este ámbito, sino en qué hacer y cómo redirigir a estas personas hacia un cambio favorable en sus vidas.

“Supongamos que una persona está en un proceso judicial y tiene un defensor público. El defensor debe saber entonces cuáles son las características de las personas que consumen sustancias psicoactivas y distinguir entre la adicción y el consumo porque eso va a tener una implicación importante. En el caso de los jueces, que ellos conozcan bien esa diferencia permite que, por ejemplo, puedan recomendar a la persona a una organización y tener una medida alternativa para tratar su condición”, explicó Hernández.

  Apoyo esencial

Al igual que los funcionarios del Poder Judicial, otras 19 personas de organizaciones no gubernamentales del Ministerio de Justicia, así como del IAFA y la Escuela de Enfermería de la UCR, se capacitaron, pero esta vez en el campo de la consejería en alcohol y otras drogas.

Con los nuevos conocimientos adquiridos, ese grupo se encargará de apoyar a las personas que consumen algún tipo de psicotrópico al incentivar la abstinencia y brindar apoyo como parte de su tratamiento a fin de evitar recaídas. Todo esto, a través de acciones especializadas que propicien la evolución positiva del individuo durante su proceso de recuperación.

“El curso de consejería en alcohol y otras drogas consta de tres módulos. Se extendió a lo largo de todo un año y capacitó a profesionales como a no profesionales. Lo que se busca es una especialización, es decir, que las personas estén capacitadas con insumos metodológicos de consejería y así apoyen a las personas en el reto por dejar de consumir”, indicó Hernández.

Magda Araya García, una de las estudiantes del curso, describió su aprendizaje como una experiencia que trascendió su ámbito y tocó fibras sensibles incluso a nivel personal.

“Salimos como personas más sensibles y con muchísimas más herramientas que nos permiten entender la enfermedad de la adicción de los usuarios de los centros para los que trabajamos y conocernos más a nosotros mismos. Con el aprendizaje de estas técnicas salimos más sensibles, más solidarios y más conscientes, valores que hacen gran falta hoy en día en nuestra sociedad”, expresó.

Respaldo internacional

Proccetrad-CR nació, en primera instancia, por una iniciativa de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El proyecto fue creciendo a tal punto que se adecuó a las necesidades específicas de Costa Rica, pero conservó el estándar internacional.

“El programa es conocido a nivel internacional. La CICAD ha venido trabajando en otras propuestas en donde se invitan a los actores técnicos y políticos, que no involucra solo el ICD, sino también a la UCR. La Universidad, en representación de Ligia Murillo, ha ido a varios países a presentar lo que se está haciendo en la temática de drogas. Ella ha enriquecido mucho la forma metodológica del Proccetrad-CR y la posibilidad de capacitar a múltiples poblaciones a través del programa de extensión docente”, afirmó.

En esto también influye el prestigio de la UCR. Actualmente, la Universidad se coloca en el ranking global de universidades QS para el 2019 en el rango de 501- 510, una calificación que la ubica en el puesto 19 entre todas las universidades de América Latina. Esto aumenta la credibilidad en cuanto a la calidad de las estrategias que aplica el programa y su enfoque participativo en el aula basado en el diálogo.

Nuevas generaciones

Con ese respaldo que le acompaña, el programa continúa capacitando a profesionales en consejería y en otros modelos, como el de reducción del daño, el cual procura restituirle a las personas habitantes de la calle sus derechos. Este año se suma un nuevo integrante: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Es la primera vez que estamos trabajando con la Caja y otras organizaciones. En este caso, el curso de consejería es para profesionales que están en los equipos transdisciplinarios de salud mental y que laboran tanto en los servicios de los hospitales como en el servicio de medicina de empresa”, manifestó María Fernanda Montoya Picado, coordinadora académica.

Montoya agregó que lo anterior será un aporte vital. Las instancias participantes han encontrado dificultades con algunos de sus empleados, quienes presentan situaciones problemáticas en torno a una sustancia. Por lo tanto, el curso genera una nueva oportunidad sobre cómo brindar consejería en los servicios de atención para pacientes y, al mismo tiempo, a nivel interno en cómo trabajar con sus empleados.

En total son 25 personas las que componen esa nueva generación, la cual se espera que se gradúe en agosto del 2018. Para el 2019, se están planificando 11 ofertas académicas y una evaluación de calidad que sirva para potenciar los alcances del programa.