Un informe independiente elaborado por la Asociación Costa Rica Íntegra, en colaboración con el Programa Informe del Estado de la Nación, dirigido al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción (Mesicic) se discutió en una mesa redonda que organizaron la Escuela de Ciencias Políticas y de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad denominada organismos de control y lucha contra la corrupción en Costa Rica: una perspectiva a partir del informe al Mesicic contó con la participación del Dr. Gilbert Calderón Alvarado, procurador de la Ética, la Dra. Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República y el MBA. Guillermo Bonilla Almanza, director de control de gestión administrativa de la Defensoría de los Habitantes.
Antes de comenzar la discusión, el Dr. Eduardo Núñez Vargas, presidente de la Asociación Costa Rica Íntegra presentó los resultados del informe.
En este informe se analizó el marco institucional de los órganos de control, la efectividad del proceso de atención de las denuncias, las limitaciones y virtudes y la identificación de buenas prácticas. En general, esto ha evolucionado de manera positiva y se ha ajustado la legislación a los compromisos internacionales que ha adquirido el país en esta materia.
Según Núñez se encontraron dos grandes brechas. La primera se refiere a mandatos y disposición efectiva de recursos para atender alcance diversidad y profundidad de los mandatos atribuciones y funciones asignadas a los órganos de control.
La otra brecha se presenta en relación a la limitada rendición de cuentas según la precepción de la ciudadanía. Aquí encontraron lo que ellos denominan un punto ciego del sistema que se resume en la pregunta ¿quién controla a los que controlan?
También se encontró una separación entre los organismos de control y la función de control político que recae en la Asamblea Legislativa.
Algunos puntos por mejorar que se indican son la difusión de los informes de labores, el seguimiento de temas y criterios para comparar los datos, construcción de indicadores de desempeño institucional, evaluación de personal, entre otros.
El Dr. Núñez recalcó el aumento en el número de denuncias ciudadanas presentadas, durante los últimos tres años. Sin embargo, la capacidad de respuesta es menor al volumen de denuncias.
Para estos hallazgos, el informe presenta algunas recomendaciones, como mejorar los sistemas de registro de información sobre desempeño institucional y su divulgación; desarrollar indicadores de desempeño para guiar la distribución de recursos en función de competencias; establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y perfeccionar mecanismos de recepción de denuncias y protección a denunciantes, entre otras.
La Dra. Marta Acosta se refirió a los espacios de rendición de cuentas que tiene la Contraloría General de la República (CGR), por medio de la ciudadanía, los medios de comunicación y la Asamblea Legislativa.
“Además tenemos una auditoría financiera anual y nos sometimos a principios de este año a una evaluación externa por parte de otras contralorías y nos revisaron dos aspectos que son muy importantes, ¿cómo decide la Contraloría lo que va auditar? y todos los planes de mediano y corto plazo que tenemos”, puntualizó Acosta.
También explicó el trabajo que realiza la institución en relación a las denuncias e irregularidades que analizan como parte de su trabajo de fiscalización. Sobre este tema comentó que no todas las denuncias que reciben en la CGR son competencias de esta institución, por lo que ellos las trasladan a donde corresponden. De igual manera, explicó que no todas las fiscalizaciones que se realizan terminan con una sanción, y que no todas las denuncias tienen que ver con casos de corrupción.
Por su parte, Gilbert Calderón y Guillermo Bonilla coincidieron acerca de la importancia de la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los procesos de rendición de cuentas y en el esfuerzo conjunto que el país está realizando en contra de la corrupción.