7 jul 2011Sociedad “Costa Rica es, como yo creo que está siendo, una sociedad en decadencia”, según afirmó la Licda. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza del Tribunal Penal de San José y profesora de la Facultad de Derecho de la UCR, en la conferencia que ofreció recientemente en el Auditorio de esa Facultad.

En su disertación Ilusionismo penal para una sociedad en decadencia, impartida por invitación de la Cátedra de Derecho Penal, señaló que para lograr que nuestra patria fuera una República democrática, libre e independiente en la Constitución de 1949 se diseñó un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la división de poderes necesaria en toda democracia; se crearon controles para evitar que los bienes comunes fueran dilapidados por unos pocos, y se recogieron las principales garantías individuales y sociales, consagradas a nivel internacional por diferentes instrumentos de derechos humanos.

Sin embargo, apuntó que “hoy la mayoría de esas normas son simples normas programáticas, hermosas declaraciones de principios que, como las fotografías antiguas, están diseñadas y marcadas por una cruda realidad en la que predomina una visión maniquea e individualista de la vida”.

Agregó que en contraposición con lo establecido en los artículos 1 y 50 de la Constitución, en la Costa Rica del 2011 es fácil observar una difuminación en las líneas que marcan la división del poder, no ya entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues uno siempre ha sido apéndice del otro, sino a nivel judicial, donde “lamentablemente no solo se deciden los grandes temas de política nacional a nivel constitucional, sino que precisamente los pactos y cuotas de poderes son cada vez más frecuentes y se defienden más férreamente”.

Por ello, comentó Chinchilla, “de republicanos tenemos cada vez menos, y nuestra dosis de demócratas respetuosos de los derechos humanos tampoco nos alcanza para mucho, ni siquiera para presumir de ello ante la comunidad internacional”.

Agregó que “mientras vamos por el mundo suscribiendo convenios de derechos humanos sin ton ni son, nuestra interpretación de ellos a lo interno es cada vez más restringida, más limitada y a veces tienen que ser los organismos internacionales los que nos enmienden la plana”.

También señaló que, “la mayoría de las instituciones estatales han sido o están siendo desmanteladas, unas porque son muy productivas y por ende apetecidas por el capital transnacional; otras porque nos dicen que son improductivas y hay que cerrarlas”.

Además, “la universalización del Seguro Social languidece en medio de los biombos, atacados por quienes mientras hacían eso ponían sus manos a las grandes dádivas del capital transnacional o los médicos que usufructúan en sus consultorios privados o la venta de servicios médicos de las grandes clínicas privadas del país”.

Apuntó, asimismo, que “igual acontece con el sistema fiscal en el que se suponía que el que más tenía debía aportar para sufragar los gastos nacionales y de los que menos tienen, el cual fracasa estrepitosamente frente a los intereses creados que prefieren que el gasto público lo sigan financiando con sus impuestos los empleados públicos”.

En materia ambiental, dijo que “mientras nos proponemos como meta reciclar, paz con la naturaleza o ser una nación carbono neutral, autorizamos decretos de minería a cielo abierto, damos en concesión nuestras playas, privatizamos el agua o la contaminamos”.

“El resultado de todo esto es la alarmante desigualdad social que vivimos y que año con año nos lo pone en evidencia el Estado de la Nación”, subrayó la Jueza.

Política criminal de Estado

Según la Licda. Chinchilla, desde 1973 en que se aprueba el Código Penal hasta la actualidad existen 55 reformas a los prácticamente mismos tipos penales, delitos contra la propiedad individual y delitos sexuales, sin tocar el tema de los delitos fiscales y los de cuello blanco. Además existen 33 leyes especiales todas las cuales recetan más prisión como única forma de tratar el delito.

En este sentido expresó que, “mientras la realidad exige más y mejores empleos, viviendas dignas para todos, comida para todos, se nos dice que el problema nacional por excelencia es la seguridad nacional y se hace de este el tema por excelencia en las campañas electorales”.

Agregó que, “desde el Ministerio de Seguridad Pública durante mucho tiempo se nos dijo que la seguridad era un asunto nuestro, que el Estado no tenía que hacer nada y que eran los barrios los que tenían que organizarse contra el hampa. Se nos dijo que a partir de esa situación había que quitar policías, comisarías y recursos porque si no nos militarizábamos”.

En el ámbito de la justicia, apuntó, el panorama no es muy diferente, pues en nombre del respeto de los derechos humanos y sus instituciones se impulsan leyes para aumentar la prisión preventiva.

Al respecto mencionó que si bien en el 2009 se redujo la proporción de habitantes por juez, lo que en un principio implicaría una menor carga de trabajo para cada operador judicial y por ende una disminución en los tiempos de respuesta; no obstante los avances en la duración de los procesos son muy desiguales, además de que la tasa de crecimiento real de casos pendientes por año aumentó en el último trienio.

También apuntó que, a pesar de que en el año 1994 se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para quitarle toda función administrativa a los magistrados y que se dedicaran a administrar justicia, actualmente existen 70 comisiones cada una presidida por un magistrado e integrada por uno o varios de ellos y cada magistrado o magistrada impulsa su propio proyecto, muchos de los cuales son contradictorios entre sí.

“Hoy el Derecho Penal se usa como un juego de magia para distorsionar una realidad que nos afecta a todos. Hoy el Derecho Penal, desde lo Legislativo y desde el discurso jurisdiccional, nos cambia las realidades, nos las desmaterializa, nos las transforma, nos las oculta. Nos seguimos proclamando respetuosos de los derechos humanos, pero estamos en una sociedad en decadencia y esa decadencia la oculta muy bien el Derecho Penal”, dijo la Licda. Chinchilla.

Qué hacer?

Para la Licda. Rosaura Chinchilla “lo único que queda por hacer, la única esperanza que nos queda a quienes nos dedicamos al Derecho Penal, es prepararnos, dar lo mejor de nuestras capacidades, dar lo mejor de nuestras responsabilidades y comprometernos con un proyecto ético desde la Cátedra de Derecho Penal, pero también desde la Universidad en general, que propicie que nos replanteemos las bases sobre las que está construida esta edificación que llamamos Estado de Derecho”.

Esto, agregó, “significa que desde nuestra posición de profesionales, de estudiantes abandonemos el confort que tenemos para justamente propiciar los cambios, evidenciar las cosas que están sucediendo y desde esa instancias lograr alzar nuestras voces para decir que no todos pensamos igual, que no todos estamos de acuerdo con lo que está pasando”.

La Licda. Chinchilla fue enfática al señalar que, “podemos cambiar todos los códigos en uno u otro sentido si quisiéramos, pero eso en nada puede incidir en nuestra realidad si nosotros no tenemos un compromiso ético por cambiar desde nuestras comunidades, desde nuestras familias, desde nuestros lugares de trabajo y estudio, el estado de cosas del país”.