29 jun 2010Gestión UCR

Las Universidades Públicas son transparentes y saben para qué han solicitado los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2011-2015, enfatizó en conferencia de prensa la Dra. Yamileth González García, rectora de la Universidad de Costa Rica y presidenta del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Este criterio es compartido por la Licda. Sandra León Coto, rectora de la UNA, el M.Sc. Eugenio Trejos Benavides, rector del ITCR y el MBA. Luis Guillermo Carpio Malavassi, rector de la UNED, quienes junto a la Dra. González manifestaron que a diferencia de lo que han dicho públicamente los ministros de Educación, Leonardo Garnier Rímolo y de Hacienda, Fernando Herrero Acosta, las universidades públicas han negociado con honestidad y respeto durante catorce meses en la Comisión de Enlace, brindando oportunamente la información solicitada de forma precisa y detallada.

A juicio del Conare, los ministros de la anterior y de la actual administración, no han estado a la altura de sus responsabilidades, pues algunos de ellos han reconocido en la Comisión de Enlace que no han analizado la documentación presentada, mientras paralelamente manipulan a la ciudadanía con cifras incorrectas e irrespetan a las autoridades universitarias.

Alegan que Garnier y Herrero han inflado al triple la solicitud de las universidades públicas y han faltado a la verdad al decir que se quiere un 2.4% del PIB al final del quinquenio, cuando el porcentaje solicitado va del 1.3% al 1.86% del PIB, lo que equivale a una diferencia del 30% entre un porcentaje y otro.

A juicio del Conare, el Gobierno no ha cambiado de posición desde la administración anterior: en aquel momento ofrecieron un 4% de crecimiento real y hoy ofrecen un 1.24% del PIB, que es lo mismo que un 4% de crecimiento real.

“Esta injusta propuesta, indican, implicaría despido de personal interino, cierre de cursos, no incrementar el ingreso de estudiantes nuevos cada año en un 3%, una disminución del 17% de la inversión en becas estudiantiles, suspender el programa de becas al exterior para renovación de cuadros académicos y avanzar más lentamente en los procesos de acreditación debido a su costo tan elevado”.

Indicaron que es falso que las universidades no planifiquen, cuando, desde el 2006, la Oficina de Planificación para la Educación Superior (OPES) y el Conare desarrollan el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES), que ha dado prioridad a la pertinencia de las investigaciones con participación o en beneficio de diversas comunidades del país, calidad, cobertura y equidad, ciencia, tecnología e innovación y gestión.

Entre los beneficios del PLANES 2006-2010 aún vigente, destacan un mayor porcentaje de ingreso de estudiantes cada año, más de 82 mil estudiantes matriculados en el 2010, 31 mil de ellos becados y dos terceras partes procedentes de colegios públicos; más cupos y opciones de carreras en todas las áreas del conocimiento, incluidas 35 carreras innovadoras que se imparten en todo el país; 469 proyectos interuniversitarios de investigación, acción social, docencia y vida estudiantil; y cerca de ¢5.800 millones invertidos en el 2009, en proyectos de regionalización en comunidades con mayor rezago económico y social.

De todo esto se han rendido cuentas claras a la Contraloría General de la República y a las contralorías universitarias, mediante planes anuales operativos, informes de estados financieros e informes de auditoria externa.  Además, previo análisis de las contralorías y auditorías universitarias, se entrega a los poderes Ejecutivo y Legislativo el presupuesto anual, que contiene un exhaustivo informe de las finanzas universitarias, todos documentos de consulta pública.

La propuesta presentada al Gobierno para el quinquenio 2011-2015 busca entre otras cosas ampliar la cobertura y garantizar la permanencia de los estudiantes en las universidades estatales, garantizar la calidad y pertinencia del recurso humano, fortalecer el equipamiento y desarrollo de la infraestructura de cara a la innovación y el desarrollo científico y tecnológico e impulsar el desarrollo regional del país, enfatizando en las poblaciones menos favorecidas.

A pesar de lo agotador que resulta el proceso en la Comisión de Enlace, las y los rectores se manifestaron dispuestos a continuar negociando, defendiendo siempre que el financiamiento solicitado no es un gasto, sino una inversión bien fundamentada, con una planificación seria y responsable y con una visión de país de mediano y largo plazo