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Universidades estatales recibirán $50 millones cada una

Dan segundo debate a préstamo de Banco Mundial

Lidiette Guerrero Portilla, Periodista Oficina de Divulgación e Información
Categoría: Administración - 5 de junio de 2013.
El proyecto obtuvo 46 votos a favor y uno en contra en el plenario legislativo (foto Patricia Méndez, Asamblea Legislativa)
El proyecto obtuvo 46 votos a favor y uno en contra en el plenario legislativo (foto Patricia Méndez, Asamblea Legislativa)

Con 46 votos a favor y uno en contra se aprobó en segundo debate  el empréstito entre el gobierno de la República y el Banco Mundial, conocido como expediente 18700 para el Mejoramiento para la Educación Superior, este 4 de junio.

Con este préstamo se dotará de recursos extra a las universidades estatales, según el convenio suscrito entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el 26 de agosto del 2010, como parte de las negociaciones del Fondo Especial de la Educación Superior.

El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington y el rector de la UNED, Luis Guillermo Carpio, siguieron de cerca la sesión legislativa el 4 de junio (foto Óscar Hidalgo)
El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington y el rector de la UNED, Luis Guillermo Carpio, siguieron de cerca la sesión legislativa el 4 de junio (foto Óscar Hidalgo)
En total se otorgarán $200 millones a las cuatro universidades públicas (UCR, UNA,TEC y UNED) $50 millones para cada una, con el objetivo de que puedan desarrollar un plan de mejoramiento, que incluye aumento de cupos de admisión, fortalecimiento a la regionalización, impulso a proyectos innovadores en diferentes áreas, incremento de programas docentes, de acción social e investigación, de carreras acreditadas y una fuerte inversión en infraestructura (más aulas, laboratorios y equipo de alta tecnología, entre otros).

El 23 de mayo pasado el plenario le dio primer debate a esta ley por unanimidad, pero en esta ocasión el diputado del Frente Amplio, José María Villalta votó en contra, después de que fue rechazada la moción 154 que presentó al plenario para que el proyecto se devolviera a comisión, con la idea de que se le eliminara el último párrafo del artículo 7.

Ese artículo establece que anualmente las universidades deben informar a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, de la ejecución del proyecto.

Grupos de universitarios que acudieron a las barras de la Asamblea Legislativa manifestaron su sentir en las pancartas que llevaron (foto periodista Óscar Hidalgo).
Grupos de universitarios que acudieron a las barras de la Asamblea Legislativa manifestaron su sentir en las pancartas que llevaron (foto periodista Óscar Hidalgo).

Con la moción 154 el diputado Villalta pretendía que se volviera a dar primer debate a la citada ley, luego de eliminar el citado párrafo. No obstante su moción fue rechazada y el presidente legislativo Luis Fernando Mendoza puso de inmediato en el plenario el segundo debate del expediente 18700.

La moción de Villalta responde a la recomendación que hiciera el  29 de mayo el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en un pronunciamiento que hizo en contra del artículo siete.

La Sede del Caribe de la UCR manifestó su apoyo al proyecto (foto periodista Óscar Hidalgo).
La Sede del Caribe de la UCR manifestó su apoyo al proyecto (foto periodista Óscar Hidalgo).
El rector de la UCR, Dr. Henning Jensen Pennington junto a los otros rectores de las universidades estatales se mantuvieron en la Asamblea Legislativa, junto a  un grupo de universitarios que acudió a las barras legislativas para apoyar la aprobación del proyecto.

Jensen manifestó que  ese proyecto ha sido ampliamente esperado por las universidades  y que incluso la Oficina Jurídica de la UCR emitió un dictamen en relación con el artículo 7 de esa ley que señala que  “no interfiere ni puede afectar el diseño de los planes estratégicos institucionales ni su implementación, por lo que esta disposición no contraviene la Autonomía Universitaria”.

Además recordó que los documentos de ese empréstito están a disposición de todas las personas interesadas en el sitio web de Rectoría y que todos fueron revisados ampliamente durante 18 meses, para adecuar los lineamientos del ente financiador a las condiciones y requerimientos universitarios, así como la referencia expresa de garantizar la autonomía universitaria, según lo establece el artículo 84 de la Constitución Política.

“Los proyectos que se ejecutarán con este préstamo han sido definidos libremente por las universidades públicas, en consecuencia, no imponen condición alguna que limite o lesione la autonomía universitaria”, afirmó el Rector y agregó “como instituciones públicas estamos en la obligación de rendir cuentas del empleo de nuestros presupuestos”.

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