Universidad de Costa Rica
Caminos polvorientos en la época seca, barreales y deslizamientos durante la época lluviosa y huecos durante todo el año caracterizan las rutas cantonales en Costa Rica, una realidad que afecta el desarrollo de las comunidades y golpea la economía rural dependiente de la producción agrícola y del turismo.
Desde las zonas fronterizas hasta la Gran Área Metropolitana (GAM), los habitantes y visitantes de las zonas rurales enfrentan cada año las mismas dificultades para transitar por los caminos en mal estado de la red vial cantonal (RVC). Esta última representa el 83 % del total de longitud de la red vial total del país y se compone en un 71 % por caminos de lastre o tierra.
Dicha red es la más grande del país y se extiende por aproximadamente 38 032,16 kilómetros, distribuidos en los 84 cantones, y es administrada por los gobiernos locales. En comparación, la red vial nacional, administrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), solamente cubre 7 979,25 kilómetros, según datos del inventario registrado ante el MOPT en el 2022.
“La RVC es vital para brindar accesibilidad y movilidad a los usuarios, además de servir como red de transporte de los productos locales, lo cual incentiva el comercio”, destacan los y las investigadoras del área de Gestión Vial Municipal en el LanammeUCR.
No obstante, en su artículo sobre Desarrollo de la Gestión Vial Municipal en Costa Rica, los expertos Lilly Xu-Ye, Sharline López Ramírez, Jaime Allen Monge y Guillermo Loría señalan que “la debilidad que posee la RVC es su calidad, lo cual afecta la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, como el acceso a la salud, alimentación, educación, trabajo, entre otros”.
La condición en la que se encuentra la red vial cantonal es entre mala y regular, de acuerdo con los datos suministrados por los gobiernos locales a la Contraloría General de la República (CGR). Según el Índice de Gestión de Servicios Municipales de la CGR, de los kilómetros existentes de tal red, el 60 % se encuentra en un estado de regular a muy malo, mientras que solo el 6 % cuenta con un estado excelente.
Asimismo, detalla el informe, de los 3 841 puentes que administran las municipalidades, el 30,7 % (es decir 1 182 puentes) cuenta con condiciones de “deficiente” a “riesgo inaceptable”. Factores políticos, económicos, climáticos y de gestión se conjugan en cada cantón dificultando que la red vial se mantenga en condiciones adecuadas que favorezcan el desarrollo de las comunidades.
Desde el 2016, con la entrada en vigencia de la Ley N.° 9329 “Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”, se establece que la atención de dicha red es competencia, de forma plena y exclusiva, de los gobiernos locales.
De acuerdo con la ley, a las municipalidades les corresponde planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio.
No obstante, estas responsabilidades parecen exceder las capacidades de varios municipios. La CGR señala que aún existen 12 municipalidades que no cuentan con un plan quinquenal de gestión vial que contenga las políticas, indicadores, metas y montos por invertir. Otras, a pesar de contar con ellos, tienen dificultades en su ejecución.
“La red vial cantonal es 30 veces mayor que la red vial nacional, lo cual implica un nivel mayor de complejidad, porque además del tamaño tan grande, tenemos decenas de formas o visiones diferentes de cómo administrar la red, en términos de capacidades técnicas, de capacidades económicas y de extensión”, puntualiza el Ing. Erick Acosta Hernández, coordinador de la Unidad de Gestión Vial Municipal (UGVM), del Programa de Infraestructura del Transporte, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).
Otro aspecto que dificulta la ejecución de los recursos es la falta de personal en algunos los departamentos de gestión vial municipal, que deben tener como mínimo tres personas (ingeniero/a, promotor/a social y asistente técnico). Se considera que el número de profesionales debería ser directamente proporcional al presupuesto anual que se debe ejecutar y a la longitud de la RVC, según recomiendan Xu-Ye y compañía.
El factor político complejiza la administración de la red vial cantonal, según explica el Ing. Erick Acosta Hernández, coordinador de la Unidad de Gestión Vial Municipal (UGVM) del Programa de Infraestructura del Transporte (Pitra), del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR).
Las municipalidades reciben recursos económicos por parte del Ministerio de Hacienda para la atención de la red vial cantonal, por medio de la Ley N.° 8114 “Ley de simplificación y eficiencia tributaria”, aprobada en el 2020. Esos recursos provienen del impuesto único de los combustibles. Dicha ley incrementó la asignación presupuestaria del dinero proveniente de este tributo a los municipios, se pasó de un 7,25 % a un 22,25 %.
La asignación de tales recursos a cada gobierno local se realiza en función de las características de cada red vial y del cantón: 50 % en función de la extensión de la red vial, 35 % según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDSC) y el restante 15 % distribuido en partes iguales a cada una. Las municipalidades también invierten en dicha red otros recursos (recursos libres, transferencias varias, partidas específicas, impuestos u otros ingresos que perciba).
Administrar esos ingresos no es tarea fácil, según explica el coordinador de la UGVM. El Ing. Acosta señala que el componente político complejiza la gestión de los fondos que, para muchas municipalidades de cantones con bajo índice de desarrollo social cantonal, son limitados.
De acuerdo con la ley, la ejecución de estos recursos se realiza bajo la modalidad participativa de ejecución de obras. De esta forma, una junta vial cantonal o distrital (nombrada por el mismo Concejo Municipal y que está integrada por representantes del gobierno local y de la comunidad) es la encargada de proponer el destino de los recursos.