En el país el 53,6 % de la población considera que la inseguridad es alta o muy alta y en los últimos 12 meses en alrededor de un 10,6 % de los hogares costarricenses han pensado en adquirir un arma de fuego para protección.
De concretarse dicha compra, alrededor de 300 mil hogares contarían con al menos un arma de este tipo; y en términos de personas, serían más de 534.600 ciudadanos quienes tendrían una.
Así lo reveló la Encuesta Actualidades 2016, realizada por estudiantes de tercer año del curso Diseño de Encuestas por Muestreo de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR). Los datos anteriores pertenecen al apartado Seguridad ciudadana y actitudes hacia la tenencia de armas de fuego, desarrollado por los estudiantes Stefani Matarrita Muñoz y Javier Rodríguez Morera.
Según el Poder Judicial, en el 2015 la tasa de homicidio doloso fue de 11,5 por cada 100.000 habitantes y cerca del 70 % de estos asesinatos fueron cometidos con armas de fuego. Efectivamente, ese año se registraba como el más violento en la historia del país; sin embargo, el 2016 ocupa ahora el primer lugar con 560 homicidios, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo con estadísticas de esta entidad, el reloj criminal del año anterior mostraba una frecuencia de ocurrencia de un asesinato cada 15 horas, aproximadamente. Así mismo, la encuesta estimó que en los últimos 12 meses el 21 % de los hogares del país fue victimizado, cifra que alarma a los costarricenses, por lo cuál ha crecido el deseo de adquirir un arma para protegerse por cuenta propia.
Los resultados de la encuesta de opinión, realizada a una muestra probabilística de 1.059 costarricenses de 18 años o más, revelaron que actualmente el 5,1 % de la población -en términos de número de personas- poseen al menos un arma de fuego (alrededor de 160.000 ciudadanos).
Sin embargo, en los últimos 12 meses, en el 10,6 % de los hogares costarricenses han pensado en adquirir un arma de fuego; y de concretarse dicha compra, alrededor de 300 mil hogares tendrían al menos una.
La información recolectada por los estudiantes indica que casi el 90 % de las personas encuestadas que expresaron el deseo de obtener un arma justificaron su intención de compra con el objetivo de protegerse de la delincuencia de la que es víctima el país.
“Si las personas comienzan a demandar más armas, el país va a empezar a importar más y entre más gente armada haya, va a ser más difícil para el Estado regular el tema y se propicia el mercado ilegal”, explicó Stefani Matarrita Muñoz, una de las investigadoras.
Otro de los resultados arrojados por el estudio es que el haber sido víctima de la delincuencia pareciera no incentivar en gran medida la tenencia de armas en los hombres, pero sí en las mujeres. El 6,5 % de las mujeres encuestadas, que han sido víctimas de algún acto delictivo, expresaron que deseaban un arma para defenderse en situaciones de peligro.
A pesar de que un gran porcentaje de personas afirman que con un arma podrían sentirse más seguras, para el psicólogo e investigador Marco Vinicio Fournier, “llevar un arma a la casa es llevar mayor inseguridad”, ya que aunque “la contribución más grande en el crecimiento de la tasa de homicidios es el enfrentamiento entre conocidos y entre bandas, se dan también homicidios por manejos inadecuados de un conflicto, ya sea que un hombre le dispara a su mujer o a su vecino, por eso insistimos en que llevar un arma al hogar significa más inseguridad”.
Para Fournier la ley que existe en el país respecto a la tenencia de armas “es excesivamente permisiva y ha colaborado a más que duplicar la tasa de homicidios”, junto a otros factores como la crisis económica y la lucha entre bandas de narcos.
Además, aseguró que el test psicológico que las personas deben realizar para obtener el permiso para portar un arma es ineficiente, ya que “la variabilidad que puede explicarse es cómo de un 25 % y difícilmente en una prueba en la que la persona sabe que está siendo evaluada y que además exige que en las condiciones en que se realice sea de tranquilidad, obviamente no va a medir la incapacidad de la persona para manejar el estrés”.
De las 1.059 personas encuestadas, el 57 % indicó que apoyaría una ley que permita el uso de armas de fuego únicamente a personas que laboren para los cuerpos de seguridad del Estado, lo cual excluye a las empresas de seguridad privada; y por supuesto, al resto de la población costarricense.