Ilka Treminio Sánchez
Representante del Consejo Universitario

Tras años de persecución, amenazas de cierre de su medio de comunicación, detenciones arbitrarias y un entorno de asesinatos, violencia y corrupción en su país, bajo el gobierno de Rodrigo Duterte Roa, en octubre de 2021 la periodista filipina María Ressa participaba en un seminario virtual titulado: ¿Sobrevivirá el periodismo independiente en el sudeste asiático?

En medio del evento recibió una llamada de Noruega. Al otro lado de la línea le anunciaban que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz “por su valerosa lucha en favor de la libertad de expresión en Filipinas”.

María y su medio, Rappler, cubrían como podían en aquel entorno de represión, el cierre del proceso de inscripción de candidaturas presidenciales en su país. El presidente Duterte había anunciado que no se presentaría a las elecciones. Sin embargo, en el horizonte comenzaba a extenderse la sombra de una dictadura del pasado: la candidatura de Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos, nada menos que el hijo del dictador que gobernó Filipinas entre 1965 y 1986, Ferdinand Marcos, y de Imelda Romualdez.

Finalmente, Marcos Jr. se alió con la hija de Rodrigo Duterte, quien hoy ejerce la vicepresidencia de Filipinas. La distopía hecha realidad: el hijo del dictador y la hija del autócrata compartiendo el poder en un mismo Gobierno.

Pero, Maria Ressa, además de su intensa lucha por la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y la denuncia de los abusos del poder, nos ayudó a comprender, en sus trabajos y reflexiones junto con Shoshana Zuboff, cómo el capitalismo de vigilancia, que opera a través de las redes sociales y sus algoritmos y de la captación masiva de datos de sus usuarios, puede alterar la información y, con ella, nuestra percepción de la realidad, en beneficio de poderes cada vez más autoritarios y violentos contra las poblaciones.

En Centroamérica, todo esto nos resulta dolorosamente familiar. Tenemos hoy el privilegio de contar con dos invitados especiales que conocen este tema en profundidad.

José Carlos Zamora Marroquín, quien, a través de la persecución, el arresto, la tortura y el interminable acoso político que ha sufrido su padre, el valiente periodista José Rubén Zamora, y su familia, ha vivido en primera persona la materialización y las secuelas de la ausencia de libertad de prensa en Guatemala.

Y el magistrado costarricense Fernando Cruz Castro, quien ha sabido identificar y determinar, a través de sus sentencias, graves violaciones a la libertad de prensa y quien, a su vez, ha sido objeto de ataques furibundos desde el actual Gobierno.

El 11 de marzo de 2025, Rodrigo Duterte fue detenido en Filipinas en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional por los presuntos delitos cometidos durante su presidencia. Su política de seguridad, la llamada “guerra contra las drogas”, dejó a su paso desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y la muerte de miles de personas, muchas de ellas pertenecientes a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional enfrenta hoy todo tipo de obstáculos para cumplir su función. Y no solo en Filipinas. También en países de nuestra región, la justicia internacional y los mecanismos de protección de los derechos humanos enfrentan crecientes dificultades para llevar ante la justicia a quienes desde el ejercicio del Gobierno cometen graves crímenes.

El Consejo Universitario es consciente de esta realidad. El año pasado aprobó una propuesta de integrante que, entre otras acciones, solicitaba:

"Manifestar su más firme rechazo ante cualquier forma de intimidación, amenaza o ataque contra periodistas, medios de comunicación y personas que emiten opiniones o brindan declaraciones a estos, tanto de la Universidad de Costa Rica como de otros medios nacionales. Asimismo, reafirmar la importancia de garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de opinión como pilares fundamentales de la democracia y del debate público plural.

Instar a la Administración de la Universidad de Costa Rica a mantener y fortalecer las medidas de seguridad y apoyo institucional dirigidas a la protección de las personas periodistas de los medios universitarios y de quienes emiten opiniones o brindan declaraciones a estos.

Solicitar a la Administración que, por medio del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, comunique y documente ante los organismos nacionales e internacionales competentes las amenazas o hechos que afecten a medios y periodistas universitarios.

E informar a la comunidad universitaria y nacional, así como a las autoridades judiciales y legislativas competentes, sobre las amenazas registradas y el riesgo que estas representan para la convivencia democrática y la libertad de prensa en el país".

En mi opinión, muy poco se ha cumplido de estos compromisos y vale la pena recordar su necesario acatamiento.

Por eso, hoy, frente a este estimable público y en un día dedicado precisamente a la defensa de la libertad de expresión, solo quiero reiterar mi apoyo a estos compromisos y pedir a nuestra Administración universitaria que los materialice.

Y a ustedes, queridas y queridos periodistas, les pido que alcemos la voz. Que no permitamos que profesionales de la comunicación, se conviertan en mártires por ejercer un derecho fundamental de la democracia.

La libertad de expresión se defiende en los espacios cotidianos: cuando se desacredita la labor periodística, cuando se utiliza el poder para intimidar, cuando se construye la sospecha sobre quien pregunta, investiga o incomoda. Se defiende, sobre todo, cuando comprendemos que una democracia no puede sobrevivir sin una ciudadanía informada ni sin periodistas capaces de ejercer su oficio con libertad y seguridad.

Solo quiero referirme brevemente a otro episodio. El 16 de mayo de 2018, el periodista y cineasta guatemalteco Eduardo Splieger filmaba las protestas de Managua, en las que las y los jóvenes derribaban los metálicos Árboles de la Vida, mejor conocidos como "chayopalos", símbolos del poder de Rosario Murillo. El dolor de esta pérdida se sumó al de las miles de personas que las y los manifestantes han perdido durante la dictadura nicaragüense.

Hoy he traído dos bujías de esos árboles siniestros, destrozados por la furia popular bajo el que perdió la vida un querido comunicador, y que, una vez desprendidas, fueron bautizadas como “semillas de la vida”. Con ellas quiero animarles a luchar por la libertad de expresión y por la vida de quienes se alzan.

Tenemos intervenciones muy sugerentes que escuchar esta tarde y, como ustedes, he venido también a aprender y a oírlas.

Así que, sin más preámbulo, les dejo el uso de la palabra a este selecto panel, organizado por la directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, la máster Giselle Boza Solano, quien con su trayectoria en este campo ha orientado a la UCR por la senda correcta.

Muchas gracias.