Programas de alimentación estatal: cuentas pendientes en el Día del Niño y la Niña
Costa Rica se consolida históricamente como uno de los países de América Latina con una de las redes de protección social infantil más robustas y elogiadas.
Sin embargo, si bien a través de esta red el Estado logró erradicar la desnutrición aguda de las comunidades vulnerables a mediados del siglo pasado, se enfrenta hoy a una gran paradoja: los objetivos que dieron razón de ser a estas instituciones que ofrecen alimentación complementaria estatal a las personas menores de edad, no coinciden con la epidemia de obesidad infantil señalada, desde hace años, por los datos epidemiológicos ni a la atención de la pobreza y el apoyo a las madres jefas de hogar.
Junto a ella, severas grietas de políticas públicas, logísticas, financieras y regulatorias que ponen en riesgo la calidad de un servicio líder en Latinoamérica. En este mes de septiembre que se celebra el Día de la Niñez, vale la pena reflexionar sobre ¿cuál es el rumbo que el país debe tomar para garantizar una mejor calidad de vida para nuestros niños, niñas y adolescentes?
Sobre el sistema
Los programas estatales que se han desarrollado en Costa Rica para garantizar el cuido, el desarrollo y la alimentación de la niñez son básicamente tres. El primero es el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (Panea), a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP), con presencia en todo el territorio nacional.
Para 2025 ofrecía alimentación complementaria en sus comedores a 789 160 estudiantes en 4 560 centros educativos, para una cobertura del 96.61 % (MEP, 2025). La oferta es variable según la jornada, pero usualmente, para jornada extendida se ofrece merienda (mañana o tarde según horario) y almuerzo. Además, se sirven desayunos a niñez en vulnerabilidad.
El segundo programa país es el de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), creada bajo la Ley N.° 9220 en 2014. Esta red articula alternativas públicas y privadas para garantizar el derecho a un desarrollo integral, prioritariamente en la primera infancia. Permite también la inserción laboral y educativa de las madres jefas de hogar (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2014).
En este punto vale la pena anotar que, según la Encuesta Continua de Empleo, el 44,4 % del total de las madres del país son jefas de hogar, de las cuales 26.5 % reportaron ser solteras y 51.5 % reporta “otras no unidas” (viudas, divorciadas, separadas), por lo que el cuido de la niñez es un componente esencial para llevar sustento al hogar en muchas familias (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025).
Dentro de la Redcudi, la Dirección Nacional de Cen-Cinai destaca por sus servicios de Atención y Protección Infantil (API). Ofrece educación inicial para menores de 7 años y apoyo educativo para escolares hasta los 13 años, así como alimentación preparada y servida durante la permanencia en el establecimiento (Dirección Nacional de Cen-Cinai, 2023a).
Complementa el servicio con modalidades de nutrición preventiva en las cuales se distribuyen paquetes de alimentos familiares (DAF) y leche fortificada en polvo para combatir el rezago alimentario en el hogar (Dirección Nacional de Cen-Cinai, 2023b).
Los datos más recientes encontrados, son de la Contraloría General de la República (CGR, 2023), quien señala que a diciembre de 2022, la Redcudi había prestado servicios de cuido a un total de 71 994 personas menores de edad, en todas sus modalidades, a saber Cen-Cinai, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Patronato Nacional de la Infancia (PANI) (Contraloría Nacional de la República, 2023).
La paradoja nutricional en la niñez y la adolescencia costarricense
Costa Rica enfrenta en la actualidad lo que los expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) catalogan como "la peor epidemia de obesidad registrada en toda la historia".
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 2023, el país presenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad más alta de la subregión de América Central en la población de 5 a 19 años, que afecta a una tercera parte de las personas menores de edad.
El Censo Escolar 2016 (último realizado), reveló que el 34 % de los escolares (más de 118 000 niños) presentaba exceso de peso (Ministerio de Salud et al, 2016) y la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad Física 2018, mostró que el 30.9 % de las personas adolescentes se ubicaba en esta condición (Ministerio de Salud et al, 2018).
A pesar de los paradigmas sociales existentes, donde el bajo peso y la desnutrición se vinculan con la pobreza, la presencia de exceso de peso también está vinculada a las poblaciones en vulnerabilidad.
En una investigación realizada en una Organización no Gubernamental (ONG) que ofrece alimentación servida, la prevalencia de sobrepeso y obesidad registrada fue de entre el 20 % y el 30 % en las personas menores de edad de familias en pobreza (Universidad de Costa Rica, 2019).
De hecho, los distritos con bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) como Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, reportaron en el Censo Escolar de Peso y Talla, prevalencias de exceso de peso que superaron el 50 % (Ministerio de Salud et al, 2016).
Este panorama nutricional tiene un impacto no solo en la salud, el desarrollo y la calidad de vida de la población infantil costarricense, sino también sobre el sistema nacional de salud.
La obesidad se ha vinculado como factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión y cáncer, entre otras), las cuales, en términos de atención, presionan al, de por sí, fragilizado sistema estatal de salud, con una fuerte implicación económica (Unicef y Ministerio de Salud, 2023).
La problemática de exceso de peso que vive la niñez costarricense es multicausal. En primer lugar, la proliferación de alimentos ultraprocesados muy baratos, disponibles y accesibles, que promueven entornos escolares "obesogénicos" y que han transformado el consumo de las familias. (Caravaca et al, 2022, Madriz-Morales, 2024; Campos-Saborío, Holst-Schumacher y Núñez-Rivas, 2025).
Además, los constantes recortes presupuestarios, sumados a insuficiente capacitación y supervisión, por falta de recurso técnico capacitado, que inciden sobre la calidad de la oferta alimentaria de los programas estatales de alimentación complementaria, que no pueden asegurar el suministro adecuado en el plato servido de frutas, vegetales, leguminosas y alimentos de origen animal, indispensables para una alimentación saludable.
Se suman también a la problemática las barreras administrativas (cocineras contratadas por las juntas MEP, servicios tercerizados en el Cen-Cinai), y el uso básicamente de indicadores de cobertura que no permiten valorar el impacto de la alimentación complementaria en la salud y el desarrollo de las personas menores de edad usuarias.
Todas estas condiciones dificultan la rendición de cuentas sobre la inversión estatal y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población infantil más vulnerable (Infobae, 2026; NCR Noticias, 2026).
Algunos ejemplos de situaciones para reflexionar
El personal técnico no alcanza para supervisar el cumplimiento de los menúes escolares del MEP. Los establecimientos y organizaciones vinculados a Redcudi tienen menús independientes que únicamente requieren de la firma de un profesional en nutrición colegiado, pero que no son valorados, monitoreados y supervisados por un equipo técnico apropiado.
El DAF de Cen-Cinai, por diversas situaciones, continúa sin ofrecer productos frescos y mantiene un perfil nutricional que no contribuye a favorecer el consumo de los alimentos de los grupos de frutas, vegetales y alimentos fuente de proteína de origen animal como carnes, queso y huevos.
A todo esto se suman llamadas de atención sobre la eficiencia y gobernanza de los recursos públicos. Por ejemplo, el reciente Informe 11-2026 de la Auditoría Interna del MEP y auditorías previas de la Contraloría General de la República (CGR), ponen bajo la lupa el esquema de abastecimiento a comedores escolares operado por el Consejo Nacional de Producción (CNP), debido a incumplimientos sistemáticos en la calidad, cantidad y entrega oportuna de los productos (Condega, 2026).
Esa situación fue documentada desde el 2017 en la evaluación que realizó Programa de Apoyo Técnico a Instituciones y Organizaciones Nacionales relacionadas con la alimentación y la nutrición (Proat) de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica a Panea y que consta en los informes entregados al MEP desde el 2018-2019.
Por otro lado, la Ley de Pagos del Programa Nacional de Comedores Escolares consignada en el Decreto Legislativo N.º 10869 (Asamblea Legislativa, 2026), buscaba resolver la morosidad crónica de las Juntas Escolares con el CNP, superior a 18 000 millones de colones, mediante la centralización de pagos desde el MEP hacia el CNP. Sin embargo, esta reforma ha generado dudas técnicas y de equidad, ya que excluye al 34 % de las escuelas que no son abastecidas por el CNP o que operan bajo modalidades alternativas como la del “plato servido”.
Tanto la Dirección de Programas de Equidad del MEP como la Auditoría Interna, advierten que la medida puede restringir la cobertura y diversidad del sistema. Además, la Contraloría General de la República (CGR) alertó en 2025 sobre el deficiente manejo de liquidez y debilidades críticas en bodegas e inventarios del CNP, lo que implica riesgos de cuellos de botella financieros y vacíos de fiscalización presupuestaria. (MEP, 2026; CGR, 2025)
Finalmente, para nadie es secreto las noticias de las últimas semanas con relación al recorte de servicios en el programa de Cen-Cinai, incluso con orden de suspensión en la compra de ciertos alimentos, que posteriormente, se indicó por parte de la dirección, como un error.
La Dra. Ph. D. Xinia Fernández Rojas, profesora jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, anotaba años atrás que la institucionalidad debe plantearse una pregunta ética fundamental: “¿Seguiremos llenando estómagos y satisfaciendo el hambre, o nos ocuparemos de cuidar el verdadero aporte nutricional que determina el potencial de la vida humana?”.
Algunas cifras
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El Plan de Implementación de las Guías Alimentarias (2024–2030), reconoce la necesidad de mejorar la calidad de la oferta alimentaria de los programas estatales. Señala la falta de recurso técnico capacitado y la necesidad de indicadores más allá de la cobertura (Ministerio de Salud, 2024).
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La Comisión de Hacendarios en junio del 2026 aprueba un recorte de unos 86.8 millones de dólares, al presupuesto de los Cen-Cinai (Infobae, 2026). A septiembre de 2026 se anuncia que la alimentación y transporte escolar contarán con 2 382 millones de colones menos (NCR Noticias, 2026).
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En 2026, el IMAS suspendió la inclusión de nuevos casos en la Red de Cuido Infantil por un faltante presupuestario de 1 588 millones de colones, más de 4 500 menores en lista de espera (Condega, 2026).
Hacia dónde caminar para celebrar a la niñez todos los días
El primer paso son los objetivos de los programas de alimentación complementaria estatal y sus indicadores de impacto. El análisis completo que realizó Programa de Apoyo Técnico (Proat) de la Escuela de Nutrición de la UCR desde 2018-2019 señala la necesidad de reestructuración.
Lo primero que se debe revisar y justificar son los objetivos: ¿para qué existen esos programas?, ¿para quiénes?, ¿con qué recursos se cuenta o se debe o se podría contar? y después, rediseñar los servicios. Este es el enfoque causa-raíz. Es decir, se debe resolver desde la causa y no desde las consecuencias.
En este sentido, la política pública es indispensable y lamentablemente en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (Pndip) 2023-2026, que es el instrumento que formula las prioridades estratégicas para el desarrollo del país, no aparece con claridad la reestructuración y fortalecimiento de estos programas en función del panorama epidemiológico expuesto con anterioridad. Se citan a continuación, los hallazgos vinculantes al tema (Mideplan, 2023):
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Sector bienestar, trabajo e inclusión social
Objetivo 1: aumentar la atención de los hogares en pobreza extrema mediante transferencias estatales que cubran las necesidades alimentarias de las personas. Objetivo 2: garantizar los derechos de las personas para vivir dignamente en sus hogares, en entornos seguros, protectores e inclusivos, satisfaciendo las necesidades fundamentales que favorezcan su desarrollo humano.
Intervenciones públicas 1: programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad 1.1. Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad.
Intervenciones públicas 3: Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad. 3.1. Contribuir a la protección, cuidado de niñas y niños en situación de pobreza y vulnerabilidad mediante el acceso a servicios de atención y desarrollo infantil.
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Sector salud
Objetivo 3: mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los seguros de salud y pensiones intervenciones públicas.
Intervenciones públicas 2: Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad nada de alimentación (los puntos no se refieren a alimentación).
Intervenciones públicas 15: prevención y atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. 15.1. Reducir la cantidad de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica. 15.2. Promover la lactancia materna y la alimentación saludable para la prevención de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años.
La política también debería garantizar la educación alimentaria como estrategia para incidir en el ambiente alimentario escolar y comunitario. Ofrecer comida saludable no sirve de nada si las personas menores de edad y las personas adultas a su cargo —quienes interpusieron miles de quejas al MEP tras la introducción de los nuevos menús con más frutas y vegetales, por ejemplo— no interiorizan la situación de la niñez del país y la necesidad e importancia para la salud de las familias de cambiar sus hábitos de compra, preparación y consumo de alimentos.
Urge un cambio en el ambiente alimentario de las escuelas y comunidades y, para ello, se requiere de una política nacional que desarrolle el marco regulatorio en referencia a la disponibilidad y acceso de alimentos no saludables en el ámbito escolar.
Es más que vinculante la articulación legislativa y presupuestaria. En primera instancia la alimentación saludable debe quedar establecida como un derecho fundamental que requiere de una infraestructura financiera y técnica, pues en ello se sustenta la salud y el desarrollo del país.
Finalmente, como país no se puede permitir que los programas que históricamente han apoyado el crecimiento y desarrollo adecuado de la niñez y adolescencia naufraguen ante la inercia institucional. Está más que señalado en la legislación internacional que la alimentación no es un acto de caridad, sino un derecho humano fundamental. Como tal, debe ser garantizado con la máxima calidad y eficiencia para proteger el capital cognitivo, físico y social de las futuras generaciones.
Se considera como reto la generación de espacios para reflexionar, analizar y actualizar la política en temas de nutrición balanceada, adecuada y suficiente, con un enfoque de derechos, para población menor de edad costarricense, desde el paradigma de exceso de peso.
Es importante y necesaria la colaboración de la Universidad de Costa Rica y, específicamente, la Escuela de Nutrición como facilitadora de procesos país relevantes, donde el componente alimentario se construya desde la reflexión y con la opinión de los principales actores involucrados para contribuir a la generación de acciones concretas que permitan enfrentar el problema grave de exceso de peso en población menor de edad, que atenta contra un adecuado crecimiento, desarrollo y calidad de vida.
A la niñez se le debe celebrar todos los días y debe hacerse desde la garantía de cumplimiento de sus derechos. Actualmente, como país, “quedamos debiendo” en lo que se refiere al cumplimiento pleno del derecho a la alimentación.
