En defensa de la independencia judicial, la división de poderes y el Estado social y democrático de derecho
El área de ciencias sociales de la UCR está compuesta por las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho y Educación. Foto: Laura Rodríguez.
En medio de los ataques que está sufriendo nuestra centenaria democracia y sus pilares institucionales, que ponen en serio peligro el Estado social de derecho, el cual ha caracterizado y diferenciado a Costa Rica del resto de la región, resulta fundamental escuchar las voces que se alzan en resguardo del país.
Se trata de una defensa basada en criterios e ideas serias que surgen desde el estudio y el análisis de los acontecimientos y cuyo fin es sumarse a la acción de los movimientos civiles que se han manifestado en contra de los esfuerzos por socavar nuestra democracia.
Desde las diferentes decanaturas de facultades, direcciones de las unidades académicas e institutos de investigación, y de la representante ante el Consejo de Área de Sedes Regionales, el área de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) expone su visión y deja en claro que con la democracia no se juega.
A continuación, les compartimos el texto íntegro del pronunciamiento, con sus firmas responsables:
Las personas firmantes e integrantes del área de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica manifestamos nuestra preocupación ante el creciente cuestionamiento público al Poder Judicial en su conjunto (Sala Constitucional, Fiscalía General, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Corte Suprema de Justicia) por parte de sectores del Poder Ejecutivo y de la fracción legislativa oficialista (PPSD/PPSO).
Miles de personas participaron en el Plantón por la Democracia el 6 de agosto, cuya manifestación culminó en la Plaza de la Democracia y en los alrededores del edificio del Congreso, como una forma de defender y respaldar al Poder Judicial, frente a los constantes ataques por parte del Poder Ejecutivo. Foto: Anel Kenjekeeva.
Considerando que:
1. Deslegitimación institucional: se ha instalado un discurso público que cuestiona la legitimidad de las instituciones judiciales, lo cual debilita la separación e independencia entre los Poderes de la República, principio central de nuestro sistema democrático.
2. Bloqueo legislativo a la Sala Constitucional: el vencimiento del período de las magistraturas suplentes en diciembre de 2025 y la falta de nombramiento oportuno de sus reemplazos por parte de la Asamblea Legislativa situaron a la Sala Constitucional al borde de la parálisis funcional, está poniendo en riesgo la pronta resolución de más de 100 recursos tramitados en resguardo de derechos fundamentales de la ciudadanía.
3. Legalidad de la resolución de la Sala: frente a dicha inacción, la Sala Constitucional actuó conforme a sus competencias constitucionales para mantener en funciones a las suplencias de forma transitoria y evitar la indefensión ciudadana. Calificar esta resolución como un “golpe de Estado” o interponer querellas penales y acusaciones de prevaricato contra las magistraturas resulta desproporcionado y puede generar un efecto adverso sobre la independencia judicial.
4. Mecanismos institucionales de corrección: existen mecanismos administrativos y jurídicos válidos dentro del ordenamiento constitucional para el señalamiento, revisión y corrección de eventuales faltas de los diferentes Poderes de la República; sin embargo, en lugar de recurrir a ellos, el Gobierno los desconoce o tergiversa en función de sus propósitos.
5. Órganos de investigación y justicia penal: en momentos en que la sociedad costarricense demanda seguridad y valora la labor de la Fiscalía y del OIJ frente a la criminalidad organizada, los cuestionamientos y recortes presupuestarios en curso comprometen la operatividad, el equipamiento y la independencia de estos órganos.
6. Defensa principista de la institucionalidad: la defensa de la Sala IV y de la institucionalidad judicial trasciende banderas partidarias. Preservar la independencia de las y los jueces resguarda la premisa fundamental de que el ejercicio del poder está sujeto a límites constitucionales e institucionales.
7. Compromiso histórico y vocación crítica de la UCR: la autonomía universitaria y el pensamiento crítico imponen la responsabilidad ética de señalar todo riesgo para el Estado Social de Derecho, indispensable para la vigencia de los derechos humanos, el pluralismo político, la justicia social, el libre desarrollo de la labor académica, la participación ciudadana y el logro del bien común.
Por lo anterior:
1. Expresa su preocupación por las acusaciones de “golpe de Estado” y las acciones penales emprendidas contra las autoridades y magistraturas del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y llama a evaluar su proporcionalidad.
2. Señala que las presiones presupuestarias y la falta de nombramientos oportunos entorpecen la administración de justicia y afecta el resguardo de los derechos fundamentales de las personas habitantes de Costa Rica.
3. Hace un llamado a la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y personal administrativo) en todas las sedes y recintos, así como a las fuerzas políticas, organizaciones sociales, empresariales, iglesias, municipalidades y a la ciudadanía en general, a defender la democracia mediante el diálogo, el respeto y la vía pacífica.
4. Invita a manifestarse pacíficamente en respaldo a la independencia judicial y al Estado Social de Derecho, sumándose a las concentraciones organizadas para este jueves 6 de agosto de 2026 a partir de las 4:00 p. m. en diferentes puntos del país.
5. Reitera que estas acciones pacíficas no pretenden adelantar criterio ni sustituir los debates jurídicos en curso, sino reafirmar en el espacio público la importancia del Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a la institucionalidad democrática costarricense.
Suscriben,
Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, Facultad de Ciencias Económicas
Dra. Isabel Avendaño Flores, Facultad de Ciencias Sociales
Dra. Marcela Moreno Buján, Facultad de Derecho
Dra. Gabriela Valverde Soto, Facultad de Educación
M. Sc. Carlos Vargas Vargas, Escuela de Administración de Negocios
M. Sc. Angélica Vega Hernández, Escuela de Administración Pública
Mag. Carlos Paz Barahona, Escuela de Administración Educativa
Dra. Patricia Fernández Esquivel, Escuela de Antropología
M. Sc. Esteban González Pérez, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Dra. Tania Rodríguez Echavarría, Escuela de Ciencias Políticas
Ph. D. Yanira Xirinachs Salazar, Escuela de Economía
Dra. Judith Jiménez Díaz, Escuela de Educación Física y Deportes
M. Sc. Ericka Méndez Chacón, Escuela de Estadística
Ph. D. Nora Cascante Flores, Escuela de Formación Docente
D.E.A. Pascal Girot Pignot, Escuela de Geografía
M. Sc. Claudio Vargas Arias, Escuela de Historia
Dra. Julieta Solórzano Salas, Escuela de Orientación y Educación Especial
M. Sc. Amaryllis Quirós Ramírez, Escuela de Psicología
Dr. Mauricio López Ruiz, Escuela de Sociología
Dra. Rita Andrea Meoño Molina, Escuela de Trabajo Social
Ph. D. Milagro Saborío Rodríguez, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas
Dra. Carol Graciela Morales Trejos, Instituto de Investigación en Educación
Dr. Javier Tapia Balladares, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Dra. Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales
Dra. Rosibel Orozco Vargas, Representante de Sedes Regionales
