El Observatorio Estado Constitucional de Derecho de la UCR respalda la institucionalidad democrática
La emisión del pronunciamiento responde al deber de la academia de pronunciarse frente a actos públicos que atenten contra el Estado de derecho en el país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Observatorio Estado Constitucional de Derecho de Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un pronunciamiento a favor de la institucionalidad democrática costarricense y destacó la importancia que establece la Constitución Política de 1949 respecto al control del poder y la garantía de los derechos fundamentales.
La iniciativa, creada en el 2025 por la Facultad de Derecho, se dedica al monitoreo y análisis del acontecer nacional, así como al desarrollo de investigaciones y espacios de discusión que permitan señalar las amenazas a la democracia y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El pronunciamiento respalda la división de poderes y que el poder público esté limitado. Según la directora del Observatorio, Magally Herández Rodríguez, estos mecanismos son esenciales en un sistema democrático para evitar que los gobernantes abusen de su autoridad.
El Observatorio Estado Constitucional de Derecho es dirigido por la abogada, docente e investigadora Magally Hernández Rodríguez. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El documento señala a la Sala Constitucional como la instancia encargada de velar por la defensa jurídica de lo que establece la Constitución Política, así como la existencia de un Poder Judicial con garantía y derecho de independencia judicial.
“El Poder Judicial nace como un poder independiente, para hacer contrapeso a los otros poderes del Estado. Si el Poder Judicial no fuese independiente, se podría someter el Poder Ejecutivo y Legislativo, no habría quien haga el contrapeso, ni tampoco quien haga justicia frente a los abusos de estos poderes”, aseguró la académica.
El Observatorio UCR subrayó también que Costa Rica forma parte de un sistema de protección de derechos humanos, lo cual permite garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su libertad de expresión y que al mismo tiempo, también respalda otros mecanismos relevantes para el control del poder como es la libertad de prensa.
Según Hernández, la emisión de este documento responde al deber de la academia de pronunciarse frente a actos públicos que atenten contra el Estado de derecho y a su misión esencial de defender el conocimiento, la verdad y los valores democráticos que sostienen la convivencia social.
“La voz de la academia aporta rigor metodológico, independencia y credibilidad en el debate público, ofreciendo diagnósticos y propuestas que trascienden intereses partidarios. Cuando se amenaza la separación de poderes, la independencia judicial o los derechos fundamentales, la intervención académica no es un gesto opcional, sino una responsabilidad ética y social”, aseguró la abogada.
La académica alertó respecto a la existencia actual de amenazas al Estado de Derecho en Costa Rica que podrían encaminar al país hacia “la muerte de la democracia y al surgimiento de una dictadura, como ya ha sucedido en otras partes del mundo”.
“Para que la democracia no se vea debilitada, se debe estar atento a la defensa de las instituciones democráticas. En distintos países del mundo son numerosos los ejemplos de ataques a la democracia, pese a que la democracia es el mejor sistema para garantizar que el poder sigue siendo del pueblo y que las instituciones públicas están para garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas”, concluyó la experta.
El texto completo del pronunciamiento emitido por el Observatorio del Estado Constitucional del Derecho se encuentra disponible en el siguiente enlace:
