¿Prioridad invertida? El costo de subsidiar el consumo nocivo y gravar el plato de comida

En los pasillos de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda se gesta un debate que trasciende lo técnico para tocar la fibra más sensible de la ética pública: la posibilidad de encarecer los productos de la canasta básica mediante el aumento de impuestos (actualmente tiene un 1 % de IVA), mientras se plantea aliviar la carga tributaria sobre el alcohol y el tabaco con el pretexto de combatir el contrabando. Esta contradicción no solo desafía la lógica económica de un Estado que gasta miles de millones en curar lo que estos productos provocan, sino que ignora una crisis de salud pública que cobra miles de vidas al año.

Cifras de consumo en Costa Rica

Para el tabaco, la implementación de la Ley General de Control del Tabaco N.° 9 028 se asoció con una importante reducción de la prevalencia de fumado observada durante la década anterior. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Global sobre Tabaquismo en Adultos (GATS) 2022 muestran que la prevalencia actual de fumadores es de 8,5 %, cifra muy similar a la registrada en 2015 (8,9 %), por lo que la reducción parece haberse estancado.

La Dirección General de Tributación informó que durante el 2023 se comercializaron 14 907 480 cajetillas solo de la categoría más vendida (CMV), utilizada para calcular el impuesto mínimo al tabaco. Para hacerse una idea, si se considera un estándar de 20 cigarrillos por cajetilla, la venta representa aproximadamente 298 millones de cigarrillos, solo en esa categoría. 

En cuanto al alcohol, la precocidad es lo más alarmante, la edad promedio de inicio de consumo es de apenas 12.8 años. La VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas entre Personas Estudiantes de Educación Secundaria (2024), evidenció que la incidencia anual del consumo fue mayor en las mujeres (41,6 %) que en los hombres (31,0 %). No obstante, entre quienes reportaron consumo reciente, los hombres presentaron mayor frecuencia de consumo semanal. Estos hallazgos indican que, aunque el inicio del consumo es relativamente más frecuente entre las adolescentes, los patrones de consumo habitual continúan siendo más intensos entre los hombres.

Aunque no hay publicado un consolidado de ventas de bebidas alcohólicas en Costa Rica, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó para el 2020 un consumo total en el país de 3,56 litros de alcohol puro por persona de 15 años o mayor, incluidos los consumos registrados y no registrados. Para hacerse una idea, si Costa Rica tiene, aproximadamente, 4,2 millones de personas de 15 años o más, esto equivale, aproximadamente, a 15 millones de litros de alcohol puro por año.

La factura en salud

En Costa Rica, el tabaquismo es responsable de la muerte directa de aproximadamente 2 174 personas al año, lo que representa el 9 % de los decesos anuales del país. Cada año, alrededor de 16 000 personas desarrollan enfermedades graves relacionadas como cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares (ACV) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Un fumador habitual reduce su expectativa de vida en promedio 10 años.

En cuanto al alcohol, entre 2012 y 2021, se registraron 456 muertes por intoxicaciones agudas (etanol y metanol), con una crisis de licor adulterado que alcanzó un récord de 114 muertes solo en 2020. Además, la presencia de alcohol constituye un factor relevante en la mortalidad asociada a accidentes de tránsito. Según datos de Medicatura Forense citados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), en 2018, aproximadamente, tres de cada diez personas fallecidas en accidentes de tránsito presentaban alcohol en sangre al momento de la muerte.

El Estado como subsidiario del vicio

El tabaquismo representa una importante carga económica para el sistema de salud. Un estudio coordinado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), con participación del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estimó que en 2015 los costos directos de atención de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco alcanzaron ₡129 133 millones anuales, equivalentes al 0,47 % del producto interno bruto y al 4,8 % del gasto público en salud. Para el 2020, los costos aumentaron a ₡166 788 millones, lo que representa aproximadamente el 6,5 % del gasto nacional en salud.

Sin embargo, la carga económica del tabaquismo supera ampliamente la recaudación obtenida mediante impuestos específicos al tabaco. Para 2015, la recaudación por impuestos al tabaco fue cercana a ₡33 700 millones, lo que cubrió alrededor de una cuarta parte de los costos médicos directos asociados al consumo de cigarrillos. Es decir, el sistema de salud debe recurrir a fondos generales y "subsidios cruzados" para sostener la atención de enfermedades que son 100 % prevenibles.

Si se toma como referencia la cajetilla de 20 cigarrillos de la categoría más vendida durante el 2023 (precio al consumidor de ₡2 300), el monto total en impuestos, si se suman los diferentes gravámenes que recaen sobre el producto, es de ₡1 251. Esto significa que el 54.4 % del precio final que paga el consumidor corresponde a impuestos. A pesar de este monto, Costa Rica está por debajo del nivel de tributación total del 75 % del precio minorista del producto más vendido recomendado por la OMS para desincentivar el consumo de manera efectiva.

La recaudación actual (₡26 92 por cigarrillo) se distribuye según la Ley N.° 9 740 (2019), en un 55 % para la CCSS (diagnóstico y tratamiento), 20 % para el Ministerio de Salud, 20 % para el Instituto Costarricense del Deporte y la Educación (Icoder) (prevención mediante el deporte) y un 5 % para el IAFA.

A diferencia del tabaquismo, el alcohol genera una carga económica que el Estado resuelve mediante CCSS y el IAFA debido a:

Mortalidad aguda y violencia: El alcohol está presente en muertes violentas de hombres y mujeres.

Demanda de servicios: el IAFA atiende entre 14 000 y 18 000 consultas totales al año. El alcohol es la principal causa de consulta por consumo de sustancias psicoactivas, y el grupo etario predominante es de personas entre 20 a 40 años.

Impacto social: se asocia directamente con accidentes de tránsito (accidentes fatales, lesiones graves y atropellos), incrementa la probabilidad y gravedad de la violencia intrafamiliar y el abuso físico, situaciones todas que el sistema de salud debe atender de forma paliativa y tardía.

El sistema fiscal para las bebidas alcohólicas es un esquema de doble imposición indirecta. Por un lado, el Impuesto Específico (Ley N° 7 972), reformada por la Ley N.° 8 399, que cambió la base imponible a colones por mililitro de alcohol absoluto. Actualmente, los montos son los siguientes: Bebidas hasta 15 % alcohol (cerveza, vino): ₡3,69 por ml de alcohol puro, entre 15 % y 30 % alcohol: ₡4,39 por ml de alcohol puro y de más de 30 % alcohol (destilados): ₡5,14 por ml de alcohol puro.

Por otro lado, está el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), que es una tarifa unificada del 10 % sobre el valor aduanero o precio de fábrica. El Impuesto Ley N.° 10 de 1936, que corresponde a un 10 % adicional sobre el precio de venta del productor (nacional) o sobre el costo total de importación, así como el impuesto Inder e IFAM, que son gravámenes específicos (ej. ₡0,4 por ml de alcohol puro en cervezas para el Inder) y finalmente el IVA, la tasa general del 13 % sobre el precio final.

¿Para qué se usa este dinero? Lo recaudado tiene destinos legales estrictos para el bienestar social (Ley N.° 7 972) a saber: financiamiento de programas para adultos mayores (hogares de larga estancia, centros diurnos, atención de adultos mayores en condición de vulnerabilidad administrados por el Conapam) (Ley N.° 7 935), niñez en riesgo social, personas con discapacidad abandonadas, aportes para las pensiones de la CCSS en el régimen no contributivo, prevención, tratamiento y rehabilitación para personas con problemas de adicción administrados por IAFA, apoyo a la atención prehospitalaria y emergencias como parte de las labores de la Cruz Roja (Ley 10) y proyectos de desarrollo rural a cargo del Inder (Ley N.° 6735).

La ética de la salud pública frente a la canasta básica

Desde la ética de la salud pública y la posición económica, la propuesta de subir impuestos a los alimentos básicos mientras se baja el alcohol y el tabaco supone un riesgo moral y social sin precedentes.

En primer lugar, es altamente probable que se genere un desplazamiento del gasto. No es secreto que el consumo de estas sustancias actúa como un catalizador de la pobreza. En hogares vulnerables, el gasto en tabaco y alcohol desplaza el presupuesto para necesidades básicas como alimentación y educación, lo cual empuja a las familias hacia la inseguridad alimentaria.

En segundo lugar, es una inconsistencia política. Resulta contradictorio que el Gobierno utilice el argumento del contrabando para bajar impuestos al alcohol, cuando el Ministerio de Hacienda, al evaluar la implementación de un esquema de trazabilidad para bebidas alcohólicas establecido en la Ley 9 961, estimó que, bajo un escenario de costos logísticos de $0,14 por etiqueta, existía una probabilidad del 83,6 % de obtener un resultado neto negativo para el Estado. Esto porque los costos del sistema superarían los beneficios fiscales esperados. 

Por otro lado, desde una perspectiva de la ética de la salud pública y la moral social, obligar a las personas a presentar su cédula para "verificar" su condición de pobreza en una caja de supermercado constituye un acto de estigmatización pública que vulnera la dignidad humana. A diferencia del descuento para adultos mayores (en pasajes de buses o entradas a espectáculos, por ejemplo), que celebra una etapa de la vida, este mecanismo obliga al ciudadano a realizar una confesión pública de su vulnerabilidad económica cada vez que intenta adquirir alimentos básicos.

Este "etiquetado" de las personas pobres en espacios de convivencia social no solo degrada la privacidad, sino que transforma un derecho fundamental —el acceso al alimento— en una concesión estatal condicionada a la exhibición de la propia miseria, lo cual es moralmente cuestionable cuando el mismo Estado propone, simultáneamente, facilitar el acceso a productos nocivos como el alcohol y el tabaco mediante rebajas impositivas.

Además, la implementación de listas cerradas (categorías de pobreza y pobreza extrema), genera una injusticia distributiva para aquellos hogares que, por superar el umbral de pobreza por apenas unos colones, quedan excluidos de la exoneración, pero enfrentan la misma inseguridad alimentaria. Estos sectores, a menudo denominados "pobres no pobres" por las estadísticas oficiales, se ven atrapados en un limbo donde deben pagar un impuesto nuevo por el plato de comida mientras ven cómo se encarece su costo de vida.

Desde la ética de la equidad, este sistema es perverso: el gasto en productos esenciales es inelástico (la gente no puede dejar de comer) y, al no estar en "la lista", estas familias se ven empujadas hacia la pobreza extrema. Un impuesto nuevo obligaría a estos hogares a recortar gastos en otras áreas vitales o a disminuir la calidad y cantidad de su dieta. Al final, el Estado castiga la supervivencia de quienes luchan por mantenerse sobre la línea de pobreza, bajo una lógica económica que prioriza la recaudación sobre el bienestar humano.

Para la clase media, la eliminación de exoneraciones en la canasta básica supone un encarecimiento generalizado de la vida en un contexto donde no existe una estrategia clara de implementación para compensar este impacto.

Al no estar incluidos en las listas de pobreza extrema para recibir "devoluciones", este grupo debe absorber el costo total del impuesto. Esto reduce su capacidad de ahorro y los acerca peligrosamente a la vulnerabilidad económica, especialmente ante crisis externas. Finalmente, el gravamen de productos de uso cotidiano, que anteriormente se consideraban esenciales para el bienestar popular, genera una percepción de que el Estado prioriza la recaudación sobre la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.

Desde la perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional, decisiones políticas basadas en criterios económicos y no en la salud  y nutrición poblacional, generan alta preocupación.  Máxime si se piensa en la imposibilidad para muchas familias que se encuentran en pobreza para acceder a una alimentación variada y saludable. A esto se suma que las decisiones políticas que han sido tomadas tiempo atrás generan una mayor dependencia en la importación de granos básicos y contribuyen al debilitamiento de la producción nacional.

Así pues, gravar la comida (un bien esencial e inelástico) y al mismo tiempo, aliviar productos que destruyen la salud pública es, en esencia, legislar en contra del bienestar social. La evidencia científica y económica sugiere que la medida más costo-efectiva con relación a tabaco y alcohol, no es bajar impuestos, sino aumentarlos para desincentivar el consumo y recuperar el costo sanitario. Optar por el camino opuesto no solo debilitará las finanzas de diferentes programas de prevención y atención, sino que enviará un mensaje devastador: en Costa Rica, es más caro comer que mantener una adicción.

Nota: Si desean conocer un poco más sobre la canasta básica, dejamos este artículo:  Análisis de la canasta básica alimentaria de Costa Rica: oportunidades desde la alimentación y nutrición.