Dr. Leonardo Castellón Rodríguez

Del 24 al 26 de junio de 2026, el Consejo Iberoamericano de Decanos y Decanas de Ciencias Económicas y Administrativas (Conidece) sesionó en Buenos Aires, con el financiamiento de las universidades públicas como uno de los puntos centrales de la agenda. La Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica participó en esa sesión plenaria, y de ese encuentro surge esta reflexión: ¿qué gana realmente una sociedad cuando invierte en su educación superior pública?

Ante decanas y decanos de ciencias económicas de una veintena de países, en mi calidad de decano, presenté evidencia construida específicamente para el debate sobre el vínculo entre inversión educativa y equidad. La discusión confirmó algo que las universidades saben, pero que rara vez logran comunicar con suficiente fuerza: la inversión en educación superior pública no es un acto de generosidad estatal, es una decisión de política económica con retornos medibles.

La respuesta suele reducirse a cifras de matrícula o de empleabilidad. Pero la evidencia dice algo más profundo. Según datos del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la región cuenta hoy con una de las coberturas de educación superior más amplias de su historia, resultado directo de décadas de inversión estatal sostenida, un logro que rara vez se reconoce como lo que efectivamente es: capital social acumulado.

La universidad pública: motor de movilidad social

El análisis presentado en la sesión plenaria, elaborado con datos abiertos del Banco Mundial para 21 países iberoamericanos entre 2000 y 2023, mostró que cada punto porcentual adicional del PIB destinado a educación se asocia, entre cinco y siete años después, con una reducción de entre 0,75 y 0,79 puntos en el índice de Gini; es decir, con una sociedad menos desigual. El hallazgo coincide con lo que ha documentado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): la educación sigue siendo uno de los instrumentos más eficaces de movilidad social intergeneracional en la región. En la misma línea, estudios económicos internacionales de referencia, como el de los economistas George Psacharopoulos y Harry Patrinos, confirman que la tasa de retorno de la educación superior, tanto privada como social, continúa entre las más altas de cualquier inversión pública, del orden del 16 % al 17 % anual.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llega a una conclusión semejante en su más reciente estudio sobre movilidad social en la región: la educación, y en particular la superior, sigue siendo el gran ecualizador cuando los sistemas la sostienen con financiamiento adecuado y progresivo; esa conclusión cobra sentido cuando se observa la realidad institucional.

En México, por ejemplo, el investigador Roberto Rodríguez Gómez, del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, ha documentado cómo el presupuesto educativo federal ronda hoy niveles insuficientes frente a las metas de desarrollo del sistema. Cifras similares aparecen, con distintos matices, en otros países de la región.

Una autonomía que nació para durar

No es casual que este debate se diera en Argentina. Hace más de un siglo, en junio de 1918, la Federación Universitaria de Córdoba proclamó ante el continente una idea que sigue vigente:

«Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.»
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, Córdoba, 1918.

El Manifiesto Liminar no defendía únicamente el autogobierno universitario: defendía la idea de que una universidad capaz de transformar las conciencias de un pueblo merece la confianza, y los recursos, para seguir haciéndolo. Esa convicción se tradujo, con el tiempo, en el sistema de universidades públicas más extenso y diverso de la región, uno que hoy forma a millones de profesionales, sostiene miles de proyectos de investigación y produce conocimiento aplicado en salud, ambiente, agroindustria y política pública, entre muchas otras áreas.

El costo de mirar para otro lado

Sostener ese legado exige presupuestos que crezcan al ritmo de la matrícula, la inflación y la complejidad de los problemas que las universidades están llamadas a resolver. El análisis comparado presentado ante el Conidece documentó que no todas las universidades públicas iberoamericanas atraviesan hoy el mismo momento: algunas mantienen su participación presupuestaria relativamente estable gracias a mandatos constitucionales sólidos, mientras que otras enfrentan presiones fiscales crecientes, procesos de redistribución de fondos entre instituciones hermanas o ajustes que, casi siempre, se justifican con el lenguaje de la austeridad y la eficiencia. La pregunta que cada país debería hacerse no es si puede permitirse financiar su universidad pública, sino si puede permitirse no hacerlo.

Una reflexión final

Cuando los gobiernos reducen el presupuesto de las universidades públicas, no eliminan un gasto improductivo: cancelan contratos con el futuro. Cancelan la posibilidad de que la hija de un trabajador informal llegue a ser ingeniera, economista o científica. Cancelan el laboratorio donde se desarrolla la vacuna, el modelo que ilumina la política pública, el debate que sostiene la democracia.

Las facultades de Ciencias Económicas del espacio iberoamericano coinciden en que el presupuesto es política: cada recurso que se destina, o se retira, de una universidad pública revela la visión de país que se quiere construir, pero esa exigencia corre en ambas direcciones.

Ciento ocho años después de Córdoba, la autonomía que las universidades reclamaron sigue teniendo, como contraparte natural, la rendición de cuentas. Solo una universidad pública que audita su gestión, transparenta sus resultados y demuestra con evidencia el valor público que produce puede exigir, con autoridad intacta, el presupuesto que necesita para seguir transformando el futuro.