La UCR reforma la gestión de sus espacios para fortalecer la seguridad con perspectiva de género y derechos humanos
El objetivo de esta iniciativa es garantizar que el derecho a la educación superior también implique el derecho de todas las personas a habitar los espacios universitarios en condiciones de igualdad, libertad y seguridad.
Los campus y pasillos de la Universidad de Costa Rica (UCR) están a punto de experimentar una transformación profunda que va más allá de lo reglamentario. El Consejo Universitario aprobó una reforma que redefine la gestión de los espacios institucionales con el propósito de garantizar condiciones de acceso, circulación y permanencia libres de violencia, hostigamiento, exclusión y restricciones arbitrarias.
El acuerdo incorpora un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en las políticas de seguridad e infraestructura de esta casa de estudios al reconocer que las mujeres y otros sectores históricamente vulnerabilizados experimentan de manera diferenciada el uso de los espacios universitarios y enfrentan mayores riesgos de violencia e inseguridad.
La reforma establece que los campus, edificios, plazas, jardines, fincas experimentales y demás sitios de la UCR no solo constituyen infraestructura física, sino escenarios donde se desarrollan las funciones académicas, científicas, culturales, sociales y democráticas de una universidad pública. En consecuencia, su gestión deberá garantizar condiciones que favorezcan la convivencia, la participación y el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas.
Plan de infraestructura
Como parte de las medidas aprobadas, el Órgano Colegiado instruyó a la Administración para que, en un plazo máximo de seis meses, diseñe e implemente un plan integral de intervención en la infraestructura física de todas las sedes, recintos y fincas experimentales.
El proyecto deberá incorporar criterios de seguridad con perspectiva de género, mediante acciones como el mejoramiento de la iluminación en zonas consideradas de riesgo, la eliminación de puntos ciegos que dificulten la visibilidad y la creación de rutas seguras para el desplazamiento y permanencia dentro de los campus.
Nuevo enfoque para la seguridad universitaria
Más allá de las mejoras físicas, la reforma también plantea un cambio en la concepción de la seguridad institucional. El acuerdo señala que las políticas de seguridad deben orientarse a construir condiciones materiales, normativas y organizativas que permitan una permanencia libre de violencia y hostigamiento, al priorizar la prevención, el acompañamiento y la atención de situaciones de riesgo sobre las medidas de control restrictivas.
En ese sentido, el Sistema de seguridad institucional deberá actuar como un mecanismo de protección de derechos y no como un instrumento de vigilancia o restricción de las libertades universitarias.
Los protocolos aplicados deberán incorporar de manera obligatoria criterios de igualdad, no discriminación, derechos humanos y perspectiva de género, además de considerar factores como la condición étnico-racial, la orientación sexual, la condición socioeconómica y otras situaciones que puedan generar vulnerabilidad.
Para dar sustento jurídico a estas disposiciones, el Consejo Universitario solicitó la modificación de los artículos 3, 4, 7 y 8 del Reglamento del sistema de seguridad institucional.
La reforma también contempla el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la denuncia, atención y seguimiento de casos de acoso y violencia ocurridos en los espacios universitarios.
Como parte de las acciones de rendición de cuentas, la Administración deberá presentar cada año un informe ante el Consejo Universitario sobre los avances en la implementación de las medidas aprobadas, el cumplimiento de las obras de infraestructura, la aplicación de los nuevos protocolos y las acciones correctivas adoptadas.
