M. Sc. Harold Villegas Román y  M. Sc. Enos Brown Richards

Dentro del contexto evolutivo del proceso de reconstrucción estatal, se postula que para garantizar tanto los derechos de sus ciudadanos como su competitividad en el contexto internacional, el principal reto para el Estado latinoamericano radica en la necesidad de armonizar las tendencias mundiales, derivadas de la globalización, con las especificidades y particularidades propias de cada región, (De la Garza, Yllan y Barredo, 2018). Este proceso de reconstrucción, en lugar de restringirse a políticas destinadas a la disminución del aparato estatal, dirige las estrategias para abordar los desafíos que plantea la emergente sociedad post-industrialista en la que nos encontramos. (CLAD, 1999).

A principios de la década de los 90 hubo una tendencia en América Latina, caracterizada por grandes movilizaciones sociales que introdujeron temas novedosos en las agendas estatales para atender las demandas de población migrante, de las mujeres, la población afrodescendiente y las comunidades indígenas. Como resultado de este movimiento, se han realizado en las últimas décadas significativos esfuerzos para el diseño y desarrollo de proyectos, planes y políticas dirigidas a poblaciones vulnerabilizadas (Castillo y Guido, 2015). Estos esfuerzos fueron ratificados por regulaciones y acuerdos internacionales, principalmente impulsados por la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001).

La movilidad de las personas en América Latina y el Caribe ha provocado importantes transformaciones, no solo en los patrones sociales y culturales sino también en el plano político y económico de los países latinoamericanos. En esta dinámica contextual, el manejo del público se ve enfrentado a retos difíciles, sobre todo en lo que respecta a la implementación eficaz de los derechos ciudadanos de los trabajadores migrantes y al poder del Estado para responder a sociedades cada vez más multiculturales.

Desde el punto de vista clásico de T. H. Marshall (1950), los derechos sociales, políticos y civiles componen la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía ha sido históricamente fragmentada y desigual en América Latina, sobre todo para las poblaciones que son racializadas, migrantes y trabajadoras con condiciones laborales precarias. Guillermo O'Donnell (2002; 2010) aborda esta conversación más a fondo al indicar que numerosas democracias en América Latina tienen carencias de ciudadanía sustantiva, lo cual significa que hay contextos en los que los derechos están presentes de manera formal, sin embargo, no se ejercen completamente por causa de la desigualdad social, el debilitamiento institucional y la exclusión estructural.

Así las cosas, la teoría de la ciudadanía multicultural (Will Kymlicka, 1995) ofrece un enfoque fundamental para comprender los desafíos actuales de la administración pública. En este contexto, la diversidad cultural no representa un peligro para la democracia, sino un componente que demanda repensar las instituciones públicas desde los principios de justicia social, reconocimiento e inclusión.

En este marco, una estrategia eficaz para enfrentar estos retos es incorporar el enfoque de inteligencia cultural en la gestión pública. La inteligencia cultural (Ang y Earley, 2003), es la habilidad de entender, interpretar y comportarse de manera efectiva en contextos de diversidad cultural. Cuando se aplica a la gestión pública, representa construir capacidades institucionales para impulsar políticas públicas que consideren las inequidades migratorias, de lenguaje, étnicas, en fin, culturales, particularmente en zonas con una movilidad humana y diversidad cultural significativa.

La nueva Administración pública debe ser simbólicamente inclusiva, para abrir la oportunidad a democratizar el aparato estatal y desarrollar capacidades interculturales en las instituciones públicas. Esto también contribuye a optimizar la administración de políticas migratorias, programas sociales, servicios públicos y procedimientos de atención territorial. La articulación entre el liderazgo cultural en el sector público representa un proyecto estratégico para consolidar democracias más inclusivas en América Latina. La calidad de las democracias dependerá no solo de la institucionalidad formal, sino que está relacionada con la habilidad del Estado de asegurar igualdad sustantiva, y acceso real a derechos para poblaciones históricamente marginadas y sin reconocimiento cultural.