Ing. Carlos Granados Hernández. Oficina de Planificación Universitaria

En reconocimiento del valor público creado por las instituciones de educación y con la intención de preservar la educación superior universitaria estatal como un bien público, la Constitución Política, en su Título VII, dedicado a La Educación y La Cultura, consagró que el Estado dota de financiamiento a todo el sistema de educación estatal, desde preescolar hasta la educación superior.

De esta visión se desprende el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual, según lo establecido en el artículo 85 constitucional, debe mantenerse, no se puede abolir y tampoco se puede disminuir. Sin duda, una visión de Estadistas mediante la cual se separa, de la politización, una necesidad permanente del país: la educación universitaria pública de calidad.

En virtud de esto, las universidades públicas planifican, organizan, desarrollan y evalúan su quehacer académico para dar a la sociedad respuestas a problemas complejos y contribuir desde su quehacer al desarrollo y la transformación que el país necesita para hacer frente a los desafíos de hoy y del futuro, resguardando de paso, la memoria histórica nacional.

El cumplimiento de este mandato constitucional le ha permitido a la Universidad de Costa Rica tener un equilibrio estratégico entre su visión de desarrollo, sus aportes a la cultura, al humanismo, a la democracia y al bienestar común de la sociedad costarricense y la sostenibilidad de los distintos mecanismos que, desde su creación, le han permitido responder al llamado a contribuir en la mejora constante del país mediante la docencia, la investigación, la acción social y el apoyo a la vida estudiantil.

Este equilibrio estratégico va acompañado del FEES que se le asigna a la UCR, institución que ha actuado con responsabilidad financiera en respuesta a la disminución de su participación en este fondo. En 2021 la UCR recibió 54,54 % del total de estos recursos y en 2025 recibió el 50,13 %; no obstante, ante esta situación la UCR fue capaz de mantener su matrícula de estudiantes de pregrado y grado en 43 700 estudiantes (2 883 más que en 2021).

Además, en este mismo periodo logró aumentar la cobertura de personas con beca socioeconómica en más de un 3 %, lo cual se traduce en 24 775 personas becadas en el último año, gracias a un aumento de más de 30 % en el presupuesto dedicado a este rubro, representando la mayor inversión hecha por esta universidad al destinar más de ₡39 755,51 millones a la atención de estas becas (casi un 14 % del FEES recibido).

Asimismo, ha mantenido estable el desarrollo de la investigación y la acción social al invertir en 2025 más del 17 % del FEES recibido (aproximadamente ₡50 831,31 millones), lo cual le ha permitido posicionarse como la institución pública que más investigación realiza en el país, aspecto que promueve no solo el desarrollo de nuevos conocimientos, sino también, su aplicación para dar respuesta a problemas complejos de sectores sociales y productivos. Este logro, también lo capitalizan instituciones públicas y, por supuesto, del Gobierno central como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Caja Costarricense de Seguro Social, entre muchas otras.

Todo lo anterior no es por holgura presupuestaria, es gracias a la capacidad de adaptación, la responsabilidad financiera y la planificación institucional, que pone en el centro de todas las acciones desarrolladas por la Universidad a las personas que se benefician directa e indirectamente con su quehacer. Durante décadas, el país ha invertido en su crecimiento y desarrollo por medio de la Universidad de Costa Rica para generar estas capacidades, las cuales son transferidas año a año a instituciones públicas, sector productivo y sociedad costarricense por medio de diferentes resultados.

Para ejemplificar algunas de estas capacidades transferidas, se puede mencionar la labor que realiza el Instituto Clodomiro Picado al generar antivenenos para la atención de personas trabajadoras del agro en zonas rurales remotas que han sido mordidas por serpientes, fortaleciendo el sistema sanitario nacional, beneficiando a pacientes de la CCSS y, además, alrededor del mundo gracias a la exportación de estos sueros a América Latina y África, así como gracias a la investigación y capacitación dirigidas a fortalecer las capacidades del personal médico en esta materia.

Además, en materia de salud, el Ciclotrón UCR por medio de la producción de radiofármacos para diagnóstico asegura una atención pertinente a pacientes con cáncer y en materia de prevención, así como la formación de talento especializado y la transferencia de conocimiento al personal médico del país, lo cual contribuye directamente con la mejora del sistema hospitalario y la robustez de la infraestructura científica y tecnológica en este ámbito.

También, desde el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, mediante el monitoreo y análisis de contaminantes en agua, suelo y aire, se generan beneficios directos a comunidades y a instituciones regulatorias como los Ministerios de Salud, y de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

En cuanto a la seguridad alimentaria, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos desarrolla investigación aplicada e innovación de alimentos, la cual es transferida a Mipymes del sector agroindustrial para la incorporación al mercado nacional y exportador de alimentos funcionales, colaborando directamente con emprendimientos y la mejora de la oferta de alimentos para el consumo nacional.

En esta misma área, el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas, con sus investigaciones en campos como poscosecha, contribuye con los productores agrícolas y consumidores, transfiriendo resultados que reducen pérdidas y mitigan riesgos alimentarios.

En cuanto a la educación, el Instituto de Investigaciones en Educación crea valor público mediante proyectos que buscan la mejora del sistema educativo nacional mediante la capacitación constante —como resultados de estas investigaciones— a docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP),  y esto provoca mejoras en la calidad educativa, la inclusión y la formación docente. Asimismo, este Instituto tiene incidencia en la formulación y evaluación de políticas públicas de educación.

Esta lista de contribuciones y transferencia de capacidades, producto de la labor de la UCR, puede extenderse a los más de 60 centros e institutos de investigación que conforman el ecosistema de generación y transferencia de conocimiento de la institución, configurándose en un sistema vinculado directamente con la transformación de la sociedad, gracias a la contribución orientada a la mejora de bienes y servicios, la innovación productiva y el bienestar social; todo esto enmarcado en la visión que ha guiado el quehacer de la Universidad de Costa Rica desde su fundación.

Entonces, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿quién puede, en un plazo inmediato, sustituir o reponer el valor público creado por la UCR si su presupuesto se ve recortado?, o dicho de otra manera ¿por qué se pasa por alto que una redistribución presupuestaria genera una reforma estructural y funcional crítica en todo el sistema de educación estatal?

Porque para asumir esa decisión se debe entender que la UCR tiene 85 años construyendo capacidades, desarrollando la infraestructura física y tecnológica necesaria para su transferencia a una gran diversidad de beneficiarios, formando personas que se dedican a la docencia, la investigación y la acción social, creando conocimiento para ofrecer la mayor variedad de carreras con una visión humanista e integradora de todas las áreas del conocimiento y formando la mayor cantidad de profesionales que se incorporan al mercado laboral en áreas clave para el desarrollo del país, con inserción territorial y social que le ha permitido estar presente en todas las regiones para apoyar a las poblaciones vulnerabilizadas, promover acciones para el desarrollo económico y para impulsar a los sectores fundamentales para el bienestar de la población.

En consecuencia, pensar que la redistribución del FEES a costa de la sostenibilidad de la UCR beneficia el crecimiento de las otras universidades estatales es una falacia. Esta tesis, que parece válida en el vox populi, no reconoce la complejidad de la Administración Pública costarricense. Cercenar la proporción del FEES de la UCR no solo atenta contra su capacidad instalada y de gestión al pretenderse recortar su presupuesto y, en la dirección contraria, aumentar el presupuesto de las otras universidades, sin contar que la capacidad de ejecución presupuestaria, de la mano con la necesidad de desarrollo de nuevas capacidades en el plazo inmediato, las va a llevar a superávits por no poder ejecutar sus recursos en el periodo fiscal.

Esta falacia de la redistribución es, por si sola, una contradicción al buen Gobierno Institucional y una irresponsabilidad al plantearse sin un plan y una visión de futuro que, más bien, permita que las otras universidades puedan crecer incrementando el FEES, manteniendo la integridad del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal y el entramado de particularidades históricas con las cuales nació cada una de las universidades públicas y, que en lugar de competir, deben aliarse para continuar creando valor público desde acciones sistémicas y coordinadas potenciando sus capacidades como un todo sin atentar unas contra otras.

Constitucionalmente, el FEES de la UCR debe mantener, como mínimo, su base; estratégicamente debe ajustarse para asegurar que el país siga contando con uno de sus pilares del desarrollo y la movilidad social; responsablemente, debe asegurar que la institución mantenga y logre desarrollar su capacidad instalada para seguir contribuyendo con el desarrollo del país haciendo frente a escenarios complejos y disruptivos al democratizar la cultura y el conocimiento.

El financiamiento de la UCR y del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal, como un todo, no debe abordarse solo como un tema de finanzas, debe abordarse con responsabilidad, con visión de futuro y pensando en la ruta que necesita recorrer Costa Rica por y para el bienestar común de la sociedad.