¿Avance eléctrico? Ingenieros dudan que el actual proyecto de Ley de Armonización pueda lograrlo

Sí. Costa Rica sí necesita modernizar su sistema eléctrico para responder a los desafíos futuros del sector, pero no de la forma en cómo lo propone el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente N. 23 414) aprobado en primer debate y, por el momento, desconvocado de la Asamblea Legislativa.

Así lo hicieron ver Fernando Lizana Moreno, miembro del Observatorio Latinoamericano de Transformación Energética; Víctor Vega Garita, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica (UCR); Salvador López Alfaro, exdirector del Centro de Control de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); y Gonzalo Mora Jiménez, especialista en modelado, simulación, mercados eléctricos y profesor universitario del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Ellos participaron del conversatorio “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Análisis, Impactos y Perspectivas para Costa Rica”, efectuado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR.

De acuerdo con el Ing. Fernando Lizana, Costa Rica ha destacado a nivel internacional por contar con uno de los pocos sistemas eléctricos que generan más del 90 % de su electricidad a partir de fuentes renovables.

Con la nueva propuesta, esto no solo podría cambiar significativamente, sino que también se correría el riesgo de trasladar al mercado decisiones estratégicas sobre el desarrollo de la matriz eléctrica nacional. Esto, según el experto, podría comprometer la estabilidad del sistema y generar mayores costos para las personas usuarias.

“Este proyecto no le conviene al país, porque el resultado de cuál va a ser nuestra matriz eléctrica dependerá de las decisiones de inversión de las empresas que quieran ingresar al negocio de generación. Lo que ha provocado esto en el resto del mundo es que los sistemas eléctricos se saturen de electricidad renovable variable, que es muy inestable”, apuntó Lizana.

¿La consecuencia de esa inestabilidad? Que los sistemas eléctricos pierdan confiabilidad, lo que llevaría a apagones y a la necesidad de tener infraestructura de respaldo de alto costo. Un ejemplo es España.

El caso español

Lizana comentó que, debido a la saturación de energía solar, el sistema español actualmente tiene cerca de un 355 % de infraestructura adicional de baterías y gas natural —sobreinstalación—.

La única función de esa sobreinstalación es respaldar la producción de energía solar. El problema es que, al final, el sobrecosto lo termina pagando las personas usuarias.

“Pueden darse apagones por las grandes fluctuaciones de la energía solar y eólica. También pueden darse sobrecostos, porque hay que invertir en nueva infraestructura para darle confiabilidad al sistema de nuevo con baterías o con gas natural. Estas suelen ser muy caras porque solo se usan para estabilizar la red eléctrica”, advirtió Lizana.

¿Entonces? Para Lizana el panorama es muy claro: el país debe formular un proyecto muy diferente, con otras justificaciones y con otro diagnóstico. En este último punto, el Ing. Víctor Vega Garita, docente e investigador de la UCR, concuerda.

Para Vega, el proyecto es necesario y viene a modernizar algunos aspectos claves, como la participación basada en índices de precio y de costo para incorporar tecnologías más novedosas. Sin embargo, existe el riesgo de jugar con un sistema que, si bien ha tenido falencias, ha demostrado ser exitoso a lo largo del tiempo.

“Hoy, tenemos una contradicción entre un proyecto que viene a quebrar un poco lo que hay, pero que ha funcionado bien, y la intención de modernizar el sistema eléctrico nacional mediante una iniciativa que todavía genera gran incertidumbre sobre sus resultados”, mencionó Vega.

Víctor Vega Garita sostuvo que la planificación energética del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido insuficiente para anticipar tendencias como la generación distribuida, la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía.

Para Vega, estas tecnologías fueron incorporadas tardíamente en los planes de expansión, lo que ha limitado el aprovechamiento de nuevas oportunidades para el país.

También cuestionó las barreras que han frenado el crecimiento de la energía solar distribuida en Costa Rica.

¿Habría un aumento en las tarifas?

Sí, es una posibilidad. Como lo dijo Lizana, los sobrecostos derivados de la infraestructura necesaria para estabilizar el sistema eléctrico podrían terminar reflejándose en las tarifas de las personas usuarias, y esto no es todo.

Los ingenieros advierten que si la generación eléctrica dejara de ser un servicio público —como en algunos casos se podría interpretar en el proyecto de ley— estaría en riesgo de desaparecer los mecanismos que hoy ayudan a reducir las tarifas en Costa Rica, como el costo variable.

El costo variable le devuelve a la población parte de los ingresos obtenidos por la venta de electricidad en el mercado centroamericano, lo que contribuye a reducir el monto que las y los costarricenses pagan por el servicio. Para prevenir sobrecostos es vital tener un reglamento claro, indican los expertos.

“Como no conocemos el reglamento, puede que sí tengamos un aumento en las tarifas. Actualmente, esto es un gallo tapado. Sin la reglamentación, no sabemos cómo va a quedar”, señaló el Ing. Gonzalo Mora Jiménez, especialista de modelado y simulación de sistemas de potencia del ICE.

“El proyecto actual son 38 páginas de solo términos, pero no está la letra menuda de cómo se va a implementar. La variación de las tarifas va a depender de la implementación de la ley y del trabajo que haga el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)”, agregó Gonzalo.

Víctor Vega opina algo similar. Para él, no hay tantas posibilidades de que bajen las tarifas. Lo más probable es que se mantengan igual o aumenten un poco. Por su parte, el Ing. Salvador López, exdirector del Centro Nacional de Control de Energía del ICE, apunta hacia una reflexión un poco más distinta.

Para López, más que estar pensando si aumentan o no las tarifas, el país debería dejar las especulaciones y enfocarse en que Costa Rica tenga la capacidad de afrontar los retos planteados para el futuro.

En los últimos años, afirmó López, Costa Rica ha enfrentado una realidad muy distinta que exige respuestas más ágiles, a raíz de los avances tecnológicos, la incorporación de nuevos actores al mercado energético, la necesidad de mayor flexibilidad en las inversiones y los desafíos asociados al cambio climático. Las estructuras tradicionales costarricenses hoy resultan insuficientes.

López aseguró que las posibilidades de desarrollar grandes proyectos hidroeléctricos son cada vez más limitadas, por lo que Costa Rica debe impulsar otras fuentes de generación renovable que resulten más accesibles para inversionistas y desarrolladores privados. Lo anterior, por supuesto, sin que las instituciones nacionales corran riesgo.

“En lo que nos debemos centrar es en analizar si este proyecto logra incorporar una mayor generación de energía renovable y qué tanto las inversiones privadas puedan hacer el almacenamiento en generación solar, por ejemplo. También saber que, si las distribuidoras no pueden o a las empresas eléctricas el ICE no pueden hacer ese almacenamiento, entonces que haya más actores que puedan incorporarse dentro de esto”, acotó López.

Salvador López Alfaro señaló que la planificación del sector ha estado cada vez más influenciada por decisiones políticas y menos por criterios técnicos.

Además, afirmó que el país ya alcanzó una frontera hidroeléctrica, en la cual resulta cada vez más difícil desarrollar grandes proyectos. Por lo tanto, es necesario incorporar nuevos actores y tecnologías para enfrentar los retos de la transición energética y del cambio climático.

¿Podríamos perder al ICE?

No. Los ingenieros aclaran que el proyecto no implica la desaparición del ICE como institución, pero sí disminuirían sus competencias en cuanto a la planificación y operación del sistema eléctrico nacional.

“El ICE va a seguir existiendo, pero ya no sería tan relevante como lo es hoy, porque el mercado se encargaría de decidir cuántas plantas eléctricas se instalan para producir energía solar, eólica, etc”, agregó Lizana.

Gonzalo Mora comparte la misma línea. Él considera que el ICE no desaparecería con la aprobación del proyecto. Por el contrario, la institución podría liberarse de algunas cargas operativas asociadas a servicios auxiliares del sistema eléctrico, lo que le permitiría operar con menos responsabilidades y costos en determinadas áreas.

La incertidumbre, apunta nuevamente Víctor Garita, es cómo funcionan esos cambios y sus efectos en un modelo que ha sido exitoso para el país a pesar de sus limitaciones.

Fernando Lizana y Gonzalo Mora coincidieron en defender la experiencia técnica acumulada por el ICE en la planificación y operación del sistema eléctrico nacional.

Lizana sostuvo que la institución mantiene la capacidad técnica y financiera para atender el crecimiento futuro de la demanda, mientras que Mora expresó preocupación por trasladar funciones estratégicas a entidades que aún no cuentan con ese conocimiento especializado.

Además, este último señaló que el ICE ha asumido históricamente servicios auxiliares esenciales para la estabilidad de la red sin que esos costos sean plenamente reconocidos.

¿Y ahora?

El proyecto es necesario, pero hace falta incorporar mejoras importantes. Entre ellas está fortalecer los mecanismos de planificación del sistema eléctrico, garantizar la universalidad del servicio, reducir la influencia política en la toma de decisiones mediante un Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) técnico e independiente.

Asimismo, se requiere promover una mayor independencia del sector eléctrico respecto al Poder Ejecutivo, aclarar aspectos regulatorios y de supervisión del mercado, así como corregir vacíos y contradicciones presentes en la redacción actual de la iniciativa. Por ejemplo, lo relacionado con la definición de servicio público.

El artículo 7 del proyecto establece una definición específica de lo que se entiende por “servicio público”, pero en otras partes del texto se mencionan servicios de interés general o conceptos similares. Esto podría generar interpretaciones distintas y conflictos durante la aplicación de la ley.

Además, advirtieron sobre la importancia de proteger beneficios existentes para la población y asegurar que cualquier transformación del modelo eléctrico preserve la seguridad, confiabilidad y sostenibilidad que han caracterizado al sistema costarricense.

“Lo ideal sería que se pudieran hacer algunas mejoras al proyecto mediante un proceso de negociación dentro del país. Se han realizado avances importantes durante los cuatro años que la iniciativa ha permanecido en discusión legislativa. Ahora, el reto es corregir sus debilidades y construir consensos que permitan modernizar el sector eléctrico sin poner en riesgo las fortalezas del modelo actual”, concluyó Salvador López.