El Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente N.° 23.414, se encuentra en la etapa crucial de su trámite legislativo.

La consulta obligatoria a instituciones públicas vence el lunes 25 de mayo de 2026. A partir del martes 26, el proyecto podría entrar directamente a debate y votación en el Plenario Legislativo. Si no se abren instancias de revisión, el segundo debate podría realizarse entre el 28 de mayo y el 1.° de junio de 2026, cerrando prácticamente toda posibilidad de modificación. 

¿Qué propone realmente este proyecto?

Aunque su nombre evoca una simple actualización normativa, especialistas de esta Facultad advirtieron desde 2023 (Dictamen FCS-15-2023 y FCS-34-2023) que el proyecto implica una transformación estructural del sistema eléctrico costarricense. A continuación se detallan sus ejes principales.

Desmantelamiento del ICE como ente rector: el proyecto separa el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) —el cerebro operativo del sistema eléctrico— del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para trasladarlo a una nueva entidad con participación privada y adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). El propio director del Cence alertó en la Asamblea Legislativa que eso sería "como quitarle la cabeza al cuerpo" del sistema eléctrico nacional. 

A esto se suma el desmantelamiento, durante la administración Chaves, de la Secretaría de Planificación Estratégica del Sector Energía (Sepse), dependencia del Viceministerio del Minae responsable de las estadísticas sectoriales, el análisis prospectivo y el Plan Nacional de Energía durante más de 50 años. 

Sin la Sepse no existe una visión de conjunto del sector, ni del consumo de combustibles y, por ende, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Ahora se pretende reconstruir una función similar desde el Cence, pero con un sesgo orientado hacia la privatización del sistema.

Apertura al mercado privado: se crean mecanismos de subasta y competencia entre operadores privados y públicos en igualdad de condiciones. La experiencia internacional muestra que estos esquemas tienden a encarecer las tarifas, concentrar el poder en pocas empresas y debilitar el control público sobre servicios esenciales.

Cabe recordar que Costa Rica no tiene un mercado eléctrico nacional donde pueda darse la libre competencia entre operadores, porque el ICE controla el 73 % de la generación eléctrica del país. El 27 % restante se divide entre generadores privados (15 %), cooperativas de electrificación rural (como Coopeguanacaste o Coopesantos) y empresas municipales (como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) en un 12 %.

Además, la iniciativa elimina límites establecidos por la Ley 7 200 a la generación privada (con la derogación de esta ley), para favorecer una expansión del mercado eléctrico que podría desplazar, progresivamente, al ICE, las cooperativas y las empresas municipales. Un duro golpe.

Exportación privada de electricidad: se incentivan proyectos orientados al mercado externo, lo que puede aumentar la presión sobre ríos y comunidades rurales sin garantizar beneficios para la población costarricense.

Consecuencias concretas para la vida cotidiana: esta discusión no es técnica ni abstracta, pues afecta directamente el costo de la vida, la estabilidad de los servicios y los derechos de la población.

Tarifas eléctricas más altas para hogares, comercios y sectores productivos, con mayor impacto en las familias de menores ingresos, que perderían las protecciones del modelo solidario actual.

Mayor riesgo de apagones y fallas del servicio, al fragmentar el control centralizado que hoy garantiza la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico.

Pérdida del principio de universalidad: el sistema público actual asegura acceso equitativo a la electricidad. Un modelo de mercado prioriza la rentabilidad sobre el bienestar colectivo.

Conflictos socioambientales en territorios rurales por nuevos proyectos hidroeléctricos privados orientados a la exportación, sin garantías para las comunidades afectadas.

Menor capacidad de respuesta ante emergencias: el ICE ha sido pilar de la resiliencia nacional frente a desastres. Debilitarlo reduce la capacidad del país de enfrentar crisis energéticas y catástrofes naturales, más aún en un contexto de cambio climático.

Proceso de canibalización de lo público: donde los grandes consumidores eléctricos y actores privados obtienen mayores beneficios a costa del debilitamiento del modelo solidario y público de electricidad construido históricamente en Costa Rica.

Nuestra posición y llamado a la acción

Costa Rica necesita modernizar tanto el sistema energético como su normativa energética, pero esa modernización debe fortalecer el modelo público que ha democratizado el acceso a la electricidad, no desmantelarlo. Esta no es una discusión técnica: es una disputa sobre quién controla un servicio estratégico y bajo qué lógica, la del bienestar colectivo o la de la rentabilidad privada.

En cumplimiento de nuestro compromiso con el bien público, la Facultad de Ciencias Sociales exhorta a las señoras y señores diputados a rechazar una aprobación acelerada de este proyecto y a habilitar los mecanismos reglamentarios para devolverlo a comisión, donde pueda recibir el análisis que su trascendencia exige.

Este llamado es coherente con los acuerdos firmes adoptados por el Consejo Universitario de la UCR en la sesión N.º 6706 del 8 de junio de 2023 (artículo 10) y la sesión N.º 6809 del 6 de junio de 2024 (artículo 5), en el que se recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto base de este proyecto, considerando las observaciones técnicas y académicas de varias unidades de la Universidad (https://www.cu.ucr.ac.cr)

Asimismo, instamos urgentemente a la comunidad universitaria, a las organizaciones sociales, sindicatos, movimientos ambientalistas y comunidades a articularse en torno a esta causa y a exigir una discusión más amplia e inclusiva.