Jorge Umaña Cubillo, docente de la Escuela de Administración Pública, UCR.

En medio del debate nacional sobre inteligencia artificial (IA) conviene hacer una afirmación clara: Costa Rica no necesita regular el proceso de desarrollo de la IA, necesita regular los riesgos que su uso puede generar. Confundir ambas cosas puede llevarnos a diseñar marcos rígidos que frenen la innovación sin necesariamente proteger mejor los derechos de las personas.

Costa Rica no es un país rezagado en materia digital. Políticas como la Estrategia de Transformación Digital, la agenda de Gobierno Digital, la adhesión a principios de la Carta de Datos Abiertos, la legislación en protección de datos personales (Ley N.° 8 968) y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2024-2027, configuran un ecosistema normativo y político que establece principios claros: legalidad, transparencia, rendición de cuentas, protección de derechos fundamentales e innovación responsable.

Partir de la premisa de que la IA requiere una regulación completamente nueva y exhaustiva sobre su proceso técnico (modelos, algoritmos, arquitecturas) implica ignorar que el derecho costarricense ya regula los efectos de las decisiones públicas, sean humanas o automatizadas. Lo que el ordenamiento jurídico exige no es que se prohíba el uso de tecnología, sino que cualquier decisión que afecte derechos sea motivada, proporcional, razonable y sujeta a control.

El verdadero riesgo no es el algoritmo en sí mismo. El riesgo es la opacidad, el sesgo discriminatorio, el uso indebido de datos personales, la ausencia de mecanismos de revisión humana o la falta de rendición de cuentas. Es ahí donde debe concentrarse el esfuerzo regulatorio de nuestro país.

La ENIA reconoce que Costa Rica enfrenta el desafío estratégico de impulsar la adopción ética, responsable y orientada al bienestar público de la inteligencia artificial, con el fin de fortalecer la competitividad del país, mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta del Estado, y generar valor social mediante el uso inteligente de los datos y las tecnologías emergentes. En este marco, se plantea la necesidad de promover ecosistemas de innovación que permitan experimentar, aprender y desarrollar soluciones tecnológicas que respondan a los problemas públicos y resguarden los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, alcanzar este equilibrio requiere un enfoque regulatorio cuidadosamente diseñado. Si paralelamente se optara por establecer una regulación excesivamente procedimental, basada en requisitos rígidos, autorizaciones previas o cargas administrativas desproporcionadas para el desarrollo, prueba y despliegue de soluciones basadas en inteligencia artificial, se correría el riesgo de generar un efecto contraproducente. En lugar de facilitar la innovación responsable, un marco normativo excesivamente restrictivo podría limitar la capacidad de las instituciones públicas, las universidades, las empresas tecnológicas y los emprendimientos de experimentar con nuevas herramientas, desarrollar capacidades locales y generar conocimiento aplicado.

En ese escenario, el país enviaría una señal contradictoria a su propio ecosistema de innovación: por un lado, se promueve la adopción de tecnologías avanzadas y la transformación digital del Estado; pero, por otro, se establecen barreras regulatorias que dificultan precisamente los procesos de experimentación, aprendizaje institucional y desarrollo tecnológico que permiten que esa innovación ocurra. Una regulación mal calibrada podría desincentivar la inversión en investigación aplicada, lo que podría ralentizar la adopción de soluciones tecnológicas en el sector público y reducir la competitividad del país en un contexto internacional donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en un factor clave de desarrollo económico y modernización institucional.

Por ello, el desafío no radica únicamente en regular la inteligencia artificial, sino también en diseñar marcos de gobernanza que regulen adecuadamente los riesgos, sin obstaculizar la innovación ni el aprendizaje tecnológico. Esto implica que se debe avanzar hacia enfoques regulatorios proporcionales, basados en riesgo, que permitan diferenciar entre aplicaciones de bajo, medio o alto impacto, y promoción de la experimentación controlada. Caso de ello son los espacios de prueba regulatorios o sandboxes, que fomentan simultáneamente los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y protección de derechos. Solo mediante este equilibrio será posible consolidar un ecosistema de inteligencia artificial que sea innovador, seguro y socialmente legítimo.

La experiencia internacional es clara, los enfoques regulatorios más avanzados ya no intentan controlar la tecnología en abstracto, sino clasificar y gestionar niveles de riesgo. Por ejemplo, un sistema de IA que optimiza rutas de recolección de residuos no plantea el mismo riesgo que uno que incide en la asignación de beneficios sociales o en decisiones regulatorias. Tratar ambos escenarios bajo el mismo esquema rígido sería técnicamente ineficiente y jurídicamente desproporcionado.

Costa Rica cuenta con condiciones institucionales que permiten adoptar un modelo inteligente de regulación:

• Un marco consolidado de protección de datos y privacidad.
• Una tradición de control constitucional robusto.
• Una política activa de datos abiertos y gobierno abierto, que promueve transparencia y acceso a información pública.
• Universidades públicas y centros de investigación que participan activamente en el ecosistema de innovación digital.

Regular los riesgos implica, por ejemplo:

• Exigir evaluaciones de impacto cuando la IA pueda afectar derechos fundamentales.
• Establecer obligaciones de transparencia en sistemas de alto impacto.
• Garantizar supervisión humana significativa en decisiones sensibles.
• Prohibir usos claramente incompatibles con principios democráticos.

Pero también implica permitir espacios de experimentación responsable, especialmente en contextos de bajo riesgo como análisis estadístico, mejora de procesos internos o apoyo técnico a la toma de decisiones regulatorias.

Si el país opta por regular el proceso en sí mismo, desde la exigencia de autorizaciones previas para cada desarrollo, la definición rígida de qué tecnologías pueden utilizarse o la imposición de barreras burocráticas desproporcionadas, corre el riesgo de desalentar la innovación pública, trasladar el desarrollo tecnológico fuera del país o impedir que el Estado aproveche herramientas que podrían mejorar servicios y reducir desigualdades.

La madurez digital de Costa Rica exige una conversación más sofisticada. No se trata de elegir entre regulación o laissez-faire. Se trata de regular con inteligencia, de reconocer que la IA es una herramienta potente, pero herramienta al fin, cuyo impacto depende del marco institucional en el que se inserta.

En un país que ha apostado por la transformación digital, el Gobierno abierto y la innovación pública, el camino no es bloquear el proceso tecnológico, sino asegurar que sus aplicaciones respeten derechos, fortalezcan la confianza ciudadana y generen valor público.

Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en referente regional en regulación inteligente de la IA. Pero para ello debe evitar el impulso reactivo de regular la tecnología por temor. Lo que debemos regular no es el algoritmo: son los riesgos que amenazan nuestros principios democráticos.