Keilor Rojas Jiménez, director del Consejo Universitario

Lo que enfrentamos no es un simple ajuste a los presupuestos de la educación superior pública, sino un ataque sistemático a uno de los pilares de nuestra democracia. Se trata de una dinámica internacional que busca arrebatar al pueblo su derecho fundamental a la educación y que, en el plano local, el Gobierno ejecuta con una precisión quirúrgica. El objetivo último es la privatización de la formación profesional en beneficio de determinados grupos económicos con gran poder.

La estrategia se despliega como un proceso de desgaste progresivo que combina la asfixia económica con una agresiva narrativa de deslegitimación. Se ha construido deliberadamente un relato de posverdad para que la opinión pública deje de percibir a la universidad como un “orgullo nacional” y comience a verla como un “gasto superfluo”. Se busca que el ciudadano común vea en el estudiante universitario a un enemigo y no a su propio futuro. La táctica es desprestigiar lo público para que, cuando llegue el golpe final, la sociedad no salga a defenderlo.

El estrangulamiento financiero se presenta bajo la bandera de la “responsabilidad fiscal”, que curiosamente no se aplica con el mismo rigor a otros sectores. El propósito no es cerrar la universidad abruptamente, sino volverla inoperante. La táctica consiste en congelar el presupuesto sin ajuste por inflación, erosionando su poder adquisitivo y frenando la inversión en becas, infraestructura y tecnología. Así se induce una parálisis que luego sirve para legitimar la irrupción de “soluciones privadas”. No seamos ingenuos: primero pretenden arrodillar a la Universidad de Costa Rica para que, por efecto dominó, luego caiga el resto. El objetivo es claro: convertir la educación en una mercancía accesible solo para quien pueda pagarla.

La desaparición de la universidad pública no es solo la pérdida de un aula; es la demolición del principal “ascensor social” costarricense. Sin un robusto esquema de becas, los sectores rurales enfrentarán barreras infranqueables que van a profundizar una segregación alarmante. Los elevados costos de la educación privada obligarían a la juventud a elegir entre el rezago profesional o un endeudamiento crónico. Esta metamorfosis hacia el lucro fracturaría la cohesión nacional y convertiría la universidad en un privilegio inaccesible para las mayorías.

Asimismo, seríamos testigos de la aniquilación de nuestra soberanía científica. Debido a que la investigación básica carece de atractivo comercial inmediato, la lógica de mercado tiende a priorizar disciplinas de bajo costo operativo y retorno rápido y desplaza las áreas estratégicas que exigen infraestructuras complejas y una inversión técnica sostenida. ¿Qué futuro le espera a una nación que renuncia a investigar sus propias necesidades? Sin el rigor de la academia pública, Costa Rica perdería la facultad de decidir con base en evidencia rigurosa —una arquitectura del conocimiento que tomó décadas edificar—, por lo que quedaría vulnerable y desarmada frente a las crisis e incertidumbres del mañana.

También se vería seriamente debilitada la conciencia crítica, pilar indispensable de la estabilidad democrática costarricense. Cuando el diseño curricular se subordina a intereses corporativos, se erosiona la libertad de cátedra y se empobrece el debate plural. La oferta académica se reduce entonces a un mercado saturado de disciplinas de alta rentabilidad comercial, mientras se abandonan áreas humanísticas y científicas esenciales para el desarrollo integral. En consecuencia, la calidad educativa se degrada y, con ella, el tejido que sustenta nuestra paz social. Avanzaríamos hacia una Costa Rica de dos castas: una élite formada en centros privados costosos y una mayoría condenada a empleos precarios, sin pensamiento crítico ni capacidad de cuestionar el orden establecido.

Esta fractura social que nos acecha es el reflejo de una contradicción económica que ya no podemos ignorar. Ante este panorama, no basta con la denuncia; es imperativo proponer soluciones que nazcan de la justicia y la reciprocidad. Resulta éticamente insostenible que, mientras la educación superior pública se desangra, los sectores más dinámicos de nuestra economía —aquellos que más se nutren de nuestro talento humano— permanezcan ajenos al sostenimiento del sistema. El régimen de zonas francas opera hoy como una isla de prosperidad desconectada de las cargas que el resto del país soporta.

Estas empresas se benefician de un capital humano altamente sofisticado, formado con el dinero de todos los costarricenses. Se benefician de la paz social y del sistema de salud. Sin embargo, no contribuyen proporcionalmente a su mantenimiento. Es el régimen definitivo quien, con todas sus limitaciones, sostiene el andamiaje del Estado.

Por un elemental principio de justicia, proponemos que las empresas en régimen de zona franca realicen un aporte solidario para el fortalecimiento de la educación. Se plantean los siguientes gravámenes diferenciados para asegurar la sostenibilidad sin perder competitividad: 1) 2,5 % en renta durante el periodo de exoneración; 2) 1 % de IVA sobre compras y servicios locales; 3) 0,5 % a importaciones y exportaciones como canon de logística; y 4) 0, 25 % a las remesas sobre utilidades enviadas al exterior. No se trata de ahuyentar la inversión, sino de garantizar que el sector que cosecha los frutos del talento nacional contribuya a que ese talento no se agote.

Sin embargo, esta apelación a la justicia también nos exige coherencia interna. Como instituciones públicas debemos actuar con máxima eficiencia, honrando cada colón que el pueblo nos confía. Ello requiere una autocrítica profunda y permanente para mejorar la manera en que servimos, lo que también incluye alcanzar una mayor integración y colaboración entre todas las universidades públicas. La autonomía no es un privilegio, sino el espacio de libertad que nos debe permitir innovar, modernizar la oferta académica y ampliar oportunidades en las regiones históricamente relegadas. Comunicar con claridad el impacto real de nuestro trabajo en la vida cotidiana de las personas es indispensable para renovar el pacto de confianza con la ciudadanía.

Es hora de que el sector más próspero reconozca, por imperativo ético, su deuda con el sistema que le permite florecer. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo debe cesar su asedio contra la universidad, al comprender que silenciar el pensamiento crítico es amputar la capacidad de este país para crear un mañana distinto. La universidad pública no es un rubro contable, sino un espacio de esperanza donde el hijo del peón se convierte en ingeniero. Defenderla no es un acto de rebeldía gremial; es un deber de resistencia patriótica y un acto de amor hacia los costarricenses que aún no nacen.