Manuel Rojas Salas

Docente de la Facultad de Derecho de la UCR

Foto: Archivo OCI

En fechas recientes quienes estamos vinculados al foro e igualmente quienes no, nos hemos visto sacudidos por la noticia de que una jueza de ejecución de la pena fue agredida por una persona particular, en un evento sin precedentes en la historia del país. El hecho, de por sí, bastante representativo de la violencia existente en la sociedad costarricense (que se precia de habitar el país más feliz del mundo) adquiere dimensiones más que preocupantes por tratarse de una mujer la víctima, que además ejercía una de las funciones más importantes como lo es del control  jurisdiccional sobre el accionar del Sistema Penitenciario y sus órganos, acciones que prima facie se encuentran asignadas al Poder Ejecutivo.

Como abogado, docente y como juez jubilado, lo sucedido mueve a indignación y clarísimo repudio, desde cualquier lugar que se vea.  El artículo 154 de la Constitución Política al igual que el numeral 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan la independencia judicial como un pilar fundamental del Estado de derecho. Esto se traduce en el hecho de que el juez o la jueza, al momento de resolver un asunto llegado a su conocimiento, debe hacerlo libre de presiones y con sujeción únicamente al contenido del orden normativo. Tal postulado implica que evidentemente por tratarse de una función sumamente delicada, no se trata de lo que popularmente se conocería como un reinado de simpatía, en donde lo resuelto debe necesariamente agradar a la totalidad de personas involucradas, por lo que es usual que lo resuelto deje insatisfecho bien a una parte o a un sector de los involucrados. Precisamente porque ninguna persona Juzgadora se encuentra cubierta por el don de la infalibilidad, es que el sistema ha diseñado el sistema de recursos como una forma de combatir las resoluciones jurisdiccionales.

Sin embargo, desde hace buen tiempo, he observado con estupor que las decisiones jurisdiccionales no se combaten en estrados judiciales, sino que muchas veces se han expuesto en medios de comunicación colectiva en donde simplemente se expresaba de modo beligerante su desacuerdo, sin entrar nunca al análisis de su contenido y menos se procuraba buscar una explicación de índole jurídica por parte de alguna persona experta. De esto fueron parte múltiples personas comunicadoras, en cuenta alguna que hoy ocupa un escaño legislativo.

Aunque la crítica es aceptable y el derecho a disentir de lo dispuesto es parte de un sistema democrático, en los últimos años, he visto como lamentablemente el respeto a la autoridad judicial se ha visto mermado y erosionado a partir de un proceso iniciado por aquellas publicaciones antes referidas que de manera tendenciosa daban a entender alguna decisión torcida, con el detalle de que en el presente, los denuestos, la descalificación y las burlas vienen de parte del Ejecutivo y del primer mandatario, con la “colaboración” ( si es que tal expresión cabe) de su equipo de seguidores y seguidoras. Francamente no he encontrado ni recuerdo ningún antecedente en donde quien haya ocupado la presidencia del país haya incurrido en tanto irrespeto para con el Poder Judicial, como ha tenido lugar en el momento actual, en donde incluso se han hecho mención de nombres y apellidos de las personas Juzgadoras e incluso se ha llegado a transmitir la imagen de las personas en el contexto de mofa y disgusto por lo resuelto, lo que se traduce en un mensaje de clarísima exposición y estigmatización. Es precisamente en tal contexto en donde debe situarse la lamentable y cobarde actuación contra la Juzgadora y en donde este “discurso” tantas veces repetido, parece que llegó a calar.

Desde hace tiempo vengo advirtiendo de que aunque mucho se ha hablado de delincuencia organizada como uno de los temas de actualidad, poco o nada se ha hecho en relación con las situaciones de riesgo que viven quienes laboran en el Poder Judicial. Se trata de seres humanos con vida privada, con familias, con temores, con metas y con anhelos, como todo ser humano y en donde la mayoría de ellos y ellas realizan su labor con mística y diligencia, pero que por un tema de humanidad igualmente se van a sentir atemorizados por lo sucedido, con las posibles consecuencias negativas, sin hablar de otros factores endógenos que se suman a la sensación de temor, desánimo e impotencia, como por ejemplo la labor a ratos inquisitorial y a ratos inaceptable de la inspección judicial.

Lamento profundamente que esto haya sucedido y que se haya pasado del discurso chabacano y barato a la agresión física a la persona funcionaria. Creo que la cúpula judicial debe inmediatamente tomar las medidas necesarias y urgentes para  prevenir estos casos y procurar que la ciudadanía conozca con detalle lo que es la independencia judicial y cuáles sus efectos, como parte de las garantías que todo ser humano tiene en nuestro país. 

De igual manera debe la ciudadanía reaccionar ante lo acontecido y evidentemente ser respetuosos del debido proceso que se debe seguir en contra de quien se ha señalado como posible autor de tan deleznable y ruin hecho, con respeto a esas garantías que parece que molestaron a ciertos sectores y posiblemente al propio imputado (porque se referían a terceros, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de afrontar una posible pena de prisión),  pero a la vez debemos todos y todas proceder a rechazar la malhadada costumbre instaurada desde el Ejecutivo, de realizar demagogia y sarcasmo con alegatos que deben hacerse en estrados judiciales por parte de quienes conocen de derecho.

Mi solidaridad con la mujer jueza agredida a quien le deseo su pronta recuperación y reincorporación a sus labores. Como parece que dijo un autor en una obra conocida: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.