La igualdad de género y el respeto a los derechos de cada persona constituyen actualmente dos desafíos importantes para la institucionalidad costarricense.

Y es que existen servicios esenciales, como el agua potable y el transporte público, que inciden de manera directa en la calidad de vida, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente para las mujeres, quienes mantienen una relación cotidiana e intensiva con tales servicios.

En este contexto, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) articularon esfuerzos, en el marco de las prácticas académicas de la Escuela de Trabajo Social, para realizar una investigación orientada a identificar las brechas de género en el acceso y uso de los servicios públicos.

El objetivo principal de este esfuerzo es fortalecer la implementación de la política de igualdad de género dentro de los procesos regulatorios que gestiona dicha instancia estatal, así como brindar insumos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para el proceso de seguimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica (PIEG 2018-2030).

El estudio, titulado “Identificación de brechas de género en el acceso y uso de servicios públicos para el desarrollo de estrategias en la implementación de la política de igualdad y equidad de género en los procesos de la Aresep”, fue elaborado por las estudiantes Alisson Chévez Avilés y Melissa Retana Rodríguez, bajo la supervisión académica de la Mag. Carmen Marín González, docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCR, y del Lic. Juan Carlos Chinchilla, profesional en trabajo social y funcionario de la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) de la Aresep.

Aporte de la UCR a la institucionalidad costarricense

La Mag. Carmen Marín explicó que este trabajo se desarrolló en los cursos Gestión de Servicios Sociales I y II, correspondientes al cuarto año de la carrera de Trabajo Social, en la Sede Rodrigo Facio, y que forman parte de las prácticas académicas institucionales de dicha unidad académica.

“En estas prácticas, las personas estudiantes se incorporan en instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil para conocer sus procesos de trabajo y desarrollar conocimientos teórico‑metodológicos y técnico‑operativos, así como habilidades y actitudes que, posteriormente, les permiten desempeñarse profesionalmente”, detalló la docente.

Marín subrayó que la alianza con la Aresep, establecida desde el año 2024 mediante un convenio, responde a la necesidad de abordar el acceso a los servicios públicos desde un enfoque de derechos humanos y de justicia regulatoria, especialmente para poblaciones históricamente vulnerabilizadas, entre ellas las mujeres.

“No se trata de hacer una investigación por hacerla, sino de responder a necesidades reales de las instituciones y de las poblaciones usuarias, de manera que los resultados se conviertan en insumos para la toma de decisiones estratégicas y, en general, para la gestión de servicios públicos. Hablamos de procesos académicos con incidencia social”, afirmó Marín.

Un enfoque metodológico centrado en las experiencias de las mujeres

El estudio adoptó una dirección exploratoria y aplicada, con una perspectiva transversal, a partir de un cuestionario semiestructurado y autoadministrado, que se aplicó de forma virtual a 96 lideresas usuarias de los servicios públicos provenientes de las siete provincias del país, quienes participaron en un proceso formativo de “Liderazgo femenino y regulación” desarrollado por la DGAU.

El instrumento combinó preguntas cerradas y abiertas, lo que permitió integrar análisis cuantitativos y cualitativos sobre el acceso, uso, percepción de calidad, seguridad y participación en los procesos regulatorios, particularmente en los sectores de agua potable y transporte público en la modalidad de autobús. En este sentido, la investigación permitió identificar tendencias en las respuestas de las mujeres, así como singularidades propias de los territorios de procedencia.

Los resultados del estudio evidencian que las brechas de género en el acceso y uso de los servicios públicos no son aisladas, sino que responden a un entramado estructural que reproduce desigualdades históricas. Las mujeres enfrentan dobles jornadas, la invisibilización en los espacios de toma de decisiones (como en las Asadas) y condiciones de inseguridad que limitan su autonomía.

Principales hallazgos

Servicio de agua potable

1. La mayoría de las mujeres encuestadas recibe el servicio de agua por medio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (Asadas).
2. No obstante, persisten situaciones de acceso limitado, principalmente en zonas rurales, donde algunas mujeres dependen de pozos o fuentes no formales. Incluso existe una minoría que no cuenta con servicio regular.
3. Solo una proporción reducida de las mujeres tiene el servicio de agua a su nombre. En la mayoría de los casos, está registrado a nombre de la persona propietaria del inmueble que suele ser un hombre. Esto limita la autonomía de las mujeres en la gestión y toma de decisiones del servicio.
4. Cerca de la mitad de las participantes manifestó no conocer la tarifa vigente ni la forma en que se calcula el cobro por consumo de agua.
5. Cuando el acceso al agua es limitado o se presentan interrupciones en el servicio, son principalmente las mujeres quienes asumen la responsabilidad de recolectar, administrar y distribuir el recurso en el hogar. Esta situación incrementa la carga de trabajo no remunerado y refuerza la división sexual del trabajo doméstico.

Servicio de transporte público (modalidad: autobús)

1. El uso del transporte público en modalidad de autobús es frecuente entre las mujeres encuestadas. Una parte importante lo utiliza de manera diaria o regular.
2. Los principales motivos de uso del transporte público están relacionados con lo que se denomina “movilidad del cuido”, es decir, con la realización de mandados y compras, el desplazamiento hacia el trabajo o centros de estudio propio o de sus hijos e hijas, así como la asistencia a citas médicas y actividades recreativas.
3. La falta de cobertura o la limitada disponibilidad del servicio en sus comunidades reduce la frecuencia de uso, situación que afecta especialmente a las mujeres que residen en zonas rurales o periféricas.
4. En relación con la accesibilidad y la seguridad, poco más de la mitad de las mujeres considera que las paradas y los horarios del servicio son adecuados. Sin embargo, cerca de un 40 % de las encuestadas reporta sentirse insegura o vulnerable al utilizar el servicio de autobús, ya que han experimentado situaciones de acoso físico, intimidación por parte de otros pasajeros o choferes, así como acoso sexual en paradas de autobús.
5. Un 27 % de ellas agregó que, durante esos eventos de violencia, el personal a cargo del servicio de autobús no intervino. Las situaciones de inseguridad y acoso en el transporte público generan afectaciones en la salud física y emocional de las mujeres y sus hijos e hijas, en sus posibilidades de movilización y, en general, en su calidad de vida.

“No es lo mismo la experiencia de un hombre adulto que la de una mujer joven al utilizar el transporte público, ni es igual subirse a un autobús en distintos territorios. Todas esas diferencias inciden en cómo se perciben y se viven los servicios públicos”, indicó el Lic. Juan Carlos Chinchilla.

Además, este funcionario de la Aresep destacó que esta investigación llena un vacío de información existente y permite respaldar técnicamente la toma de decisiones regulatorias: “conocer estas realidades nos permite trasladar las decisiones en beneficio de las personas usuarias y evitar que las políticas públicas queden en el aire”, apuntó Chinchilla.

Gracias a los resultados del estudio, la Aresep ha comenzado a incorporar variables de género en sus análisis técnicos, como la participación de mujeres en juntas directivas de las Asadas, la cantidad de choferes mujeres en las empresas de transporte y la caracterización de las personas usuarias según sexo, edad y territorio. “Pasar del discurso a la acción requiere información sólida, y esta investigación nos brinda esa base”, finalizó Chinchilla.

Los aportes de este estudio también fueron expuestos por representantes de la Aresep en el III Encuentro del Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad, realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en octubre del 2025.